
La lucha contra el juego ilegal online sumó un capítulo resonante en la provincia de Buenos Aires, donde la Lotería bonaerense denunció penalmente a 300 sitios de apuestas clandestinas por explotación ilegal, presunto lavado de activos, evasión fiscal y, especialmente, exposición de menores de edad a servicios prohibidos. Las presentaciones, efectuadas ante las Unidades Fiscales Especializadas de los Departamentos Judiciales de Lomas de Zamora, La Matanza y San Isidro, buscan frenar el acceso a estas plataformas y lograr el inmediato bloqueo nacional a través del ENACOM, profundizando la ofensiva institucional ante un fenómeno que afecta tanto la economía provincial como la salud pública y la protección de la infancia y la adolescencia.
Las denuncias se originaron en un extenso trabajo de ciberpatrullaje desarrollado por el personal del Instituto Provincial de Lotería y Casinos. El seguimiento técnico permitió rastrear el funcionamiento de las plataformas, cuya dinámica se caracteriza por la multiplicidad y el constante cambio de dominios para evadir los controles estatales. Los responsables, según la denuncia liderada por el presidente del Instituto, Gonzalo Atanasof, operan desde el exterior, alojan servidores en paraísos fiscales como Malta y Curazao y se articulan en verdaderas cadenas delictivas internacionales que blanquean dinero, asignan roles diferenciados a sus integrantes y realizan operaciones al margen del sistema impositivo argentino.
“No estamos frente a simples administradores de páginas ilegales, sino ante una cadena delictiva organizada que blanquea dinero en el exterior, posee roles determinados, evaden impuestos y operan al margen de la ley”, remarcó Atanasof al presentar la denuncia. La estrategia legal va más allá del cierre de páginas e incluye el pedido de avanzar en la identificación de los responsables y administradores de los sitios, con el objetivo de ampliar la imputación de delitos y desmantelar la estructura financiera y operativa de las organizaciones.
Uno de los aspectos más alarmantes del caso es el acceso irrestricto de menores de edad: “No vale todo. Cuando hablamos de apuestas en adolescentes, debemos encarar el problema desde dos frentes: salud mental y seguridad. Hay que prevenir la ludopatía, pero también bloquear los sitios ilegales que no tienen controles por parte de nadie y permiten el acceso de menores de edad. Hoy los chicos están a un click de distancia porque estos casinos ilegales les permiten el acceso”, advirtió el titular de Lotería. La vulnerabilidad de niños y adolescentes, expuestos a la adicción y a riesgos financieros y psicosociales desde plataformas anónimas y sin supervisión, se convierte en un eje prioritario del reclamo judicial y político.
La denuncia pide al ENACOM que proceda con el bloqueo inmediato de las 300 páginas identificadas, para impedir tanto el acceso como el funcionamiento de estos sitios en todo el territorio nacional. Se señala que la evasión tributaria lesiona la recaudación estatal y suma un componente de competencia desleal frente a operadores legales y fiscalizados, afectando la financiación de áreas sensibles como salud, deporte y asistencia social, que se nutren de los fondos recaudados por los juegos habilitados.
Este planteo se inscribe en una estrategia más amplia que el organismo bonaerense viene implementando desde el inicio de la gestión. A las nuevas denuncias se suman otras 120 presentaciones judiciales, 50 allanamientos y el desbaratamiento de varias organizaciones criminales dedicadas a la explotación del juego ilegal online. La campaña incluye también el combate a la promoción encubierta: se efectuaron más de 100 reportes contra influencers ante la red Meta, en trabajo conjunto con la Asociación de Loterías Estatales de Argentina (ALEA), logrando las bajas de perfiles de Facebook e Instagram dedicados a publicitar apuestas no autorizadas a públicos vulnerables.
El avance del juego ilegal digital plantea un doble desafío para el Estado. Por un lado, la necesidad de articular respuestas técnicas y legales que acompañen la velocidad de adaptación de las plataformas, que mudan domicilios web, utilizan criptomonedas y simulan habilitaciones. Por el otro, la urgencia de diseñar campañas de prevención, educación y sensibilización orientadas a adolescentes, familias y entornos escolares. La ausencia de controles eficientes y de políticas nacionales coordinadas, advierte Atanasof, vuelve insuficiente la estrategia de “denunciar sitio por sitio” y exige marcos regulatorios inéditos para un delito en constante mutación.
El impacto social de la proliferación de apuestas ilegales en línea es palpable: jóvenes y adultos expuestos a manipulaciones, pérdida de recursos, riesgos de estafa y creciente adicción. La reacción institucional marca un precedente, pero evidencia la urgencia de políticas integrales, colaboración interjurisdiccional y conciencia ciudadana. El compromiso del Estado provincial y la coordinación con la Justicia y los organismos de control se vuelven así ejes centrales para defender el interés público, proteger a los menores y garantizar el juego responsable y regulado en la era digital.
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