
La jueza penal de Comodoro Rivadavia Mariel Alejandra Suárez protagoniza esta semana un escándalo sin precedentes en la provincia de Chubut. El miércoles 29 de diciembre pasado Suárez pasó cerca de tres horas con un preso recientemente condenado por un tribunal que ella misma integró.
Una cámara de seguridad ubicada dentro de una sala del Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew expuso las particularidades de esa reunión: las imágenes muestran cómo, en el rato que compartieron, la magistrada y el detenido aparentemente se besan, se abrazan, se toman fotos y comparten un mate y comida.
Una fuente judicial indicó a Infobae que el día siguiente, el jueves 30, la jueza hizo una nueva visita al mismo detenido por casi dos horas.
El hombre en cuestión es Cristian Omar “Mai” Bustos, de 39 años, un preso considerado de “alta peligrosidad”. En diciembre pasado, un tribunal en Esquel que Suárez integraba lo condenó a prisión perpetua por matar a un policía en el año 2009, cuando iban a detenerlo tras fugarse de la cárcel. Suárez votó en disidencia y pidió una pena menor.
El encuentro entre ambos fue denunciado por un oficial del Instituto Penitenciario a sus superiores y, ante esta situación, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut (STJC) inició actuaciones administrativas contra la jueza por “conductas inadecuadas”.
“No tengo una relación sentimental con esa persona. Es una relación de tipo profesional posterior a la sentencia”, explicó Suárez esta mañana en una entrevista con TN, en la que aseguró que no besó al detenido y que lo visitó en calidad de “investigadora” por su interés de escribir en un libro la historia de Bustos.
El sumario iniciado, no obstante, dará inicio a una breve investigación a cargo de un magistrado de rango superior -como puede ser en este caso un juez de Cámara- tras la cual se dará intervención al Consejo de la Magistratura o el Tribunal de Enjuiciamiento, según confirmó a Infobae el ministro del STJ, Daniel Báez.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la jueza Suárez -que se presenta en sus redes sociales como especialista en ciberdelito y con triple Magíster en cibercrimen, ciberseguridad y perito Informática Forense- debe dar explicaciones sobre su conducta profesional.
A fines de 2013 -menos de cuatro años después de su nombramiento- el Tribunal de Enjuiciamiento la destituyó de su cargo. Pero algunos meses después, Suárez interpuso un recurso de amparo contra la decisión del Consejo de la Magistratura. Según recapitula el caso el diario La Opinión Austral, fue el entonces juez civil Gustavo Sanca quien resolvió el amparo a su favor, lo que luego fue ratificado por la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. Dos años más tarde, en septiembre de 2015, el STJ confirmó su reposición en el cargo.
Su fallida destitución no tuvo un único motivo.
En ese momento, el entonces intendente de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro, la acusó públicamente de “liberar presos por teléfono”, luego de que trascendiera una serie de resoluciones suyas respecto a delincuentes que habían sido detenidos en flagrancia por la policía. Tras ser apuntada, la jueza envió una carta documento al jefe comunal para que se retractara de sus dichos, pero Di Pierro insistió en la acusación. El Consejo de la Magistratura votó entonces por mayoría que el desempeño de Suárez desde su nombramiento había sido “insatisfactorio”.
Destacaron tres razones: “El reiterado apartamiento de la doctrina judicial sentada por el Superior Tribunal de Justicia, sin dar argumentos que avalen tal proceder, con claro perjuicio al servicio de justicia; asunción de actividades procesales que evidencian una confusión de roles que diferenciadamente asigna el Código, y confusión conceptual entre evidencia y prueba, lo que trasluce incomprensión de principios que gobiernan el proceso penal”.
Quince días después de esa resolución, la jueza -que trabajaba también como docente de Práctica Profesional II en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco- quedó en el medio de otra polémica cuando sus propios alumnos la denunciaron por una grave irregularidad.
En una de sus clases, como parte del material de estudio, Suárez difundió el expediente de una causa por abuso sexual contra una menor de edad. El documento que les facilitó incluía fotos de la víctima y de su abusador, copias de sus DNI, información sensible como sus informes psicológicos y del servicio de Asistencia a la Víctima, además de las pruebas genéticas y hasta domicilios y teléfonos. Por ese episodio la casa de estudios abrió un expediente administrativo.
En paralelo, en una decisión dividida, que motivó el voto de desempate de su entonces presidente, se resolvió que la jueza enfrentara un tribunal de enjuiciamiento, bajo la acusación de desconocimiento inexcusable del derecho y mal desempeño en su cargo.
