
Marcelo Corazza, primer ganador y ex productor de Gran Hermano, recibió este jueves un nuevo revés judicial debido a que los fiscales a cargo de la investigación solicitaron la elevación a juicio de la causa en la que lo acusan de integrar una organización que reclutaba menores para su explotación sexual.
El requerimiento del titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, Carlos Rívolo, y la fiscal de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Alejandra Mángano, también alcanza a Rolando Angelotti, señalado como el jefe de la banda, y al resto de sus presuntos integrantes: Ignacio Mermet, Fernando Charpenet y Leandro Aguiar.
Ahora, le tocará al juez Ariel Lijo, del Juzgado Federal Nº4 porteño, decidir si envía a juicio a los cinco hombres. Están imputados de asociación ilícita, trata de personas con fines de explotación sexual, promoción de la prostitución, abuso sexual, corrupción de menores y tenencia de imágenes de abuso sexual infantil.
Para los representantes del Ministerio Público, de la información obtenida en la instrucción del caso surge “indubitablemente” que los cinco imputados conformaron una organización criminal destinada a reclutar varones, en su mayoría menores de edad y en situación de extrema vulnerabilidad, con el fin de forzarlos y someterlos a diversas prácticas de índole sexual, abusarlos y explotarlos sexualmente, promoviendo su corrupción y prostitución, detalló el sitio Fiscales.gob.ar.

Las maniobras habrían tenido lugar en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires y Misiones, al menos, desde 1999 hasta marzo de 2023, cuando los imputados fueron detenidos.
Rívolo y Mángano resaltaron que la investigación continúa su curso, debido a que restan medidas de prueba tendientes a identificar nuevas víctimas y personas vinculadas con la organización ilícita.
Ambos insistieron en la importancia de la restitución económica para las víctimas, teniendo en cuenta los compromisos internacionales asumidos por nuestro país. “Ya no resulta facultativo para los magistrados fijar una restitución económica en favor de la víctima, sino que actualmente es un imperativo legal”, resaltaron en el requerimiento de elevación a juicio.
El escrito revela detalles del calvario que vivieron tanto las víctimas de esta causa que fueron abusadas, corrompidas y explotadas en los inicios de esta organización, como las que sufrieron hechos de abuso, corrupción, trata y explotación hasta los días previos a la detención del líder y sus consortes.
A raíz de los dispositivos electrónicos secuestrados en los allanamientos de los domicilios de los imputados, los investigadores constataron que los adultos almacenaban imágenes y videos de contenido sexual de los menores y que compartían con ellos imágenes de abuso sexual infantil, hecho que también les fue formalmente imputado.

A la vez, la fiscalía puso de relieve que la conducta de quien “consume” una prestación sexual por parte de un menor de edad “afecta el bien jurídico protegido en la norma, ya que contribuye a iniciar o mantener en la prostitución a quienes, debido a su corta edad y a la insuficiente formación y desarrollo de la personalidad, se encuentran limitados para tomar una decisión libre de aceptar o rechazar la oferta sexual que se les realiza”.
Por último, hicieron hincapié en que los abusos y sometimientos sexuales fueron relatados por 10 víctimas, pese a que tres de ellas fueron intimidadas por uno de los miembros de la organización criminal -Aguiar- con el claro propósito de evitar que testifiquen contra Angelotti y el resto de los acusados.
La investigación, que desarticuló la red de trata de la que Corazza está acusado de ser parte, comenzó el 24 de octubre de 2022, luego de que un testigo de identidad reservada denunciara ante la Protex que había sido abusado sexualmente cuando tenía entre 11 y 13 años.
Corazza había sido detenido la primera vez el 20 marzo del 2023, acusado de haberse encontrado en el año 2001 con un menor de 14 años en su vehículo para luego masturbarse delante de él. Es decir, corromperlo sexualmente. En la actualidad, el productor televisivo se encuentra en libertad, aunque es monitoreado con pulsera electrónica y sobre él pesa la prohibición de salir del país.
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