El fiscal Adrián Arribas, titular de la UFI de Homicidios de La Matanza, intenta esclarecer el motivo que llevó a la brutal balacera que terminó con cinco muertos y ocho heridos ayer por la tarde en la toma de terrenos del barrio 8 de Diciembre de González Catán. El lugar- en medio de una zona de ranchos bajos cercana a otros asentamientos y una zona de tosqueras, a 35 cuadras del penal de la zona del Servicio Penitenciario bonaerense- se encuentra usurpado desde hace al menos un año, regido por lo que, descubrió la Justicia, era una comisión interna, una asamblea.
Los vecinos se habían reunido allí para ver la posibilidad de comprar estos terrenos usurpados, lo que representaría un delito de estelionato, es decir, vender una cosa ya vendida o que no le pertenece al vendedor, algo que el juez federal Sebastián Casanello investigó, por ejemplo, en las tomas de la Villa 31 años atrás. La reunión de ayer, según testimonios, había sido pactada hace tiempo, con gran cantidad de asistentes. La ola de disparos ocurrió a pocos metros de una plaza donde juegan chicos. El conflicto, precisamente, habría comenzado porque los usurpadores habrían loteado una plaza de juegos, un espacio común de vecinos, para ponerla a la venta en su nuevo desarrollo inmobiliario, lo que generó la ira de varias personas.
“Al parecer, un lado tenía más armas que el otro”, confirmaba anoche un investigador clave del caso a Infobae.
Hoy Arribas determinar quién es el capo en el lugar, la figura de mayor jerarquía. Hay pistas que, por lo pronto, hablan de un triunvirato en esa asamblea, de tres encargados de la venta.
Los heridos fueron trasladados en ambulancias o por sus propios medios a hospitales de la zona como el Balestrini. Uno de ellos, que fue a la guardia por sus propios medios, se convirtió en un sospechoso. Al parecer, también habría estado armado al momento del ataque.
“Fuimos a verlo al hospital. El tipo era de otro lado, no de la zona de la toma. Negó todo. No nos cierra lo que dice”, asegura a este medio una fuente judicial. Los testigos, en general, son reacios a aportar información.
Los vecinos de la zona son al menos reacios a brindarle información a la Justicia. Arribas se sorprendió al encontrar gran cantidad de videos de momentos posteriores al ataque, Sin embargo, no puede verse a quiénes disparan. Otra serie de indicios apuntan a que los tiradores habrían sido llevados por la asamblea inmobiliaria como culatas ante cualquier riesgo. Los posibles compradores también habrían llevado armas para defenderse.
Las víctimas llegaron de otros puntos del Conurbano al lugar. Tomás Waldo Velázquez Chávez, uno de los fallecidos, de 28 años y nacionalidad argentina, tenía un domicilio registrado en Villa Celina. Albañil de oficio, sin empleo en blanco al momento de su muerte, cobraba varios planes sociales.
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