La Masacre de Palomitas: la noche en que la dictadura simuló un tiroteo para encubrir el fusilamiento de once presos políticos

“Días antes, Braulio Pérez, entonces director de la cárcel, acompañado de su hijo y otros carceleros, en una de sus habituales visitas a nuestro pabellón nos había dicho mientras sonreía cínicamente: ‘los militares vienen quinteando’. ‘¿Y qué quiere decir eso?’, le preguntamos, y respondió con otra sonrisa: ‘uno, dos, tres, cuatro, cinco… al paredón… Ese paredón fue el de Palomitas. Al día siguiente lo confirmamos. Había dentro del penal algunos empleados sensibles, gente que aún no se había deshumanizado y que no querían avalar el crimen. Ellos rompieron el silencio. Conocimos detalles, de cómo los sacaron, de cómo los obligaron a salir del vehículo para simular un intento de fuga, de cómo fueron cayendo uno a uno entre ráfagas de ametralladoras que rompían el silencio de la noche”. Treinta años después, sentada frente a una hoja en blanco, la ex presa política Graciela López reconstruyó en una carta desgarradora los hechos ocurridos la noche del martes 6 de julio de 1976 en el penal de Villa Las Rosas, cuando un grupo de oficiales del ejército sacó a un grupo de detenidos para fusilarlos.

Corrían los primeros meses de la dictadura y el plan sistemático de aniquilamiento de la disidencia política y social combinaba la desaparición de personas con los asesinatos disfrazados de enfrentamientos. Sin embargo, la mayoría de los argentinos no conocía todavía ni los alcances ni la brutalidad de ese plan cuando esa noche de julio, en las tinieblas y a sangre fría, el ejército perpetró el crimen en masa que quedó en la historia como la Masacre de Palomitas.

Todo fue cuidadosamente preparado para que las ejecuciones de esos detenidos indefensos parecieran muertes ocurridas en un tiroteo durante un intento de fuga. La mañana del 6 de julio de 1976 Braulio Pérez, director del penal de Villa Las Rosas, en la provincia de Salta, fue convocado al despacho del jefe de la guarnición militar, coronel Carlos Alberto Mulhall, para recibir una orden directa. El militar le dijo que esa tarde se realizaría un traslado de presos, sin aclararle la cantidad ni la identidad de los trasladados. Simplemente le ordenó que siguiera las instrucciones del oficial a cargo de la diligencia.

Hacía rato que había oscurecido a las 19.45 cuando llegó al penal un grupo de militares al mando del capitán Hugo Espeche, que le entregó a Pérez una orden escrita y la lista de los detenidos que debía trasladar. Era evidente que los uniformados eran oficiales del Ejército, pero no llevaban insignias que permitieran determinar sus grados. En cuanto a quiénes eran, salvo en el caso de Espeche era imposible saberlo, porque se llamaban entre sí por apodos.

Aunque no tuviera insignias en el uniforme, quedaba claro que Espeche era el encargado de dar las órdenes a todos, incluido el director de la cárcel. A Pérez le dijo que debía sacar de sus puestos a todos los penitenciarios encargados de controlar el acceso a la cárcel, con la excepción de los guardias de los muros; también debía apagar todas las luces del lugar, salvo las del lugar donde estaban los presos que iban a ser trasladados. También le dio una lista con once nombres, los de los hombres y las mujeres que se llevaría: Celia Raquel Leonard de Ávila, Evangelina Botta de Nicolai, María Amaru Luque de Usinger, María del Carmen Alonso de Fernández, Georgina Graciela Droz, Benjamín Leonardo Ávila, Pablo Ouetes Saravia, José Ricardo Povolo, Roberto Luis Oglietti, Rodolfo Pedro Ussinger, y Alberto Simón Zavarnsky.

