Mitos y desafíos sobre la urbanización de las villas

“El gran obstáculo es el prejuicio”, planteó María Migliore en su columna habitual en Infobae en vivo

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La politóloga y columnista de Infobae en Vivo, María Migliore, profundizó el debate sobre la urbanización de villas en la Argentina y desmontó una serie de mitos arraigados en el imaginario social sobre la vida, el trabajo y el acceso a derechos en estos barrios. “El principal desafío hoy es combatir el prejuicio y el sesgo. La mitad de las personas en villas quieren un trabajo en blanco, pero en una búsqueda laboral reciben 63% menos de llamados, solo por su dirección”, sentenció Migliore, quien presentó un informe especial sobre el tema tras recientes discusiones públicas y mediáticas.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Maru Duffard, Ramón Indart y Federico Mayol. En este espacio, Migliore abordó los puntos ciegos en el debate social y mediático sobre la urbanización de villas y barrios populares, y propuso que la pelea política se corra del terreno de los slogans para pasar a un plano de datos, innovación e integración efectiva. “Los temas son más complejos de lo que permiten las redes. Hay que profundizar, promover consensos y dejar de disputar recortes que solo buscan confirmar nuestros propios sesgos”, advirtió la politóloga.

En diálogo con Infobae en Vivo, Migliore explicó que uno de los objetivos centrales de su informe es contribuir a una conversación honesta, basada en información concreta y no en prejuicios. “Es fundamental entender de qué estamos hablando cuando discutimos urbanización. No se trata solo de cemento y servicios, sino de derechos, acceso igualitario y, sobre todo, de reconocer a esos barrios como parte de la ciudad y su desarrollo”, afirmó.

Uno de los mitos más extendidos —expuso Migliore— es el que asocia villas y barrios populares con la marginalidad o la falta de esfuerzo. “El 70% de las personas de 18 a 64 años en estos barrios trabaja, pero el 70% de los que tienen empleo gana menos que el salario mínimo. Trabajan y son pobres; la precariedad laboral está instalada y se profundiza por el estigma”, remarcó.

La politóloga puso como ejemplo los datos relevados en la villa 31, emblema histórico en el debate sobre integración. Según detalló, en 2022 había allí casi 800 negocios activos: “Hay una economía diaria, intensa. El 90% trabaja por cuenta propia, en condiciones de autogestión e informalidad, con lógica de mercado. La cuestión es cómo se formaliza e integra con la ciudad, no cómo seguimos dependiendo de planes asistenciales”.

Amplió esta argumentación narrando un experimento realizado con el apoyo del BID. “Creamos cuatro perfiles laborales de mujeres con igual educación y experiencia; solo variaba la dirección: Recoleta o villa 31. Al aplicar a ofertas reales, los perfiles de Recoleta recibieron 63% más llamados para entrevistas. No había foto, solo la dirección. Eso demuestra el peso del sesgo y la discriminación por lugar de origen”, subrayó Migliore. Dentro de ese mismo relevamiento, la mitad de los encuestados respondía que su aspiración era obtener un trabajo en blanco. “Nos enfrentamos a barreras de entrada enormes. Sin superar el estigma, no habrá integración genuina”, alertó.

En cuanto al debate sobre “mudar a todos” como método para resolver el problema habitacional, Migliore fue enfática: “Argentina ya probó ese camino y fracasó. En los 70 se relocalizaron alrededor de 200.000 personas; muchos terminaron en el conurbano en núcleos de pobreza aún más consolidados, como Fuerte Apache. Lo mismo pasó en otros países de la región; relocalizar sin planificación ni tejido social previo solo reproduce y traslada el problema”.

Frente a la crítica reiterada de que los vecinos de villas no pagan servicios, Migliore aportó datos y contexto: “El 92% de los barrios no tiene acceso formal al agua potable, el 98% no tiene gas natural y el 97% no tiene red cloacal formal. ¿Qué van a pagar si no tienen servicios? El proceso de integración busca precisamente que los servicios lleguen y después se formalice el cobro. Primero hay que hacer el relevamiento técnico, aprobar los proyectos, llevar la obra y solo ahí quienes viven en el barrio pueden regularizar y pagar”.

