El Gobierno de Mendoza presentó ante la Legislatura un proyecto de ley que modifica el Código de Contravenciones para incorporar sanciones económicas dirigidas a combatir el acoso escolar, también conocido como bullying, y responsabilizar a los padres, madres y tutores por las acciones de sus hijos.
Así lo informó el área educativa del gobernador Alfredo Cornejo (UCR). La propuesta contempla establecer multas económicas de hasta $2.100.000, y un máximo de 50 días de trabajo comunitario como penalización para los adultos responsables que no acompañen ni intervengan en la corrección de las conductas violentas de los menores a su cargo.
La normativa busca involucrar activamente a las familias en la prevención, abordaje y reparación de episodios de violencia escolar. Y se oficializa poco después del grave incidente de la escuela Marcelino Blanco, del departamento de La Paz, cuando una adolescente de 14 años ingresó al establecimiento con un arma de fuego, efectuó disparos al aire y se atrincheró durante varias horas.
El anuncio estuvo acompañado de la presentación de un nuevo Protocolo de Actuación destinado a las instituciones educativas de la provincia. La hoja de ruta, que fue actualizada para dar respuesta a la problemática creciente de acoso entre estudiantes, dispone un procedimiento detallado que deben seguir directivos, docentes y equipos técnicos frente a sospechas o denuncias de bullying.
Entre los ejes principales figura la identificación precoz de los casos, el registro de los hechos, la comunicación inmediata con las familias involucradas, la elaboración e implementación de un plan de acción urgente, el seguimiento durante el proceso y el cierre formal de cada situación registrada.
Además, se precisan criterios para evaluar la gravedad de cada caso, así como los mecanismos para derivar a los estudiantes implicados a equipos intervinientes, organismos de protección de derechos de la infancia y la Justicia provincial, según corresponda.
Acompañado por la vicegobernadora Hebe Casado y el titular de la Cámara de Diputados de Mendoza, Andrés Lombardi, el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, ingresó el proyecto por mesa de entradas.
“El bullying no es un juego ni una broma pesada. Es violencia que lastima, que deja marcas profundas en nuestros chicos y chicas. Por eso damos este paso: para que la escuela no esté sola en este desafío: necesitamos familias presentes y corresponsables”, señaló García Zalazar.
Para ello, además de las sanciones formales, el proyecto prevé la convocatoria obligatoria de los adultos responsables a instancias de mediación y talleres de parentalidad, que funcionarán como espacios de reflexión conjunta y aprendizaje, orientados a desactivar patrones de agresión y evitar reincidencias.
El abordaje integral se estructura en tres niveles: prevención, intervención inmediata y posvención.
Por un lado, la normativa impulsa la construcción de una cultura escolar basada en la convivencia pacífica e impulsa actividades regulares de sensibilización para los estudiantes. Por otro lado, el protocolo protege a las víctimas asegurando una intervención rápida y efectiva y, al mismo tiempo, diseña estrategias para trabajar con los agresores desde la perspectiva de la reparación y el aprendizaje, evitando la estigmatización.
Todos estos pasos se desarrollan bajo el principio de que la corresponsabilidad familiar es indispensable para erradicar el acoso.
Este conjunto de acciones coinciden ante una saga de graves episodios ocurridos en las escuelas de violencia escolar en Mendoza.
Uno de los hechos de mayor resonancia fue el 10 de septiembre, cuando una niña de 14 años se atrincheró con un arma y realizó algunos disparos. Los estudiantes regresaban a las aulas tras el primer recreo. De acuerdo a los relatos, la joven habría pasado por el baño antes de salir con el arma y apuntó contra algunos compañeros. Poco después, en un secundario de Guaymallén, otra estudiante llevó una réplica de arma a su escuela y volvió a causar alarma.
La problemática ya tuvo repercusiones judiciales y sanciones contra Mendoza. En junio, un fallo inédito de la justicia provincial condenó a la Dirección General de Escuelas (DGE) local al pago de una indemnización de cuatro millones y medio de pesos a los padres de una niña de 11 años víctima de bullying en una escuela pública de Godoy Cruz.
La decisión, firmada por la jueza Jorgelina Iérmoli Blanco del Tribunal de Gestión Judicial Asociada N°2, estableció un precedente en cuanto a la responsabilidad estatal en la protección ante el acoso escolar y destacó el deber de las instituciones educativas de actuar con eficiencia para salvaguardar el interés superior del menor.
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