El pasado jueves se llevaron a cabo cuatro allanamientos en distintos barrios de la localidad de San Rafael, provincia de Mendoza, que culminaron con la detención de tres personas implicadas en una presunta asociación ilícita dedicada a cometer estafas.
Los detenidos fueron presentados ante el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Sebastián Szeifert, donde el fiscal Agustín Nigro expuso los cargos en su contra.
FGG, un hombre de 28 años, AJMS, de 55 años, y TCG, una mujer de 62 años, todos residentes de San Rafael, fueron acusados de integrar una organización criminal compuesta por siete personas que operó entre junio y agosto del año pasado, según señaló Nigro.
La banda tenía como objetivo principal engañar a clientes bancarios mediante la obtención no autorizada de credenciales de acceso a sus cuentas de homebanking y la ejecución de movimientos patrimoniales fraudulentos, disfrazando posteriormente el origen ilegal de los fondos obtenidos.
Como parte de la rutina de engaños, esta organización introdujo un malware en una de las computadoras de una editorial jurídica en Santa Fe, el 21 de junio de 2023.
Y fue este acto el que marcó el inicio de la investigación criminal, que arrancó tras la denuncia de la gerente general de la firma afectada. El malware permitió a la banda hacerse con las credenciales de acceso a una cuenta bancaria de la empresa, simulando la identidad de un usuario autorizado para ordenar 37 transferencias por un total de 11,1 millones de pesos.
De acuerdo con lo presentado por el fiscal, 13 de estas transferencias, por un monto de 3,9 millones de pesos, fueron dirigidas a la cuenta de FGG. En tanto, AJMS recibió 10 transferencias que sumaron 3 millones de pesos. Tras recibir los fondos, ambos transfirieron gran parte del dinero a cuentas virtuales gestionadas por un proveedor de servicios de pago. Paralelamente, convirtieron parte del monto en criptoactivos a través de la plataforma BITSO, estrategia utilizada para enmascarar el origen ilícito de los fondos.
Nigro indicó que los pesos argentinos que no se convirtieron en criptoactivos fueron transferidos a TCG, quien debía coordinar la recepción de fondos y su conversión en activos, además de verificar y comunicar las operaciones realizadas por las demás personas implicadas en la organización criminal a otros dos miembros de la banda. La mujer, identificada pero todavía prófuga, desempeñaba un rol similar y fue posible recuperar parte de los fondos debido a una reversión de las operaciones.
Finalmente, y según informó el portal Rosario3, se imputó a los tres detenidos el delito de asociación ilícita en calidad de miembros, así como la coautoría de estafas reiteradas a los dos hombres. La mujer involucrada también se destacó por reclutar a los perpetradores y coordinar sus acciones ilícitas.
La investigación sigue su curso con otros miembros de la organización aún no detenidos. Uno de ellos se encuentra transitoriamente bajo proceso en libertad mientras las indagaciones avanzan respecto a otros dos hombres.
Y a principios del mes de mayo pasado, en una causa con similares características, se realizó un mega operativo en el marco de investigaciones de malware y adquisición de criptoactivos ilegales, con 64 allanamientos simultáneos en la provincia de Buenos Aires y en todo el país, en el que se desmanteló una banda que robó alrededor $1.500.000.000, algo así como 1,5 millones de dólares, tras infectar con un malware las computadoras de, por ejemplo, el Círculo de la Policía Bonaerense y el Colegio San Jorge de Quilmes, entre otros.
En el marco de la causa, se dispusieron 16 detenciones; así como otras 10 órdenes de arresto en el exterior, de las cuales nueve ya tenían alerta roja de Interpol: se trata de siete ciudadanos venezolanos y tres brasileños.
Los detenidos dijeron que les robaron 45 millones de pesos al Círculo de Policía Bonaerense, $129 millones de pesos al Laboratorio Farmas de Quilmes, $159 a una empresa de Bahía Blanca y $112 millones de pesos al Colegio San Jorge de Quilmes. Con ese dinero, la banda después compraba criptomonedas: “Todos operaban los IP en Venezuela, Colombia, Ecuador y EEUU”.
La causa se inició en la Procuración Bonaerense, con el fiscal Rafael García Borda, coordinador del equipo de investigadores de criptoactivos a cargo, y continuó con la cooperación del Ministerio de Seguridad de la Nación: hubo más de 500 efectivos de la Policía Federal Argentina y participó la División de Delitos Tecnológicos, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones a cargo del comisario mayor Martín De Cristóbal.
En la Argentina, los allanamientos ordenados se concretaron en las provincias de Buenos Aires, Misiones, Entre Ríos, Chaco, Santa Fe, Tucumán, Río Negro y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En los procedimientos, se incautaron criptoactivos: aproximadamente, por valor de USD 170.000. También se logró el secuestro de efectivo: $1.000.000 y USD 300.
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