El Juzgado de Control de la jurisdicción de la ciudad cordobesa de Morteros confirmó hoy la prisión preventiva del sargento primero Luciano Emanuel Córdoba y el cabo primero Elio Nicolás Montiel, dos agentes de la Policía Caminera de esa provincia que fueron acusados por una oficial de 23 años, subalterna de ellos, de haber abusado de ella en un puesto de control ubicado en plena ruta.
La denuncia de la joven fue elevada en febrero. Según contó, el presunto abuso ocurrió en la intersección de las rutas 1 y 17, en el conocido puesto de Brinkmann, ubicado en el noreste de la provincia de Córdoba, a unos 260 kilómetros de la capital provincial.
La presentación fue realizada ante el fiscal de Delitos Complejos de la ciudad de San Francisco, pero luego recayó, por competencia jurisdiccional, en la Fiscalía de Instrucción de Morteros, a cargo de Juan Ávila Echenique, quien ordenó la detención y los imputó por delitos graves: abuso sexual agravado reiterado y abuso sexual doblemente agravado.
Según revelaron fuentes judiciales a Infobae, los acusados encerraron a la joven en el puesto de control y comenzaron a manosearla en su partes íntimas hasta que finalmente pudo librarse y radicar la denuncia que obligaría a la fuerza a separar preventivamente a los oficiales acusados. Sin embargo, el abuso no sólo se limitó a esta situación, que apenas fue el final del suplicio al que fue sometida.
De acuerdo con lo que pudieron determinar en la investigación y de acuerdo con los dichos de la propia denunciante, Córdoba y Montiel la acosaban constantemente en el lugar donde cumplían funciones. Las fuentes consultadas por este medio revelaron que los superiores de la víctima, por ejemplo, en varias oportunidades le apoyaron sus genitales en las piernas.
En otro momento -dicen las fuentes- hasta le tocaron la cola y la hostigaron verbalmente por el hecho de que la joven de 23 años está en pareja con otra mujer que también es policía. “Le hacían bullying porque ella es gay y le preguntaban barbaridades sobre como qué tipo y tamaño de objeto sexual usaba”, ejemplificó la fuente.
El acoso llegó a niveles tan insoportables que pese a que el puesto de control cuenta con duchas para bañarse después de prestar el servicio, la joven uniformada optaba por cumplir con su jornada laboral e irse a su casa sin cambiarse por miedo a que los abusos fueran aún más graves. “Tenía temor de que avanzaran sobre otra cuestión”, agregó.
Los policías acusados de abuso sexual todavía no fueron echados de la fuerza, ya que resolvieron separarlos preventivamente mientras avanza la investigación. La intención del fiscal Ávila es acelerar los tiempos del expediente para lograr que los acusados dejen de integrar la Policía Caminera cuanto antes y evitar que intervenga el Tribunal de Conducta Policial de Córdoba, un organismo muy cuestionado en la provincia por su intervención en otros casos que involucran acusaciones contra oficiales.
El Tribunal, por ejemplo, le devolvió el rango y el arma a un oficial que fue acusado de abuso sexual en la localidad de La Calera y que luego terminaría siendo uno de los agentes acusados del asesinato de Blas Correas, el joven que fue perseguido y baleado durante un control policial en la capital en 2020.
Ahora, Córdoba y Montiel tienen la posibilidad de cuestionar la decisión del Juzgado de control y apelar el inminente juicio a la Cámara de Apelaciones. De acuerdo con lo que explicaron, no les convendría acudir a este recurso porque el tribunal superior contestaría en menos de 24 horas y si lo hace, fijaría fecha inmediata para el comienzo del debate. Los acusado continuarán alojados en el Establecimiento Penitenciario de la localidad de Bouwer.
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