El plan de Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) fue creado en 2018. El actual gobierno lo desmanteló. La justicia va a decidir su continuidad. El futuro de las adolescentes está en juego. ¿Pueden decidir si quieren estudiar o ser madres con anticonceptivos a disposición o van a quedar atrapadas en un futuro que les imponen sin posibilidad de apostar por su proyecto de vida?
La Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes presentó, el 26 de febrero, un amparo para que el Ministerio de Salud de la Nación “reanude inmediatamente” la política pública destinada a proteger a niñas y adolescentes.
El juez federal Martín Cormick, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, aceptó la acción colectiva impulsada por la Defensora Marisa Graham y el Defensor adjunto Juan Facundo Hernández y trasladó el caso a la fiscalía.
La aceptación de la acción colectiva es un mensaje positivo de la justicia sobre la validez del reclamo. Todavía falta la resolución. Pero el primer paso es hacia adelante y abre la puerta a que el Poder Judicial limite el retroceso del Poder Ejecutivo en la garantía de derechos para que las adolescentes puedan acceder a anticonceptivos eficaces, de calidad y de largo plazo.
El juez dio entidad a la presentación y lo considera un caso colectivo. Todavía no se expidió sobre lo que debería hacer el gobierno. Si la solicitud prospera el Ministerio de Salud estaría obligado a ejecutar el presupuesto asignado para las “políticas sanitarias vinculadas a la salud sexual y reproductiva”. También puede apelar ante una decisión adversa.
La resolución, si fuera favorable, implicaría la obligatoriedad de “asignar y ejecutar presupuesto para la prevención del embarazo adolescente no intencional; de enfermedades de transmisión sexual; del abuso y la violencia sexual y el acceso a una interrupción voluntaria y legal del embarazo”.
En la presentación judicial se pide que se garantice el personal suficiente para que los equipos territoriales puedan seguir trabajando, que se entreguen anticonceptivos (especialmente de larga duración que son los que lograron la efectividad del plan), que continúen las capacitaciones a los efectores de salud de las doce provincias y que se restituyan los espacios de consejerías.
La Ley de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (26.061) permite la posibilidad de esta petición. La base del amparo radica en que quienes pierden posibilidades son las niñas y adolescentes, abusadas o sin información y acceso económico a anticonceptivos en las zonas más vulnerables del país.
Juan Facundo Hernández contextualiza: “Esta política fue muy exitosa. En cinco años disminuyó en un 50% el embarazo adolescente, de los 10 a 14 años. Es una política que tuvo evaluación de organismos internacionales como UNPFA (Fondo de Población de las Naciones Unidas). No tenía ningún sentido erradicar el plan”.
Otro punto que motivó la presentación judicial es que la comisión de salud del Congreso de la Nación sacó un dictamen favorable a la continuidad. El Defensor apunta: “Es una política que tuvo un consenso unánime. Comenzó en el gobierno de Mauricio Macri, en 2017 pero ahora despidieron a todos los trabajadores, desmantelaron el programa y se paró la compra de insumos”.
Hernández acentúa: “A partir de la falta de respuestas del gobierno, que decía que se mantenía, pero en el 2024 la ejecución presupuestaria es mínima, casi no existe. Por eso, decidimos iniciar un amparo para que se restituya el Plan como se había diseñado en las doce provincias en las que se implementaba”.
En 2023 el Plan ENIA tuvo una ejecución presupuestaria de $2.028 millones. A inicios del 2024 se habían asignado $2.243 millones, pero, a lo largo del año, sufrió un recorte del 12% y terminó en $1968 millones. Pero del dicho al hecho (aún recortado) hubo mucho trecho y solo se ejecutaron $277 millones. Por lo tanto de la plata que tenían para invertir en anticonceptivos, capacitaciones y consultorías solo usaron el 14% de lo que tenían asignado.
En 2025 el Plan ENIA tiene un presupuesto acordado de $1356 millones. Con las proyecciones inflacionarias del 2024 y 2025 los fondos disponibles deberían tener una indexación que lo lleve a contar con $9063 millones para tener la misma capacidad de incidencia que en el 2023. Sin embargo, no se reasigna presupuesto, ni se usa para evitar la maternidad forzada en niñas y adolescentes.
“Fue un plan para una vida mejor para las niñas y adolescentes de nuestro país”, remarca Silvina Ramos, ex coordinadora técnica del Plan ENIA e investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES).
Ella destaca: “ENIA fue una política pública ejemplar por su diseño intersectorial, basado en intervenciones que habían ya mostrado su eficacia, implementado en forma colaborativa con las provincias y con un sistema de monitoreo que permitía hacer seguimiento, corregir y rendir cuentas a la sociedad sobre el uso de fondos públicos“.
Ramos explica: “Estuvo basado en un enfoque de derechos y equidad social, contribuyó a crear oportunidades de vida para las y los adolescentes ayudándoles a prevenir embarazos no intencionales y maternidades y paternidades tempranas que hubieran afectado negativamente su educación e inserción laboral. También contribuyó a la prevención y detección temprana de abusos sexuales. Su desmantelamiento las dejó sin esa oportunidad. Fue un fuerte golpe para todas ellas”.
El Plan ENIA logró reducir en un 60% el embarazo adolescente no intencional. En 2013 había 117.386 madres adolescentes; en 2019 la cifra se redujo a 69.803 y, en el 2021, a 46.236 chicas, de entre 15 a 19 años y 1.394 niñas menores de 15 años que tuvieron un hijo.
Uno de los argumentos del amparo es que “En el período 2010-2015 la tasa de fecundidad adolescente en Argentina fue superior a la de Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay y que algunas provincias, generalmente las más empobrecidas, presentaron tasas de fecundidad adolescente mucho mayor al promedio nacional”.
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