El 17 de octubre pasado, en un documento de 343 páginas al que accedió Infobae, la fiscal Verónica Zamboni requirió al juez de Garantías David Mancinelli la elevación a juicio de los rugbiers acusados de matar a golpes en el cráneo a Fernando Báez Sosa frente a la disco Le Brique en enero de este año.
La fiscalía solicitó la citación a juicio respecto de los imputados detenidos Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Lucas Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli y Ayrton Viollaz.
Por otra parte, Zamboni pidió el sobreseimiento de Juan Guarino y Alejo Milanesi, que no pudieron ser ubicados en la trama del hecho ni acusados como encubridores. El joven señalado como el “rugbier número 11”, Tomás Collazo, tampoco fue imputado o ubicado en la trama del hecho.
Hoy, el juez Mancinelli recibió la contestación de la vista a la querella de la familia de Báez Sosa, con un escrito firmado por los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola: no objetaron el pedido de sobreseer a Guarino. Sin embargo, pidieron que Milanesi sea efectivamente enjuiciado y que Colazzo sea investigado en profundidad, según confirmaron fuentes con acceso a la causa a Infobae.
El escrito presentado asegura que, a pesar de que no hay videos que muestren a Milanesi golpeando a Fernando, sí lo muestran en una actitud violenta: se lo ve agresivo a la salida de Le Brique, de donde fue expulsado. Se apoyan, también, en el reconocimiento parcial de un testigo que lo marcó como quien fue a golpear al grupo de Fernando, pero sin certezas totales.
También, señalaron lesiones en su mano que podrían ser compatibles con golpes de puño.
En todo caso, según razonó la querella, estas dudas deberán ser evacuadas en el juicio, no antes.
Sobre Guarino, el escrito asegura que no encontraron indicios de que participara en la pelea.
Sin embargo, sobre Collazo, sobre quien la fiscal se reservó la chance de citarlo, aseguraron que estaba presente en la escena de acuerdo al relato de al menos un testigo que dio una descripción física –Collazo no fue señalado en ruedas de reconocimiento, ya que no participó– y pidieron que se le tome declaración indagatoria.
Las imputaciones contra los acusados son no solo por el delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, que comprende la pena de prisión perpetua: también incluyen las acusaciones de lesiones leves por los golpes propinados a los cinco amigos de Báez Sosa presentes en la noche del crimen.
La situación de Pablo Ventura se mantiene: no hay nada para involucrarlo en el caso. La elevación a juicio, por su parte, no establece uno de los mayores misterios del caso: cuál de los diez rugbiers oriundos de Zárate lo implicó falsamente, un dato que surgió en su detención en la mañana del crimen y que disparó una cacería de la Policía Bonaerense que llegó hasta la puerta de su casa.
Zamboni detalló el plan asesino en su requerimiento, con una división de roles para atacar a traición.
A Guarino y Milanesi, asegura la fiscal, las extensas ruedas de reconocimiento no pudieron ubicarlos en tiempo y lugar de forma fehaciente. Los cotejos de ADN y las pericias scopométricas a las zapatillas usadas para golpear a Fernando también dieron resultados negativos.
Así, Mancinelli deberá trasladar la vista a la defensa de los acusados, que podrán realizar sus apelaciones.
Eventualmente, los rugbiers, presos en Melchor Romero, tendrán una elección: podrán optar por un juicio por jurado popular, o enfrentar un tribunal del Poder Judicial.
Dada la nueva presentación de la querella, la fecha de un posible juicio oral se extiende en el tiempo y se hace incierto pronosticarla.
Con información de Federico Fahsbender
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