Por qué es histórico el fallo judicial contra los cuatro hombres que mataron y carnearon a un yaguareté

El Juzgado Federal N° 1 de Formosa fue escenario de un hecho sin precedentes: por primera vez en Argentina se realizó un juicio oral contra cuatro hombres acusados de cazar y carnear a un yaguareté en la localidad de Estanislao del Campo, en la provincia de Formosa. La causa, iniciada en julio de 2024, no solo avanzó hasta la instancia oral, sino que culminó con un acuerdo de juicio abreviado que contempla penas de prisión efectiva para la mayoría de los imputados, algo inédito en la jurisprudencia nacional sobre fauna silvestre protegida.

Nicolás Lodeiro Ocampo, presidente de Red Yaguareté -uno de los querellantes en la causa-, espera que este caso establezca “un nuevo piso para las causas que vienen y las causas que tenemos en marcha”.

Explicó que, hasta ahora, casos similares quedaban impunes o prescribían, y recordó que en el mismo juzgado permanece sin juicio una causa por la muerte de un yaguareté en Clorinda, ciudad formoseña, ocurrida un año antes.

Según dijo, ese expediente sigue en etapa de prueba y con pericias pendientes, lo que amenaza con dejarlo sin condena. “Hay que estar siempre encima, porque si no la tendencia es dejar que las causas mueran”, advirtió.

También remarcó que el hecho reaviva el debate por modificar la Ley 22.421, vigente desde hace medio siglo. Señaló que existe un proyecto presentado por el diputado nacional Damián Arabia (PRO) que propone penas específicas para los delitos contra monumentos naturales nacionales, que son el yaguareté, el huemul, la ballena franca austral y la taruca, a un rango de cuatro a ocho años de prisión, lo que implicaría cumplimiento efectivo en todos los casos.

En la propuesta que encabeza Arabia, plantea: “Agréguese al art. 25 de la Ley 22.421 y modificatorias– Fauna Silvestre, el art. 25 bis, el cual quedará redactado de la siguiente forma: Artículo 25 bis – Será reprimido con prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, y con inhabilitación especial de hasta diez (10) años, el que atentare contra una especie viva declarada monumento natural nacional en los términos del art. 8 de la Ley 22.351”.

De hecho, en los fundamentos se menciona el caso de estos cuatro hombres que cazaron y carnearon al animal. “La modificación de la ley, mediante la introducción del artículo 25 bis, responde a la necesidad urgente de proteger de manera específica y diferenciada el patrimonio natural nacional, fortaleciendo la labor de los parques nacionales y garantizando la conservación de estos bienes para las generaciones presentes y futuras”, detalló el diputado.

“La creación de un tipo penal específico para quienes atenten contra las especies declaradas Monumento Natural Nacional es crucial, dado su alto valor social, ecológico, cultural e histórico. Esta protección diferenciada reconoce la excepcionalidad de estas especies y asegura que los daños causados sean sancionados de manera proporcional”, cerró en el proyecto presentado.

Desde la fundación dedicada a la protección y conservación de este felino, esperan que el fallo histórico y la repercusión que tuvo el caso sirva de impulso y visibilidad para que el proyecto de ley tome forma y se haga realidad.

Sobre la situación actual de la especie, Red Yaguareté aseguró que se estima que en Argentina quedan entre 250 y 300 ejemplares en libertad, distribuidos en cuatro poblaciones: en las yungas de Salta y Jujuy, en la región chaqueña (Formosa, Chaco y sectores de Santiago del Estero), en la selva misionera y en la población reintroducida en Corrientes.

“En Santiago del Estero, el último yaguareté del cual se tuvo conocimiento fue en 2013, que es un macho que mataron por atacar ganado, por depredar vacas”, explicación desde la fundación. Sin embargo, también aclararon que no es normal tener casos de caza de estos animales, sino que sucede de forma aleatoria.

Cómo fue el caso

El caso se remonta al 27 de julio de 2024, cuando la desaparición de una vaca lechera —fuente clave de sustento para familias rurales— derivó en una búsqueda emprendida por Máximo Cisneros, de 61 años, junto a Walter Hugo Ponce De León (45), Viterman Ponce De León (38) y Claudio Cisneros (30). Acompañados por perros, hallaron el animal muerto y, cerca de los restos, a un yaguareté. Según relataron, los canes atacaron al felino, que mató a dos de ellos. En ese contexto, Claudio Cisneros le disparó con una escopeta.

Las imágenes posteriores, que mostraban al yaguareté colgado y despellejado, fueron captadas por vecinos y llegaron a Ana Magdalena Gutiérrez, representante de la Subcomisión Chaqueña para la Conservación del Yaguareté y del Plan Nacional de Conservación del Monumento Natural Yaguareté, el 27 de julio.

La denuncia derivó en un allanamiento dos días después, en el que Máximo Cisneros fue detenido tras intentar huir. En septiembre, los otros tres imputados se entregaron luego de que se dictara una orden de captura nacional.

La causa también marcó un hito por la aceptación de Red Yaguareté como querellante, siendo la primera vez que una ONG ambientalista es admitida en un proceso por muerte de fauna silvestre en el país.

Durante el debate, las partes acordaron penas de dos años de prisión efectiva para tres acusados y de ejecución condicional para el cuarto, sumando reglas de conducta y el decomiso de los elementos usados.

La sentencia definitiva se daría en los próximos días, con posibilidad de ajustes, y el tiempo ya cumplido en prisión -detención efectiva y luego prisión domiciliaria- se computaría como parte de la condena.