
Prefectura Naval Argentina realizó una serie de allanamientos simultáneos en establecimientos rurales de la localidad de Batán tras una investigación por explotación laboral y trata de personas. Durante el procedimiento, se identificaron a unas 50 personas, varias menores de edad, y se verificaron condiciones laborales muy precarias. Asimismo, los uniformados incautaron gran cantidad de dinero en efectivo, armas, municiones y elementos informáticos, por una suma cercana a los 200 millones de pesos.
El operativo, supervisado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, se realizó por orden del Juzgado Federal Nº 1, a cargo del Juez Federal Santiago Inchausti, Secretaría Penal Nº 2 de Instrucción y por pedido de la Fiscalía Federal N°1 de Laura Mazzaferri.
Fuentes judiciales indicaron a Infobae que la causa se inició con una denuncia de Migraciones, sobre la base del relato de una persona que se había acercado a esa dependencia. Con el avance de la investigación, se sumó otro expediente que estaba en estado de instrucción en otra fiscalía en la ciudad de Mar del Plata, tras una denuncia anónima.
“En ese marco, una víctima fue entrevistada en el marco del Programa Nacional de Rescate y se intensificaron las tareas investigativas. Recientemente, se recibió una denuncia en la AFIP vinculada a estos predios y que iba a ser una intervención administrativa, por lo que se coordinó con la entidad un ingreso conjunto”, dijeron.

Y explicaron: “Las personas en el lugar realizaban tareas de agricultura, en diferentes roles, vinculado a la siembra y el cultivo de frutas y hortalizas. La mayoría son extranjeros y vivían en los predios que se allanaron. Las casas en las que residían los trabajadores eran de material, tenían acceso a agua caliente y a la luz, en algunos casos el baño era compartido, en otros era de uso privado de cada familia. El pago dependía si se trataba de temporada bajo o alta. En algunos casos, la gente ha referido que arrendaban la tierra, que hacían su propia producción y en otros, que eran trabajadores”.
“En cuanto a los menores, hay de edades variadas, porque son los hijos de los trabajadores”, indicaron.
El primer objetivo fue una propiedad de Batán, en la que los prefectos encontraron al responsable del establecimiento y secuestraron una escopeta calibre .16 con 9 cartuchos sin percutir, dos teléfonos celulares, un DVR de cámaras de vigilancia, más de 256 mil pesos, dólares y pesos bolivianos en efectivo, cuatro cheques y una tarjeta de memoria.
En ese lugar se identificó y entrevistó a 30 personas posibles víctimas de trata, de las cuales 21 eran mayores de edad (17 extranjeros y cuatro argentinos) y nueve menores (cuatro extranjeros y cinco argentinos).

En otro predio, los prefectos hallaron a un hombre y una mujer responsables del lugar e incautaron una pistola, cargadores y municiones y una alta suma de dinero en efectivo: más de 182 mil dólares, casi cinco millones de pesos y otras divisas.
También se decomisaron elementos electrónicos (un celular, un DVR, un disco sólido 4TB WD, una computadora de escritorio, una notebook y un pendrive) y documentación de interés para la causa y se identificó a 19 personas (12 extranjeros y siete argentinos).
Por último, requisaron otro predio ubicado en inmediaciones del Paraje “El Boquerón”, se encontraba quien dijo ser el dueño del establecimiento. Tras el registro del sitio, se secuestró una escopeta, una pistola y municiones. Asimismo, se incautó de dinero en efectivo (más de 2.700.000 pesos y 4.900 dólares), elementos electrónicos (dos celulares y un DVR) y una máquina cuenta billetes. Además, fueron identificadas 10 personas (cinco extranjeros nacionalizados y cinco argentinos).
Durante el procedimiento, el personal especializado de distintas áreas de la Prefectura trabajó de manera conjunta y coordinada con miembros de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP-MDP); del Programa Nacional de Rescate y Acompañamientos a Víctimas de Trata del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación; de la Secretaría del Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano de Nación; de la Delegación Regional Mar del Plata del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires; la Dirección Nacional de Migraciones y el Equipo de Atención al Niño en Situación de Riesgo del Municipio de General Pueyrredón.
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