Explicó además que en la villa 31, durante la gestión de Larreta, se avanzó notablemente en las obras de la red de agua “hasta las conexiones domiciliarias, que es el último paso pendiente antes de la formalización completa”. El desafío, sostuvo, está en culminar la implementación, y que el Estado y la prestataria ISA garanticen la conexión individual.

En diálogo con Infobae en Vivo, Migliore también abordó el argumento de la supuesta “ilegalidad” de la permanencia en tierras ocupadas. “La jurisprudencia argentina sobre esto es muy amplia. La constitución de la ciudad promueve la integración, hay leyes específicas que reconocen derechos de radicación, como la ley Pierri, el RENABAP, y sentencias del Tribunal Superior de Justicia que obligan a urbanizar. Incluso el Código Civil establece la usucapión como forma de acceso a la propiedad”, detalló. Por eso, consideró, el camino está marcado, y lo que falta es “decisión política y recursos para ejecutar obras”.

Respecto a la idea de que urbanizar fomenta el crecimiento de las villas, Migliore la rebatió con precisión: “El 75% de los barrios populares crecieron antes de 2010, cuando no existían políticas públicas integradas. Las villas crecen porque no hay planificación urbana ni acceso a vivienda, no porque se premie su existencia. Al contrario, la integración bien hecha permite ordenar, dotar de servicios y fijar límites claros”.

La experiencia concreta de urbanización, relató, demuestra que la mayoría de los vecinos prefieren quedarse en su barrio si este se integra y mejora. “En la villa 31 y el barrio 20, los procesos fueron voluntarios. Se ofrecieron alternativas y la mayoría eligió permanecer, porque su vida, redes familiares, trabajo y pertenencia están donde nacieron”, enfatizó. Por eso, consideró inviable pensar en soluciones masivas de relocalización.

Consultada sobre la titularidad de la tierra, Migliore señaló que “el porcentaje de vecinos con título en la villa 31 es muy bajo, porque la titulación efectiva no llegó a completarse, en muchos casos por trabas burocráticas y por la superposición de competencias entre Nación y Ciudad. El proceso es lento, costoso y obsoleto; se necesita innovar en mecanismos legales y tecnológicos para acelerar la entrega de títulos y movilizar financiamiento privado para mejoras habitacionales”, reflexionó.

La politóloga subrayó la importancia de no pensar solo en construcción de viviendas nuevas, sino en la mejora integral de lo existente, y llamó a sumar al sector privado. “Hay que romper la lógica de que solamente el Estado financia. Se pueden pensar esquemas donde, una vez hecha la infraestructura general, los bancos y privados otorguen créditos para mejoras. Para eso, es fundamental un título o un papel que pueda ser garantía”, propuso.

Otra dimensión fundamental es el impacto positivo de la integración no solo en los habitantes directos, sino también en los barrios circundantes. “Cuando se urbaniza una villa y se ordena el espacio, todo el entorno mejora: sube el valor inmobiliario, disminuyen los conflictos y mejora la infraestructura urbana en general”, explicó.

El fenómeno del crecimiento irregular, reiteró Migliore, solo se puede controlar con consenso vecinal y políticas sostenidas: “No alcanza con leyes; hace falta control territorial y participación de la comunidad. La herramienta está, el Estado debe ponerla en práctica, y los vecinos defienden lo logrado porque se apropian del cambio. Si el gobierno no controla, las casas vuelven a proliferar, pero si avanza, se puede estabilizar”, reflexionó.

Finalizando la exposición, la politóloga hizo un llamado a “sumar a la discusión actores que puedan innovar y aportar soluciones disruptivas; empresarios, desarrolladores y la banca tienen un rol para pensar nuevas herramientas”. Hizo hincapié en que el proceso de integración requiere soluciones a medida para cada barrio, “porque no es lo mismo intervenir en la 31, con su historia y densidad, que en un pequeño asentamiento en el interior”.

Migliore invitó a que la conversación pública escape del corset de los recortes y la grieta política: “Hay una oportunidad enorme de avanzar en políticas urbanas que realmente cambien la realidad. Redistribuir el acceso a la ciudad, a los servicios y al trabajo digno debe ser un objetivo nacional, no partidario”, concluyó.

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