- La tesorera de una concesionaria fue arrestada y está acusada por un fraude de 137 millones de pesos.
- También detuvieron a algunos de sus familiares y a una contadora. La Policía incautó cuatro vehículos, documentos incriminatorios y dinero en efectivo.
- La fiscalía sostiene que los detenidos podrían haber formado una asociación ilícita.
Lo esencial. La Policía de Investigaciones Región I de Santa Fe arrestó a la tesorera de Coinauto, una concesionaria de vehículos, junto a su familia y una contadora, acusados de malversar 137 millones de pesos de la empresa. La investigación, liderada por la fiscal María Laura Martí, señala a la mujer, de iniciales P.B.C., como la cabecilla del fraude, y a sus familiares como colaboradores en una red delictiva. Tras varios allanamientos, se incautaron vehículos y 2 millones de pesos en efectivo. Además, se descubrió que los autos robados se vendían en una firma vinculada a la sospechosa.
La tesorera de una concesionaria, junto a familiares y una contadora, fueron detenidas durante el último fin de semana, acusadas de ejecutar un robo millonario a la empresa de ventas de vehículos Coinauto, en la ciudad de Santa Fe. La Policía de Investigaciones Región I (PDI) realizó allanamientos en distintos lugares, y secuestró cuatro vehículos, documentos y dinero en efectivo. Según trascendió, los automóviles se comercializaban en un emprendimiento del cual la principal sospechosa era la cara visible.
La ronda de detenciones había comenzado el jueves de la semana pasada, cuando la Policía del Comando Radioeléctrico se acercó hasta la concesionaria, ubicada en la esquina de Avenida López y Planes e Iturraspe, y ordenó la aprehensión de la tesorera de la empresa, señalada como la cabeza del delito por estafa. Los dueños de Coniauto denunciaron el fraude y plantearon que la suma malversada asciende a 137 millones de pesos, indicó el medio El Litoral.
El procedimiento continuó el sábado 2 de noviembre, luego de que el Colegio de Jueces de dicha ciudad ordenara los allanamientos de cuatro inmuebles. Entre los lugares, se encuentran la concesionaria que sufrió el robo, el barrio privado Los Molinos, en Recreo Sur; pasaje Río Negro 3100; Pedro Ferré al 3300, en Ricardo Aldao al 2200; bulevar Pellegrini 2900 y la concesionaria AutoGaba de avenida López y Planes al 4100, lugar que presuntamente comercializaba los vehículos secuestrados.
Como resultado, fueron aprehendidos el resto de los sospechosos, todos ellos familiares de la principal acusada, según consignó el medio local Noticias Rafaela. Respecto a la investigación que lleva adelante la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, se trata de la pareja de la principal acusada, cuyas iniciales son J. P. F., de 40 años; la madre de esta, con las iniciales M. G. C., de 55; su hermano, identificado con las letras M. G. T., de 25; y el padre del joven, señalado como M. A. T., de 59.
Durante los operativos, se incautaron dos millones de pesos en efectivo y diversa documentación, lo que se integra a la investigación junto al teléfono celular de la tesorera. También se confiscaron cuatro vehículos. Los primeros indicios señalan que se trata de una maniobra de una organización delictiva e ilícita, debido a la relación de los detenidos.
A su vez, las autoridades sospechan que los arrestados intentaron deshacerse de pruebas, dado que en uno de los casos, un vehículo fue encontrado abandonado frente al club Unión. Se espera que las imágenes de videovigilancia aporten información relevante respecto a quién lo llevó hasta allí.
La Jefatura de la Policía de Investigaciones, junto con la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, María Laurá Martí, concluyeron que los detenidos deberán permanecer bajo custodia mientras se les imputa el delito de asociación ilícita. La investigación sigue en curso, y no se descarta la posibilidad de más detenciones o la incautación de otros bienes relacionados con el caso.
La fiscal trabaja sobre la hipótesis de que los recientes detenidos estén involucrados en una asociación ilícita con roles bien definidos, lo que sugiere que el fraude millonario investigado no fue obra de un solo individuo, sino de una organización estructurada. Este análisis indica que cada miembro de la red cumplía una función específica dentro de la operación fraudulenta.
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