Los sacaron de las celdas, uno detrás del otro, con solo la ropa que llevaban puesta. A Celia Leonard de Ávila le quitaron el hijo de meses que tenía en sus brazos y se lo entregaron a su hermana Nora, que también estaba presa en el penal. En medio de la oscuridad, los empujaron por los pasillos hasta el patio, donde los subieron a un camión que ya estaba con el motor en marcha. El camión cargado de presos salió del penal y se sumergió en las tinieblas rumbo al lugar elegido para perpetrar la masacre.

Casi al mismo tiempo que el grupo al mando del capitán Espeche sacaba a los presos del penal de Villa Las Rosas, a pocos kilómetros de ahí un grupo de uniformados realizaba un control de vehículos en la ruta que une la localidad de Güemes con la capital provincial. En realidad, necesitaban robar autos para montar una escena que les permitiera encubrir un asesinato en masa a sangre fría.

Primero detuvieron un Torino conducido por Héctor Mendilaharzu y poco después a una camioneta Ford F-100 donde viajaban Martín Julio González y su hermano. En los dos casos los hicieron bajar y, apuntándoles con armas largas, les dijeron que eran un comando del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y que necesitaban los vehículos para una operación de rescate. Los ataron, los amordazaron y los llevaron a un monte cercano, donde quedaron custodiados durante aproximadamente dos horas, hasta que los dejaron ir. Los tres liberados corrieron a campo traviesa, sin mirar atrás.

Poco después, el convoy que “trasladaba” a los detenidos y los dos vehículos supuestamente secuestrados por el ERP confluyeron en el paraje Palomitas, sobre la ruta 34, a unos 25 kilómetros de la ciudad de Güemes. Estaba todo listo para montar la escena: los fusilamientos a sangre fría de once personas disfrazados de muertes durante un enfrentamiento entre militares y “subversivos” que intentaban rescatar a los presos. Lo que siguió fue la ejecución de once personas indefensas.

La mañana del 7 de julio, por aviso de alguien que pasaba por allí, el Torino y la F-100 fueron “encontrados” a la vera del camino. Había cápsulas servidas por doquier. Las carrocerías tenían muchos impactos de bala y manchas de sangre. En uno de los asientos de la F-100 se encontraron restos de masa encefálica y una falange.

A primera hora de la tarde, un comunicado de la Guarnición Militar Salta informó sobre un “enfrentamiento con fuerzas subversivas” que habían intentado rescatar a los detenidos mientras los trasladaban. Era un discurso que se empezaba a repetir y que pronto se convertiría en una sangrienta caricatura: los “subversivos” morían en combate mientras que, llamativamente, nunca se contaban bajas entre las “fuerzas legales”.

Las investigaciones posteriores dejaron en claro que ninguno de los militares que participaron del supuesto “enfrentamiento” en Palomitas había recibido heridas y que ninguno de los vehículos que formaban parte del convoy de “traslado” tenía impacto de balas. En cuanto a los supuestos integrantes del comando del ERP que secuestró las camionetas para rescatar a los presos, nunca más se supo de ellos. Los únicos cadáveres que se encontraron eran de los presos que supuestamente iban a ser trasladados.

Los cadáveres de las víctimas fueron apareciendo poco a poco en diferentes lugares a raíz de denuncias de testigos que presenciaron extraños enterramientos de cuerpos humanos llevados en bolsas a cementerios de Salta, Jujuy y Tucumán. Las autopsias determinaron que, en todos los casos, las víctimas habían sido golpeadas salvajemente y ejecutadas con disparos realizados de arriba hacia abajo, es decir, cuando estaban arrodilladas. Los restos de dos de las cinco mujeres fusiladas siguen sin ser encontrados: son los de Georgina Graciela Droz y Evangelina Botta de Nicolai. La maniobra de ocultamiento se cerró con certificados de defunción firmados por un médico llamado Quintín Orué, un nombre que llamativamente no figuraba ni figura en los registros profesionales de la Argentina.

Julio de 1976 fue un mes clave en la aceleración y la profundización de la escalada del plan sistemático de exterminio de la dictadura. Dos días antes de la masacre de Palomitas, un grupo de tareas irrumpió en la Iglesia de San Patricio, en el barrio porteño de Belgrano, y ejecutó a balazos a tres curas y dos seminaristas relacionados con el Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo.

