Atraparon a un ciudadano brasileño que intentaba ingresar al país con tobillera electrónica y sin documentos

Un ciudadano brasileño que intentaba ingresar al territorio argentino por un paso ilegal, quedó detenido al constatarse que llevaba una tobillera electrónica judicial activada y no tenía documentos. La Policía de Misiones lo interceptó la noche del miércoles durante uno de los operativos de control.

El hombre, identificado como R.G., de 35 años y domiciliado en Santo Antonio do Sudoeste, Estado de Paraná, portaba un cuchillo de gran tamaño oculto en la cintura. Los agentes lo encontraron cerca de las 20.30 horas con intenciones de cruzar a pie a través de la localidad de San Antonio, Misiones. Los agentes se encontraban trabajando en las zonas de frontera y picadas que conectan la provincia argentina con Brasil, dado que se trata de un área que suele utilizarse para este tipo de cruces irregulares.

Cuando los efectivos del Comando Radioeléctrico de la localidad, le solicitaron la documentación, el hombre no pudo acreditar identidad ni justificar su presencia legal en el territorio. La situación se complicó cuando observaron que portaba un dispositivo utilizado comúnmente para monitorear la ubicación de personas que están bajo arresto domiciliario o con libertad ambulatoria restringida. Esto disparó de inmediato una alerta internacional por el posible incumplimiento de restricciones judiciales.

De acuerdo con la información a la que accedió Infobae, se estableció que R.G. había recuperado la libertad en Brasil hacía solo una semana tras cumplir una condena por robo calificado. Según las averiguaciones, continúa bajo un proceso judicial en su país. Ante esta información, los agentes locales determinaron que la portación de la tobillera activada estaba relacionada con un régimen de vigilancia impuesto por las autoridades brasileñas.

Su desplazamiento fuera de ese radio representa un incumplimiento legal, por lo que el procedimiento quedó en manos de la Justicia de Misiones. En este sentido, intentarán esclarecer si el detenido registra pedido de captura internacional o antecedentes abiertos. Mientras tanto, el individuo permanece alojado en la dependencia policial de San Antonio, al aguardo de los procedimientos de extradición o repatriación que puedan ordenar los tribunales.

Al mismo tiempo, se solicitaron informes a la Policía Federal del país vecino y a los organismos de frontera para verificar su situación judicial y los motivos por los cuales salió de aquel territorio, pese a las restricciones impuestas.

A fines de abril, un hombre de 61 años, de nacionalidad coreana, fue extraditado tras haber sido acusado de una estafa inmobiliaria millonaria cometida en su país en 2009. El operativo fue coordinado entre la oficina de Interpol Buenos Aires y las autoridades de Seúl.

El avance en la causa se dio tras su detención en junio del año pasado, cuando intentaba ingresar por el Puente Internacional Tancredo Neves, que une Brasil con la provincia de Misiones. Tras quedar bajo custodia argentina, el caso pasó al Juzgado Federal de Eldorado, a cargo de Miguel Ángel Guerrero. Confirmada la vigencia de la orden internacional de captura, las autoridades judiciales iniciaron de inmediato las coordinaciones con Corea del Sur para organizar su traslado.

Sobre el adulto pesaba una orden de captura internacional emitida en 2017 por la Justicia de Corea del Sur, a partir de una denuncia en la que se lo señala como responsable de haber defraudado a una persona por un monto de 500 mil dólares, junto con un cómplice.

La causa se remonta a una supuesta inversión en un desarrollo urbanístico en el barrio de Bundang-gu, cercano a Seúl. Según la acusación, la víctima entregó como anticipo el equivalente a 700 millones de wones (alrededor de 500 mil dólares) para ingresar en el proyecto, que nunca se realizó.

Al investigar, las autoridades confirmaron que la operación había sido una maniobra fraudulenta y solicitaron el arresto internacional de los involucrados.

La extradición se concretó conforme a los tratados de cooperación entre ambos países y la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal, lo que permitió agilizar los trámites judiciales y administrativos necesarios.