La historia de la casa de Cariló usurpada a comienzos de este año a Viviana Villena, una empresaria de San Miguel, se encamina hacia un nuevo capítulo.
Tras estar –al menos– diez meses supuestamente ocupada ilegalmente y ser pintada de otro color, la casa fue desalojada el día 4 de este mes. Los ocupantes, una familia proveniente de Mar del Plata, entre ellos un hombre llamado Paul Etcheverry, un marplatense de 28 años, no se resistieron a la medida autorizada por el Juzgado de Garantías N° 6 a cargo de David Mancinelli. La inesperada situación, que tiene detrás un rastro de papeles truchos y falsos alquileres, había sorprendido a la dueña de la propiedad el 5 de enero pasado, cuando llegó a su casa de veraneo y se encontró con un grupo de personas que decían tener “un contrato de alquiler por dos años” .
Villena hizo la denuncia en la Fiscalía Descentralizada N° 5. Pero el fiscal Eduardo Elizarraga creyó en un primer momento que podría tratarse de una cuestión civil, al encontrar allí a un jubilado marplatense que exhibió un supuesto contrato de alquiler con la empresa titular de la casa, una constructora con domicilio en San Miguel, que preside Villena.
Poco después, Villena acercó al secretario de Seguridad de Pinamar, Lucas Ventoso. “Ella se presentó en mi oficina con la denuncia que había hecho en enero y toda la documentación: escritura, la sociedad constitutiva propietaria del inmueble, el informe de dominio”, contó el funcionario, quien en consecuencia decidió intervenir para resolver el conflicto.

Elizarraga ordenó el desalojo. M.P.E., otra mujer marplatense, una de las ocupantes, incluso se presentó ante la Justicia al enterarse de lo que ocurría: presentó documentación con actuaciones notariales que indica, supuestamente, que compró la casa en enero a la empresa de la que Villena es presidenta, que pagó 210 mil dólares por la casa y que el boleto de compraventa original se encuentra en poder de una escribana.
Sin embargo, el fiscal Elizarraga avanzó con la investigación: fuentes judiciales aseguraron a este medio que el fiscal imputó a Etcheverry, a la mujer denunciante y a otros cuatro acusados y los citó a indagatoria, que se producirá en los próximos días por el delito de usurpación de propiedad. “Se valieron de fuerza y de clandestinidad”, aseguró el fiscal en un documento reciente, en donde detalló un plan “en forma coordinada y planificada” con el uso de engaños.
En la lista, con cita para el miércoles 18 por la mañana, se incluye a un hombre que no fue encontrado en las sucesivas visitas de la Justicia a la casa: Mauricio Damián Ríos, marplatense como el resto de los ocupantes.
De 49 años, Ríos se dedica en los papeles al negocio de los supermercados. También integró una firma llamada VT Construcciones según el Boletín Oficial: en el directorio también figura una de las imputadas por la usurpación. Con un concurso preventivo, su perfil de deudas es voluminoso: casi 18 millones de pesos en cheques sin fondos de acuerdo a su perfil comercial, además de meses en aportes impagos como empleador.
Tiene un negocio de alto perfil: una transferencia de un fondo de comercio que data de 2014, un supermercado en Río Gallegos, confirmado por el Boletín Oficial de Santa Cruz. La contraparte en el trato: Rudy Ulloa, ex chofer de Néstor Kirchner.
El nombre de Ríos suena hace semanas alrededor de la causa: fuentes políticas en la zona señalaban su nombre cuando se reveló el caso, aunque fuentes con acceso al expediente ratificaban a Infobae que no formaba parte de la causa. Su nombre fue introducido recién la semana pasada, a través de un correo electrónico: lo envió una persona marplatense que pidió una reserva de su identidad a la Justicia.

Infobae accedió a la declaración posterior de esta persona. Aseguró no conocer a Etcheverry, haberlo visto “de pasada, a lo lejos”, pero que le consta que trabaja para Ríos, algo que no surge de los empleos en blanco que tuvo Etcheverry y que incluso trabajó en una parrilla que tuvo el empresario en la esquina de Alberti y Córdoba en Mar del Plata.
Se encontró una camioneta marca Jeep en la propiedad. El testigo asegura que era “conducida por Ríos” y que solía verse en la esquina de la parrilla. El teléfono de Ríos que aportó el testigo hoy es atendido por una persona que dice desconocer al empresario. El testigo no aportó más información. Un cuadro de Néstor y Cristina Kirchner encontrado del inmueble también habría estado dentro de un supermercado del acusado. El nombre del empresario tampoco surge en reportes policiales a los que accedió este medio.
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