Esos asesinatos, que en ese momento se intentaron hacer pasar como una “operación perpetrada por elementos subversivos”, fue en realidad un acto de venganza por un atentado con explosivos realizado el 2 de julio en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, con un saldo de 23 muertos.

Por entonces, el jefe de la Policía Federal, general Arturo Corbetta, se negaba a que la fuerza se sumara a la represión ilegal y pretendía que actuara “con el Código Penal en la mano”. Después de la masacre de los curas palotinos, no solo se mantuvo en esa postura, sino que desplazó a dos jefes policiales sospechados de haber liberado la zona para que el grupo de tareas pudiera actuar sin ser molestado. Luego de eso, Corbetta fue desplazado y reemplazado por el general Edmundo Ojeda, dispuesto a actuar en el marco del plan sistemático.

El fusilamiento de los once presos en Palomitas se produjo el mismo día de ese reemplazo, y no demoró en ser leído como otra represalia por el atentado contra la Superintendencia de Seguridad Federal.

La Masacre de Palomitas fue uno de los hechos aportados como prueba en la Causa 13/84, el juicio a las Juntas militares. Pero para que se avanzara sobre al menos algunos de los responsables locales hubo que esperar mucho más. La primera sentencia llegó recién en 2010. Ese año, Mulhall, Gentil y Espeche fueron condenados a reclusión perpetua.

La segunda sentencia fue al año siguiente, en el juicio conocido como Palomitas II, cuando fueron condenados a prisión perpetua el exjefe del III Cuerpo del Ejército con asiento en Córdoba, Luciano Benjamín Menéndez, y el ex director de Seguridad de la Policía de Salta, Joaquín Guil, mientras que el ex federal y ex guardiacárcel Juan Carlos Alzugaray recibió una pena de 20 años de prisión.

Luego de esas dos sentencias, se inició otra investigación, llamada Palomitas III, donde quedaron imputados el ex jefe de Logística del Regimiento 5º de Caballería, Luis Dubois; los ex guardiacárceles Napoleón Soberón, Vicente Agustín Puppi, Víctor Manuel Rodríguez, Juan Salvador Sanguino, y los militares Joaquín Cornejo Alemán y Ricardo Benjamín Isidro de la Vega, subjefe del Ejército en Salta el primero y jefe de Personal el segundo, integrantes de la plana mayor.

Desde 2017, el lugar donde fueron asesinadas las once víctimas de la masacre de Palomitas está señalizado como Sitio de la Memoria.

Los testimonios escuchados en los tres juicios no dejaron dudas de que los once presos sacados de la cárcel de Villa Las Rosas la noche del 6 de julio de 1976 sabían que los iban a matar. También la carta escrita por la ex presa Graciela López lo confirma. Allí dice:

“Quiero compartir con ustedes el volver a sentir el vacío que la tragedia ha dejado en nuestras vidas: la Masacre de Palomitas con nuestras ex compañeras de prisión en Salta.

“Treinta años, sí 30, ese es el tiempo que ha transcurrido desde aquella noche de invierno en que sacaron a nuestras compañeras del pabellón donde yo estaba con ellas.

“Esa imagen recortada que conservo, donde primero escuchamos el pisar fuerte de abotinados, luego el ruido metálico de cadenas o esposas y las voces duras que gritaron uno a uno el nombre de nuestras compañeras, y ellas, en medio del silencio que anticipaba la tragedia, salieron preguntando a dónde iban.

“Así, con lo que llevaban puesto dentro del pabellón, sin más abrigo para protegerse del frío exterior desaparecieron ante nuestras miradas impotentes y nuestras preguntas, que quedaron sin respuesta ¿Adónde las llevan? ¿Por qué se las llevan? ¿Cuándo regresan?

“Traslado… traslado… traslado", fue lo que escuchamos. Todas, absolutamente todas, sabíamos lo que eso quería decir: Muerte”.