Hoy por la mañana, alrededor de las 9, dos de los 104 ciudadanos chilenos que fueron liberados tras los graves incidentes ocurridos en el partido entre Independiente y la Universidad de Chile, chocaron en la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires.
Según la información recabada por las autoridades viales, el siniestro ocurrió en el cruce de la Ruta Nacional 7 y la Ruta Provincial 65, cuando una Suzuki Vitara en la que viajaban los hinchas de la U fue impactada lateralmente por una Ford Maverik.
La colisión ocurrió cuando la Maverik, conducida por Carlos Martínez (36), residente de Moreno (Gran Buenos Aires), transitaba en dirección a la provincia de Mendoza acompañado por tres ciudadanos argentinos.
Al llegar al cruce mencionado, el vehículo de Martínez “involuntariamente y por alcance lateral” -según el parte policial- chocó a la Suzuki Vitara, en la que se desplazaban Nicolás Esteban Riquelme Makuc (38) y Bastián Ignacio Madariaga Muñiz (25), ambos de nacionalidad chilena.
De acuerdo con el reporte de la jefatura de los servicios viales de la zona, bajo la supervisión del comisario Gabriel Rojas, los ocupantes chilenos se encontraban desorientados al momento del accidente. Las autoridades atribuyeron el incidente a una maniobra imprudente al volante, lo que derivó en el impacto entre ambos vehículos.
Entre los datos recopilados por los investigadores, se destaca que Bastián Ignacio Madariaga Muñiz, quien viajaba como acompañante en la Suzuki Vitara, es miembro de la Fuerza Aérea de Chile. Nacido el 26 de diciembre de 2000 y domiciliado en la comuna de Molina, en la ciudad de Santiago, acompañaba al conductor del vehículo, Nicolás Esteban Riquelme Makuc, de 38 años, también residente en Santiago y que ejerce la profesión de ingeniero en logística.
“Los ciudadanos trasandinos estaban perdidos y, producto de imprudencia al volante, fueron embestidos por el otro vehículo”, detallaron desde la jefatura de los servicios viales.
Hinchas liberados
La madrugada del viernes marcó el final de la detención para los 104 hinchas de la Universidad de Chile que permanecían privados de libertad en Argentina tras los incidentes ocurridos en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.
La noticia, que sorprendió a la delegación chilena, se conoció cuando la UFIJ N.º 4 de Avellaneda emitió la orden de excarcelación, dejando sin efecto la expectativa de una audiencia judicial prevista para la mañana del mismo día.
La resolución judicial, adoptada por los fiscales Mariano Zitto y Sebastián González, se fundamentó en la revisión del sumario policial, que no aportó pruebas objetivas para imputar a los ciudadanos chilenos.
En contraste, dos simpatizantes de Independiente continúan detenidos, ya que fueron captados en video agrediendo a un seguidor del club visitante fuera del estadio.
La liberación de los hinchas de la U de Chile comenzó pasada la medianoche en la Comisaría 4ª de Avellaneda - Sarandí, donde se encontraban 35 de los aficionados, mientras que el resto había sido trasladado a otras dependencias.
Entre los liberados figuran hombres y mujeres de entre 18 y 56 años, incluyendo dos personas que permanecen hospitalizadas, aunque fuera de peligro, quienes también recibieron el beneficio de la excarcelación.
La causa, caratulada como “Resistencia a la autoridad, lesiones leves, lesiones graves y daño”, avanzó gracias a la intervención de Azul Azul S.A., concesionaria del club chileno, y la colaboración de la Embajada de Chile en Argentina.
El director de Azul Azul, José Ramón Correa, desempeñó un papel central en las gestiones ante las autoridades argentinas, permaneciendo en el país hasta la resolución del caso.
Correa agradeció la labor del estudio jurídico Castex Pauls y la coordinación con el Ministerio Público, subrayando el compromiso de la dirigencia: “Estos hinchas fueron detenidos arbitrariamente y por eso fue el compromiso de que no nos íbamos a mover de acá hasta que fueran liberados la totalidad”.
En sus declaraciones, Correa denunció las condiciones de detención y el trato recibido por los aficionados: “Yo creo que los derechos fueron vulnerados. Creo que ellos no debieran haber estado ni un día detenidos. Acá hay responsabilidad del club organizador”.
El directivo enfatizó que los hinchas habían adquirido sus entradas y fueron violentados desde el ingreso al estadio. Además, condenó los hechos de violencia, pero advirtió sobre la magnitud de los abusos: “Lo que acá hicieron con más de tres mil personas fue un acto de linchamiento. Acá se cometieron actos criminales, hubo intentos de homicidio, vejaciones, violación a los derechos humanos de muchas de estas personas y muchas de esas violaciones los pueden haber cometido también agentes del Estado”.
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