En octubre de 2013 ese tribunal resolvió su destitución, según informa la prensa local, sobre dos argumentos principales: el “no cumplimiento de plazos procesales de acuerdo con el criterio que había propuesto el Superior Tribunal de Justicia, a fin de no afectar el servicio de justicia”; y la actuación en el caso de abuso sexual de una niña, “en la que liberó al imputado porque su abogado no estuvo presente al momento de la declaración de la víctima, aunque posteriormente ese error fue subsanado y la medida se revirtió”.

Finalmente, el juez Sanca la restituyó bajo el argumento de que la decisión había sido “arbitraria y extemporánea”.
Esta mañana, mientras justificaba su visita al penal, Suárez fue consultada por su destitución en 2013: “Fueron cuestiones políticas y fue anulado por suerte. No es fácil ser juez, eh. Uno tiene que lidiar con presiones políticas y con cómo te dicen las personas que tenés que hacer tu tarea”.
La historia criminal de “Mai” Bustos
Los dos crímenes que llevaron a Bustos a la cárcel donde la semana pasada fue visitado por la jueza Suárez son especialmente violentos.
El primer hecho por el que fue condenado ocurrió el 3 de julio de 2005. Ese día, cerca de las 15.00, Bustos tomó en brazos a su hijo Eric, de apenas 9 meses, y, de acuerdo a la investigación, “realizó maniobras violentas de hiperextensión y angulación dorsal extrema” sobre su cuerpo, lo que provocó una fractura casi completa en la columna, con una grave lesión medular y vascular que le provocaron la muerte.
En 2007, la Cámara del Crimen de Esquel lo condenó a perpetua por el homicidio agravado por el vínculo del bebé. Sin embargo, Bustos escapó de la comisaría de Corcovado, donde estaba detenido porque la condena no había quedado firme.
Dos años después, el 8 de marzo de 2009, la Brigada de Investigaciones de la Policía de Chubut lo encontró e intentó recapturarlo: fue una tragedia. Cuando los policías quisieron entrar a la casa, el padre de Bustos le dijo al encargado del operativo que no se iba a entregar y que todos sus hijos estaban armados en el interior de la casa. Les pidió que se fueran.

En ese momento, los cuatro hermanos Bustos salieron de la casa con los rostros tapados con gorros y pañuelos y fuertemente armados con un arma larga calibre.22 con mira telescópica, un arma de fuego calibre 38 y cuchillos de grandes dimensiones, que exhibían en forma de advertencia de que estaban listos para un enfrentamiento. “Nos vamos. ¡Si tiran, tiramos!”, gritaron.
Finalmente eso fue lo que ocurrió. Los hermanos comenzaron a caminar en grupo. Los policías tenían orden de no disparar pero los seguían. Sin embargo, “Mai” comenzó a disparar: así alcanzó con un balazo a Tito Roberts, que recibió el tiro en la cabeza y murió. Bustos también alcanzó al agente Luis Cañumir. La bala impactó en su abdomen pero el efectivo sobrevivió. En el enfrentamiento también murió su hermano Wilson Bustos.
Tras el tiroteo, “Mai” logró escapar una vez más, hasta que fue capturado en Chile y luego extraditado.
Al cierre de 2021, la Justicia concretó importantes definiciones sobre ambos hechos. Por el crimen de su hijo, Bustos logró una reducción de la pena al ser juzgado por el homicidio simple de Eric y no agravado por el vínculo, al no estar acreditado su vínculo sanguíneo con el bebé que asesinó. El 15 de noviembre pasado, en una resolución a la que accedió Infobae, la Cámara Penal de Esquel confirmó esa sentencia a 20 años de prisión.
Luego, el 23 de diciembre pasado, Bustos fue condenado a perpetua por el crimen del policía por un tribunal integrado por la conjueza local Ximena Miranda Nastovich y las juezas María Laura Martini y, justamente, Mariela Suárez de Comodoro Rivadavia.
“Siento mucha culpa por todo lo que pasó”, dijo Bustos al declarar en el juicio. “Yo no pensaba matar a nadie, solo quería huir, no tenía por qué matar a nadie pero en el momento que cae mi hermano perdí el control y disparé”. Ahora Suárez, que cree su versión de los hechos y cree que hubo irregularidades de la policía en el operativo en que murió Roberts, asegura que busca exponer esa versión en un libro titulado “Los cuatro de Corcovado”. Ese fue, según ella, el único y principal motivo por el que visitó al detenido en el penal.
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