La tranquilidad del hogar para adultos mayores Ruca Canay, en Chos Malal, en la provincia de Neuquén se vio alterada tras la incorporación de Luis Antonio Cuculich, condenado por múltiples violaciones, sin que las trabajadoras fueran notificadas sobre su verdadera identidad y antecedentes.
La situación, que generó temor e indignación entre el personal, derivó en un reclamo gremial, la convocatoria a una asamblea y el retiro inmediato del residente ante la presión del sindicato y la comunidad.
El ingreso de Cuculich, conocido por haber sido señalado en los registros judiciales como “el violador de vírgenes”, se realizó con reservas y datos incompletos, lo que levantó sospechas desde el inicio. Las trabajadoras descubrieron la identidad del nuevo residente por referencia indirecta y a través de conductas preocupantes, tras lo cual elevaron el caso a las autoridades y expusieron la irregularidad institucional sufrida.
Cabe recordar que el jueves 19 de junio, la directora del hogar, Sandra Ortega, notificó al personal mediante un mensaje de WhatsApp que ingresaría “un adulto” identificado solo como “Antonio de Neuquén”. El mensaje, breve y sin detalles, generó inquietud entre el personal, especialmente al notar que el apellido se mantenía en reserva, aduciendo su dificultad para pronunciarlo.
Cuculich, quien llegó al hogar en silla de ruedas —sin necesitarla, ya que más tarde se comprobó que podía desplazarse por sí mismo—, no presentaba signos de demencia ni vulnerabilidad especial. Además, el ingreso se concretó sin documentación médica, informes psiquiátricos ni referencias institucionales, según describieron fuentes gremiales y personal sanitario.
“La directora nos dijo que el apellido era muy difícil de pronunciar. También dijo que estaba en situación de calle, pero nadie brindó información clínica ni razones claras para admitirlo”, relató Yanet Moya, secretaria gremial de ATE Chos Malal.
Condenado en 1988 a 24 años por delitos de violación y privación ilegal de la libertad, Cuculich recibió reducciones de pena a través de indultos provinciales y accedió a libertad condicional en 2003, tras cumplir 15 años.
Según informó el portal del diario LMNeuquen, mientras se alojó en Ruca Canay, las trabajadoras detectaron comentarios y comportamientos inadecuados: el residente hacía preguntas sobre hijas, solicitaba ver fotos, intentaba ingresar a habitaciones ajenas y manifestaba interés concreto en la situación sentimental de las empleadas.
Las dudas sobre su verdadera identidad se disiparon cuando el propio Cuculich pidió que busquen datos sobre su hijo en internet. Así se corroboró que era el condenado por múltiples ataques sexuales en Neuquén, cuya historia judicial y modus operandi habían quedado documentados en diversos expedientes judiciales.
Al confirmarse los antecedentes del residente, personal del hogar convocó a una asamblea y elevó un reclamo urgente a la provincia. ATE difundió un comunicado dirigido a la comunidad: “No vamos a tapar ni a ser cómplices de un hecho tan grave”, y subrayó que el retiro se dio tras el anuncio de medidas de fuerza. El sindicato también destacó la peligrosidad de alojar a un condenado por delitos sexuales en un espacio con personas vulnerables y familias con vínculos educativos infantiles.
“Las trabajadoras sienten que fueron carne de perro, se sintieron basureados”, denunció Moya. En la reunión del 4 de julio, la gremialista trasladó estos reclamos a la titular de la Dirección de Derechos Humanos provincial, Gloria Balderrama, exigiendo explicaciones sobre la falta de información y la exposición del plantel a una situación de alto riesgo. Moya también marcó: “Hay sobrevivientes de abuso en la institución y una compañera tuvo la valentía de relatar su experiencia personal mostrando la gravedad de lo vivido”.
A modo de respuesta, la dirección institucional envió un protocolo de acompañamiento individualizado, que no aportó garantías ni medidas reales de protección y causó perplejidad entre el personal.
Y el 22 de junio, tres horas después de la notificación formal sobre la realización de una asamblea, Cuculich fue retirado del hogar en medio de un hermetismo total. El personal percibió su salida porque no apareció a merendar. Solo después la dirección informó vía WhatsApp que el traslado se debía a “resguardo de la integridad del personal”.
ATE adelantó que pedirá una investigación para determinar quién tomó la decisión de alojar a Cuculich en el hogar sin un análisis previo, sin historia clínica y sin informar a la planta. El gremio sostiene que la situación constituye una violencia directa hacia el colectivo de trabajadoras, más allá del traslado final del prófugo condenado.
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