La operación judicial que condujo a la condena de María de los Ángeles Yanamari por transporte de estupefacientes revela una red meticulosamente organizada que abarca desde la adquisición de drogas en Bolivia hasta su distribución en la ciudad de Salta, Argentina.
El veredicto de la jueza federal Mariela Giménez, basado en un juicio abreviado, dictaminó una sentencia de seis años de prisión para Yanamari y su cómplice Fabricio Raúl Urzagaste mientras que Justino Jaime Sorrigueta, hijo de Yanamari, también fue condenado a tres años de prisión con ejecución condicional.
La investigación, que se remonta al 3 de marzo pasado, comenzó con la denuncia de un individuo anónimo, temeroso de represalias, ante la Unidad de Procedimientos Judiciales de Salta de la Gendarmería Nacional.
Por aquellos días, este informante proporcionó información crucial sobre las actividades ilícitas de Yanamari, quien operaba desde su residencia en la localidad de Orán, a 270 kilómetros al norte de la capital salteña.
Y tras la meticulosa pesquisa del Ministerio Público Fiscal Federal, dirigida por el fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar Florencia Altamirano, descubrió que Yanamari adquiría estupefacientes, incluyendo cocaína y marihuana, provenientes de Bolivia y luego la acusada orquestaba el transporte de la droga a través de la frontera y coordinaba su entrega final a revendedores en Salta, a menudo utilizando encomiendas o vehículos.
Según informó Télam, la fiscalía describió además que, a partir de esta y otras pistas, avanzó con tareas de inteligencia criminal que permitieron consolidar la hipótesis sobre el accionar de la imputada, sobre quien se estableció que ejercía un dominio total de toda la ruta de la droga, desde su adquisición a partir de la negociación con proveedores de Bolivia.
La identidad de Yanamari fue confirmada mediante tareas de campo que revelaron la llegada frecuente de remises de Aguas Blancas a su domicilio y sus vecinos dijeron que a la casa de la sospechada llegaban estos autos con mochilas y luego se marchaban y la fiscalía describió cómo la acusada ejercía un control total sobre la ruta de la droga, desde la negociación con proveedores bolivianos hasta la entrega a revendedores locales.
E intervenciones telefónicas revelaron la conexión entre Yanamari y Urzagaste, responsable de cruzar la droga por la frontera, en ocasiones valiéndose de mochileros que atravesaban el río Bermejo en lanchas o gomones.
En territorio argentino, Yanamari organizaba el traslado de la droga a Salta mediante envíos de encomiendas o vehículos y la auxiliar fiscal describió cómo, a través de un chat de WhatsApp, Sorrigueta, bajo instrucciones de su madre, coordinaba la entrega de drogas en el estacionamiento de un shopping en Salta. Además, desde su teléfono, Yanamari discutía asuntos relacionados con deudas de transacciones de drogas por sumas millonarias.
La investigación alcanzó su punto culminante en julio pasado, cuando se descubrió que Yanamari coordinaba un traslado de droga desde Bolivia. Urzagaste, al cruzar el río Bermejo en un gomón, se encontró con una patrulla de gendarmes, abandonando una mochila con 23 kilos de droga antes de ocultarse en una zona de montes. Posteriormente, se refugió en la casa de Yanamari, lo que llevó al allanamiento y la detención de las tres personas implicadas.
El juicio abreviado se basó en pruebas extraídas, principalmente, de teléfonos celulares, incluido el chat que implicaba a Sorrigueta en la coordinación de entregas de drogas.
Allí, los acusados reconocieron los hechos adjudicados y consintieron las penas propuestas, lo que llevó a la jueza a homologar el acuerdo. Además, la sentencia también ordenó el decomiso de siete teléfonos celulares y una suma de 450 mil pesos, elementos clave en el esclarecimiento de esta red de tráfico de drogas internacional.
Con información de Télam
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