En las últimas horas, efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) irrumpieron en un domicilio de la ciudad bonaerense de San Pedro y detuvieron a un joven de 22 años: lo acusan de planear diferentes atentados, bombardeos y tiroteos masivos en territorio argentino. Así lo había hecho saber por internet.
La investigación que derivó en el arresto fue llevada en conjunto con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI). Todo comenzó cuando las autoridades advirtieron una amenaza realizada por un usuario de la red social 4CHAN.
Según precisaron fuentes policiales a Infobae, el usuario en cuestión publicó numerosos comentarios, en los que hacia saber que estaría planeando un tiroteo masivo y un bombardeo en el país. Posteriormente, el FBI informó que dicha información era generada desde otra localidad bonaerense, Grand Bourg, en el partido de Malvinas Argentinas.
En consecuencia, el fiscal Horacio Azzolin, a cargo de la UFECI, ordenó a la fuerza federal que iniciara tareas de campo minuciosas con el objetivo de llegar a establecer la identidad y paradero del involucrado.
Las averiguaciones y el rastreo de los agentes federales del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista se extendieron por varios días y condujeron a los investigadores a un domicilio ubicado en la calle Gomendio al 2200 de la ciudad de San Pedro.
Con el total de los datos obtenidos, el juez Carlos Villafuerte Ruzo, titular del Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás, firmó la orden de allanamiento y la PFA finalmente detuvo al joven de 22 años.
Durante el operativo, además, se secuestraron una notebook, un teléfono celular, un pendrive, una computadora, un arma calibre .22, un cargador, diez cartuchos de bala, un rifle de aire comprimido y folletos reivindicando al partido nacional socialista alemán con simbología de cruz esvástica, entre otros elementos de interés para la causa.
El detenido, junto con los elementos secuestrados, quedaron a disposición del magistrado interventor por el delito de intimidación pública.
Dicho delito está contemplado en el Código Penal argentino en el artículo 211, que establece que “será reprimido con prisión de dos a seis años, el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos”.
El artículo también determina que “cuando para ello se empleare explosivos, agresivos químicos o materias afines, siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública, la pena será de prisión de tres a diez años”.
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