Enrique Blaksley, ex jefe del grupo Hope Funds, acusado de ser el líder de la mayor estafa de la historia argentina en donde ahorristas y pequeños inversores fueron defraudados en un presunto esquema Ponzi, recibió el beneficio de la prisión domiciliaria luego de estar casi dos años encarcelado en el penal de Ezeiza.
Así lo decidió el Tribunal Oral Federal N° 4, que se encarga de enjuiciarlo por los delitos de asociación ilícita, estafa, lavado de activos de origen delictivo e insolvencia fraudulenta, luego de pedidos de su defensa y del fiscal de juicio Abel Córdoba. Sin embargo, el beneficio no viene gratis. Podrá dejar el penal de Ezeiza, donde hizo amigos como “El Pata” Medina, hombre fuerte de la UOCRA de La Plata, si deja una pequeña fortuna.
El fallo establece “la prestación por sí o por un tercero de una caución real por la suma de $450.000.000 (cuatrocientos cincuenta millones de pesos), que se considera adecuada”, en virtud de la acusación en su contra, según el fallo al que accedió Infobae.
Los damnificados constituidos en la causa bajo las querellas de los abogados Ezequiel Altinier y Gonzalo Romero Victorica y Victor Varone y Hernán Vega, del estudio Iezzi & Varone, son más de 300. Así, la Justicia responde una pregunta realizada decenas de veces durante la investigación del caso: ¿a dónde se fue todo el dinero?
Si Blaksley o un tercero lo entregan, entonces será algo sumamente revelador.
Sin embargo, los querellantes Varone y Vega consideran: “El monto de la caución es irrisorio”. A valor libre, son poco más de 3 millones de dólares. Ambos abogados estiman que no es ni siquiera suficiente para saldar el daño causado por Blaksley, un número que en el expediente investigado por la jueza María Romilda Servini y la fiscal Alejandra Mangano ascendía a 1.500 millones de pesos argentinos en valores de 2017. Los 450 millones, por otro lado, podrían licuarse entre pagos a peritos del caso y otras cuestiones. Para liquidar por lo menos a los acreedores de las querellas se calcula un monto de más de 10 millones en moneda americana.
El número real de damnificados, sin embargo, sería mucho mayor. En 2017, más de mil acreedores se presentaron en el Juzgado Comercial N° 30 para frenar un acuerdo preventivo extrajudicial donde Blaksley intentó salvarse frente a 27 pedidos de quiebra.
Los otros términos impuestos por los jueces Néstor Costabel, Luciano Gorini y Ricardo Basílico son los usuales: fijar un domicilio, usar tobillera electrónica, no acercarse a sus denunciantes y prometer no obstaculizar el proceso, de acuerdo a la decisión de 40 páginas firmada esta mañana. La AFIP también es querellante en el proceso.
Blaksley, señalado como jefe de la organización, no es el único acusado ante el Tribunal Oral Federal 4. La imputación alcanzó a otras 15 personas: Federico Dolinkué –socio minoritario en Hope Funds y gerente administrativo–; el encargado de formar las sociedades en el exterior, Alejandro Miguel Carozzino; y la gerente comercial, su cuñada Verónica Vega. El abogado Pablo Andrés Willa también fue señalado como integrante del núcleo jerárquico del grupo.
Según la acusación, desde 2007 existió una “estructura criminal creada, organizada y liderada” por Enrique Juan Blaksley Señorans, en donde él se presentaba como un exitoso hombre de negocios y publicitaba los logros de su empresa Hope Funds S.A. en diversos eventos masivos, junto a ricos y famosos. De esta forma, consiguió con facilidad que una numerosa cantidad de personas confiaran en él –y su firma–, entregándole sus ahorros.
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