Un hombre de 80 años fue detenido por enterrar vivos a cuatro perros recién nacidos en el barrio Itilco, al sur de la provincia de Tucumán. Equipos policiales y organizaciones animalistas se movilizaron hasta el lugar luego de la denuncia de una vecina. Luego de rescatarlos, los animales fueron puestos bajo resguardo en hogares de tránsito.
El procedimiento, iniciado después del mediodía del lunes, tuvo lugar luego de que una mujer alertó a las autoridades sobre el entierro de cuatro cachorros en el fondo de una vivienda. De acuerdo con lo informado por fuentes del caso, la situación se puso en conocimiento del personal policial y de la organización Rescate Animal Aguilares a través de un llamado telefónico.
La testigo relató que el denunciado había depositado a los cachorros en un pozo y colocado piedras de tamaño considerable para asegurar el cierre. Ante la falta de respuesta y el llanto persistente de los animales, la vecina comunicó lo sucedido tanto a la policía como a los integrantes del grupo animalista. La intervención del equipo permitió llegar al lugar pocos minutos después y constatar la gravedad de la escena.
Voceros de Rescate Animal Aguilares detallaron en sus redes sociales el clima que se vivió durante el rescate: “Entre compañeras nos tiramos al pozo, cavamos con nuestras propias manos y uñas. Sacamos barro, tierra, piedra… Todo lo que fuera necesario hasta lograr rescatar a los cachorritos”, señaló el comunicado, haciendo énfasis en el estado de desesperación que presenciaron al llegar. Los efectivos de la Patrulla Motorizada arribaron después, entrando en contacto de inmediato con las autoridades judiciales y la Fiscalía de turno.

La rápida respuesta de los rescatistas resultó fundamental para evitar consecuencias más graves. Los cuatro cachorros, junto con su madre, fueron puestos bajo resguardo en hogares de tránsito, según explicó el grupo animalista al medio local La Gaceta. Además, iniciaron una búsqueda de adoptantes que puedan ofrecerles un ambiente seguro y asistencia veterinaria.
Tras su detención, el propietario de los animales fue trasladado a la dependencia policial, donde fue notificado de las actuaciones judiciales. El Ministerio Público Fiscal confirmó que el jubilado quedó formalmente acusado por maltrato animal. Fuentes judiciales señalaron que en las próximas horas se desarrollará una audiencia en la que se solicitará su prisión preventiva.
En relación con el encuadre legal, las leyes argentinas establecen una sanción mínima para este tipo de delitos: entre 15 días y un año, en general de cumplimiento condicional, lo que implica que la persona sentenciada no necesariamente enfrentará una privación efectiva de la libertad.
Según confirmaron desde la organización Huellitas del Alma de Aguilares y los voceros que participaron del procedimiento, los animales rescatados se encuentran en buen estado y la causa quedó bajo la órbita judicial, a la espera de nuevas resoluciones en el marco de la investigación.
Imputaron a dos hombres acusados de torturar y matar a un perro en Jujuy

El Ministerio Público de la Acusación dictó la prisión preventiva para dos hombres acusados de torturar y causar la muerte de un perro en la localidad jujeña de La Mendieta, al mismo tiempo que los imputó por maltrato animal.
La causa se inició a principios del mes pasado tras la denuncia de una protectora de animales que, durante varios días, buscaron al perro conocido como “Gringo”, en el barrio San Martín. El 7 de noviembre, el animal fue hallado sin vida en una cancha de la zona, con claros signos de haber sido sometido a torturas y agresiones severas antes de morir.
Las tareas, coordinadas junto al personal policial, derivaron en la detención de dos personas mayores de edad, conforme la Ley Nacional 14.346 de Malos Tratos y Actos de Crueldad contra los Animales.
La justicia resolvió ordenar la prisión preventiva para ambos acusados por un plazo inicial de quince días, mientras continuaba la investigación penal preparatoria. La medida tiene como objetivo asegurar el avance de la investigación, evitar posibles interferencias en la recolección de pruebas y garantizar la comparecencia de los imputados ante eventuales requerimientos judiciales futuros.
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