
En junio del año pasado, “Marcos” Estrada González, capo máximo del narcotráfico en la Villa 1-11-14, fue deportado de vuelta a Perú tras ser condenado en Argentina a 24 años de cárcel, un hecho que golpeó a su organización. Durante años, Estrada había comandado desde la cárcel los movimientos de su banda, con recaudaciones millonarias. En los siguientes ocho meses, cayeron “Dumbo” Martínez Maylli, parte del poder narco en el asentamiento y Jhon Paul Revilla Estrada, “El Burro”, sobrino del capo y uno de sus principales lugartenientes, con arrestos a cargo de la PFA. La semana pasada, Esteban Lindor Alvarado, uno de los principales jefes narco de Rosario, vio frustrado su intento de escapar del penal de Ezeiza en helicóptero: su celda terminó allanada y sus cómplices detenidos, luego de que interceptaran sus comunicaciones.
En todos estos procesos estuvo presente la gestión de la PROCUNAR, el área de la Procuración que investiga delitos de narcotráfico, a cargo del fiscal Diego Iglesias y con secretarios como Matías Álvarez, Patricia Cisnero y Martín Uronia, con delegaciones en el NOA y en Rosario.
Hoy, la PROCUNAR presentó su informe de gestión para el año pasado. De acuerdo con el informe, la PROCUNAR inició 243 nuevas intervenciones en nuevas causas, entre colaboraciones, investigaciones preliminares, causas delegadas e investigaciones autónomas. De esta manera, prestó colaboración a más de 100 fiscalías con competencia en estos delitos en todo el país. En Salta y Jujuy, por ejemplo, se iniciaron 78 investigaciones autónomas.
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En el marco de las actividades organizadas por la Procuración de Narcocriminalidad se capacitaron más de 1000 personas, entre operadores judiciales y agentes de las fuerzas de seguridad, tanto en actividades organizadas por la Dirección General de Capacitación y Escuela del MPF como las organizadas por la procuraduría con otros organismos. Iglesias, por su parte, expuso como orador en el Consejo de Seguridad Interior celebrado en el CCK.

Por otra parte, la Procuraduría profundizó el trabajo en diversos expedientes iniciados en años anteriores. Hoy, lleva adelante la querella en el juicio en Corrientes contra Carlos Soto Dávila, juez federal acusado de corrupción y de favorecer a los narcos que operaban en la zona de Itatí.
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También, llevó adelante una redada contra la organización supuestamente encabezada desde España por el argentino Darío Pereyra, oriundo de Necochea, acusada de intentar acusan de la jugada de cocaína más osada de la historia criminal argentina reciente: mover una tonelada y media hacia Europa. La maniobra era sencilla. Llevarían el polvo en un velero, desde el Paraná de las Palmas hacia aguas internacionales, donde sería -supuestamente- cargada en un buque, tal como decía, movida en un velero llamado Quo Vadis.

Se incautaron 1.549 kilos de cocaina en dos operativos, primero en un complejo de cabañas turísticas en Belén de Escobar y luego en un allanamiento en el country El Centauro, de la zona de Canning. El cálculo de ganancia era fabuloso: un kilo que, al por mayor, puede conseguirse a dos mil dólares en Bolivia termina vendido por 30 mil euros o más en Barcelona: 45 millones de dólares, tranquilamente.
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