El jefe de Drogas Ilícitas de la Policía Bonaerense que se desempeñaba en Mar del Plata fue detenido en las últimas horas por corrupción en el marco de una investigación por irregularidades y robo de dinero, dos hechos que habrían sido detectados en varios allanamientos llevados a cabo por la división.
Se trata del comisario mayor Claudio Damián Pontoriero, quien quedó imputado por el delito de “asociación ilícita” tras una inspección en su oficina de la sede de Drogas Ilícitas, en Mitre al 2700, realizada en la mañana de este viernes. El procedimiento fue realizado por personal a cargo del fiscal general Marcos Pagella -que inició la causa en su contra- y agentes de Asuntos Internos. Y aunque no había ninguna orden de detención contra ningún superior, se encontraron elementos probatorios que provocaron el arresto del efectivo.
Lo que originó el proceso investigativo fue una denuncia anónima en la que se acusó al hombre tanto de sustraer efectivo durante un operativo en un departamento del centro realizado a comienzos de junio, como de la apropiación ilegal de las horas adicionales de policías que debían entregar a sus jefes a cambio de no ser trasladados, según consignó el diario La Capital.
En este contexto, se procedió a allanar la dependencia policial en la que encontraron, entre otras cosas, 625.000 pesos. El monto estaba en un despacho privado y ninguna de las autoridades a cargo de la división pudo justificar su procedencia. En consecuencia, y tras considerar que había pruebas suficientes en su contra, el fiscal Pagella ordenó la detención de Pontoriero, que llevaba casi dos meses en el cargo: había asumido el puesto el pasado 13 de mayo tras reemplazar al comisario inspector Leandro Piboleau. Según informaron medios locales, será imputado formalmente este sábado en Tribunales, cuando sea trasladado para declarar.
El caso del policía se da a conocer días después de que la Cámara Federal de Casación Penal anulara la prescripción de la acción penal contra el ex juez Jorge Ferro, sospechado de haber cometido nueve hechos de violación a los deberes de funcionario público a raíz de una causa abierta por el presunto lavado de dinero a través de un cabaret en la ciudad bonaerense de Mar del Plata.
Fue una resolución unánime. La sala IV del máximo tribunal penal del país, compuesta por los camaristas Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky, acogió el recurso de casación presentado por el Ministerio Público Fiscal y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y decidió, así, revocar la decisión de la Cámara Federal de Mar del Plata que había declarado prescripta la acción penal contra Ferro en noviembre del año pasado.
Ferro, quien se desempeñaba como juez en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, enfrenta acusaciones de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según la investigación, el exmagistrado habría participado en diversas maniobras delictivas junto a miembros del estudio jurídico “Games y Asociados”, entre ellos Alejandro Ferrarello, María de las Mercedes Hernández Morahín y Federico Gil de Muro.
El exmagistrado, en efecto, renunció a su cargo de camarista el 1 de mayo de 2018 tras trabajar durante 35 años en el Poder Judicial y luego de ser denunciando en el Consejo de la Magistratura por su presunta relación de amistad con el abogado Ferrarello, investigado por el delito de lavado de activos originados en un cabaret denominado Madaho’s, quien habría sido favorecido por el juez en su situación procesal.
La hipótesis que plantea la acusación postula que el ex camarista habría infringido deberes institucionales relativos al correcto desarrollo de la función judicial en una causa donde al letrado Ferrarello se lo señalaba como responsable del delito de trata de personas de un prostíbulo marplatense, y Ferro, al intervenir en el caso, no se inhibió con motivo de su estrecha relación “de amistad y familiaridad” que tendría con él.
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