Gendarmería llegó este jueves al despacho del juez federal de Rosario Marcelo Bailaque y secuestró su celular, a raíz de una causa en manos de la Procelac y la PIA, por delitos tributarios, por irregularidades detectadas en expedintes narco a su cargo. Además, los efectivos tenían la orden de incautar el teléfono de su secretario letrado, Gustavo Guazzaroni.
El procedimiento también se realizó en la sede de la AFIP rosarina, en la Dirección Regional Aduanera Hidrovía y un estudio jurídico, detallaron fuentes del caso a Infobae.
El titular del Juzgado Federal N°4 de Rosario, es investigado también por la PROCUNAR, por presuntos vínculos con el narcotráfico. Las fuentes detallaron que son tres los casos que trabajan en conjunto ambas procuradurías y que, en este caso, el procedimiento está vinculado a delitos tributarios. A la vez, aclararon que Gendarmería no recibió ninguna orden de detención.
“El objetivo es incautar dispositivos electrónicos para peritar”, ampliaron sobre el operativo.
De forma simultánea, el Consejo de la Magistratura lleva a cabo una investigación contra Bailaque, por presuntamente haber favorecido al capo narco Esteban Lindor Alvarado en una de las causas más grandes en su contra. En pleno proceso de averiguaciones, se supo que el magistrado contrató al hijo del contador del jefe criminal.
Alvarado, uno de los criminales más poderosos de Rosario y jefe de uno de los clanes más importantes de la ciudad, fue condenado en 2019 por el asesinato de un prestamista y por asociación ilícita con empresas vinculadas al narcotráfico. Entre estas compañías se encuentra Logística Santino SRL, cuyo contador, Gabriel Mizzau, firmaba los estados financieros. Mizzau también gestionaba otras finanzas personales y empresariales, tanto para Alvarado como, presuntamente, para el propio Bailaque, según rumores judiciales.
La situación compromete aún más al magistrado federal debido a que el hijo del contador, Sebastián Mizzau, trabajó en su juzgado federal desde 2017 sin haber participado en un concurso, trascendió. El contador de Alvarado y el juez tendrían una relación estrecha y de larga data, puesto que habrían sido compañeros de secundaria.
La denuncia contra el magistrado fue presentada en 2022 cuando varios fiscales provinciales solicitaron al Consejo que evalúe el trabajo Bailaque en la causa, ya que en el año 2013 rechazó los pedidos de intervención telefónica a la banda de Alvarado, algo que retasó significativamente el avance de la investigación.
El pedido formal de la intervención estuvo a cargo de los fiscales Marcelo Di Giovanni y Santiago Marquevich. Sin embargo, los funcionarios pudieron avanzar con esta solicitud once meses después y en el marco de otra causa: el asesinato del jefe narco Luis Medina.
La demora en la autorización de estas intervenciones es uno de los puntos claves en el proceso. En este contexto, Emilio Lencina, jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Rosario, cuestionó la demora en el accionar del magistrado. Por su parte, Bailaque sostiene que actuó conforme a su rol de juez de Garantías, evaluando la solidez de las solicitudes de intervención.
En su defensa, el magistrado argumenta que aprobó la mayoría de las medidas solicitadas y que los fiscales no apelaron las decisiones que fueron desestimadas. El juez federal también hizo hincapié en que fue él quien procesó a Alvarado y llevó su caso a juicio, que resultó en una condena de 15 años de prisión por narcotráfico en 2022.
Sin embargo, fue el propio contador de Alvarado quien gestionó la habilitación municipal de la empresa de la empresa Sagrado Corazón de María SRL. Esta firma, junto con Logística Santino SRL., se encontraban en manos de los testaferros de Alvarado y figuraban en la causa que llevaba el juez cuestionado.
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