A casi siete años de que se conocieran los abusos sexuales que sufrieron los alumnos del Instituto Próvolo, ayer comenzaron los alegatos de la defensa de las ocho imputadas por omisión de denuncia. Tanto Graciela Pascual (65), exrepresentante legal del establecimiento, como la monja Asunción Martínez son las principales implicadas y, por eso, fueron consideradas partícipes necesarias de los abusos.
En el marco del tercer juicio de la causa, la audiencia se realizó a puertas cerradas y sin acceso a la prensa, ya que se trata de delitos sexuales y se busca cuidar la integridad e identidad de las víctimas que deben ser preservadas. El proceso se inició con el alegato de la letrada de Valeria Corbacho, quien forma parte del equipo de abogados de Carlos Varela, a cargo de la defensa de la monja.
Ahora, la defensa busca sostener la inocencia de la acusada y pedir su absolución ante el Tribunal Penal Colegiado Nro. 2. Por otro lado, el fiscal Alejandro Iturbide pidió 10 años de cárcel para la religiosa y 18 años para la exrepresentante legal del establecimiento.
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La Fiscalía considera que ambas omitieron el deber de ser garantes de las víctimas en los casos de abuso sexual, cometidos por los sacerdotes Horacio Corbacho y Nicola Corradi, el jardinero Armando Gómez, ya condenados, al igual que el monaguillo Jorge Bordón, quien acordó un juicio abreviado.
De hecho, en el primero de los juicios de esta mega causa, Bordón confesó la autoría de los hechos y fue condenado en septiembre de 2018 a 10 años de prisión. El segundo proceso fue el que condenó a los curas Corradi y Corbacho, así como también a Gómez a la pena de 42, 45 y 18 años de prisión respectivamente.
El actual proceso comenzó a desarrollarse el 3 de mayo de 2021, tras la reanudación de la actividad luego de la pandemia y la virtualidad. Este debate, a diferencia de los anteriores, contiene tres causas que fueron acumuladas, en dos expedientes.
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La otra de las cusas cuenta con ocho imputadas entre las cuales se encuentra también la monja Martínez, además de ex directoras y administrativas del Instituto. Por su parte, en el caso de la exdirectora Gladys Pinacca y la cocinera, Noemí Paz, solicitaron la pena de 3 años de prisión condicional, acusadas por el delito de omisión de prestar auxilio y encubrimiento agravado.
Lejos de esta situación, y casi al punto de quedar al borde de la absolución, no se formuló cargos contra las otras cuatro imputadas en este proceso, las directoras del Instituto (en distintos años) Valeska Quintana, Laura Gateán, Cristina Leguiza y la psicóloga Cecilia Raffo. Por eso, el Tribunal debería declarar extinguida la acción penal ante la falta de acusación.
La investigación
Una vez que se conocieron los abusos de los alumnos niños y adolescentes sordomudos del instituto, en noviembre de 2016, comenzó la investigación. Al respecto, el abogado Sergio Salinas recordó cómo fue el inicio de la causa: “Esta investigación llevó siete años. Esto comienza en noviembre de 2016, cuando una chica, que fue llamada como la testigo de identidad reservada número 1, realizó una denuncia con una lengua de señas muy precaria”.
“Con los meses de investigación empezamos a notar que había una monja que era mala y con el tiempo nos dimos cuenta de que no era una monja mala en término de malicia, era una persona con indicadores de abuso sexual y que hacía propiamente ella los abusos”, agregó Salinas haciendo referencia a la religiosa japonesa Kumiko Kosaka.
En consecuencia, Iturbe solicitó una condena de 25 años para la mujer. La japonesa fue acusada de abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores en cinco hechos, así como también solicitó su inhabilitación por diez años para ejercer cargos educativos y de albergue en donde sean recibidos menores de edad.
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