Desarticularon una banda que contrabandeaba dispositivos electrónicos y los vendía en efectivo para no ser detectada

La Policía Federal Argentina llevó a cabo un despliegue que culminó con la desarticulación de una organización delictiva dedicada al contrabando de mercadería tecnológica en el oeste del Conurbano bonaerense. La banda introducía al país dispositivos de alto valor y los comercializaba en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a través de diversos canales físicos y virtuales. Los vendedores burlaban al fisco y generaban movimientos millonarios en efectivo.

La investigación comenzó a mediados de 2024 y se extendió hasta el mes de mayo cuando los efectivos del Departamento Delitos Fiscales detectaron publicaciones en redes sociales donde se ofrecían productos de una reconocida empresa tecnológica internacional a precios considerablemente más bajos que los del mercado formal.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el portal Primer Plano online, las primeras sospechas surgieron por la falta de facturación y la ausencia de respaldo documental como importadores autorizados. De este modo, el seguimiento a los perfiles virtuales permitió a los investigadores trazar un mapa preliminar de la operatoria.

Con intervención del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2, dirigido por el juez Pablo Yadarola, y la participación de la Agencia de Recaudación de Control Aduanero, se avanzó en profundidad sobre la estructura de la banda. A través de un allanamiento judicial, se detectó la existencia de varios centros de acopio, distribución y comercialización en puntos estratégicos de CABA y del Conurbano bonaerense. El operativo principal tuvo lugar en Ituzaingó, donde se centró la investigación.

La organización utilizaba exclusivamente dinero en efectivo para las transacciones comerciales, evitando el rastro documentado. Los vendedores empleaban perfiles que eran rápidamente dados de baja y sustituidos por nuevos usuarios, un modus operandi que dificultaba la identificación de los responsables y el rastreo de su actividad ilícita. De acuerdo con el portal, voceros del caso remarcaron que esta dinámica contribuía a sostener el mercado paralelo y permitía el ingreso ilegal de productos que luego eran distribuidos sin documentación ni garantía.

El juzgado autorizó quince allanamientos en simultáneo. Dos, en la Capital Federal, y los otros se realizaron en Tigre, San Miguel, José León Suárez, Villa Ballester, Villa Bosch, Bella Vista, Ituzaingó y Salto, en el interior de la provincia de Buenos Aires. Los procedimientos fueron efectuados por personal policial junto a equipos de la agencia aduanera, quienes ingresaron a centros de acopio, comercios y viviendas particulares vinculadas a la red investigada.

Durante los operativos se secuestraron teléfonos celulares —cerca de 600 unidades—, así como 2.400 fundas de distintas marcas, 1.000 accesorios como cargadores, cables USB y auriculares; además de documentación relevante para la investigación. Los efectivos también incautaron 7.991.200 pesos en efectivo y 3.982 dólares. El total del material decomisado alcanza un valor estimado en 673 millones de pesos.

A raíz de los procedimientos, siete personas fueron notificadas de su imputación, cuatro hombres y tres mujeres, todos sindicados como miembros activos de la estructura criminal. Hasta el momento, no se realizaron detenciones, solamente los involucrados quedaron a disposición de la Justicia tras ser notificados de la infracción al Código Aduanero.

Una organización delictiva señalada por realizar estafas millonarias en varias provincias argentinas y países limítrofes fue desarticulada tras una serie de allanamientos coordinados por el Departamento de Casos Especiales y la Policía de Santiago del Estero. La banda, autodenominada “Los Parseros de la Estafa” y conformada principalmente por ciudadanos venezolanos, fue objetivo de operativos simultáneos en domicilios de Lomas de Zamora, La Matanza, San Martín y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con intervención de varias jurisdicciones judiciales.

La causa se inició en septiembre de 2024, luego de que un hombre fuera asaltado en una oficina de la provincia a manos de supuestos representantes de la firma Omega Inversiones. Durante el encuentro, pactado para la obtención de un préstamo de cuatro millones de dólares, la víctima entregó un anticipo de 100.000 dólares, que le fue sustraído bajo amenazas con armas de fuego. El análisis de cámaras de seguridad y comunicaciones permitió identificar a los integrantes de la red.

Durante los operativos, fueron detenidos cuatro ciudadanos del vecino país y seis cómplices —cinco de la misma nacionalidad y uno argentino—. Por otro lado, se secuestraron vehículos, teléfonos celulares, una caja fuerte, una máquina contadora de dinero y fajos de papel simulando billetes.