Un juez prohibió que las embarazadas presas sean esposadas durante el parto

“Yo venía exhausta, y otra vez esposada, en una mano tenía la hidratación y en la otra mano la esposa, no podía hacer nada, la oficial me dijo te tengo que esposar de las manos”.

El juez de Ejecución Penal de Córdoba Facundo Moyano Centeno dispuso “prohibir la colocación de medidas de sujeción”, es decir las esposas, a las embarazas presas “durante el preparto, parto y posparto basados en el mero temor a una posible fuga”. Lo hizo al aceptar un habeas corpus colectivo a favor de mujeres que se encuentran en esa situación y le comunicó su decisión al Servicio Penitenciario de la provincia.

El magistrado también dispuso -en su resolución de principio de mes a la que accedió Infobae- que a las embarazas presas se les debe asegurar que durante el parto estén acompañadas por una persona que ellas elijan y que no haya personal penitenciario en la sala de parto por respeto a su intimidad.

“Permitir que una persona realice el parto esposada es una forma de violencia institucional”, sostuvo el juez.

La causa se inició por una presentación de la asesora letrada Oliva Montuori a favor de las embarazadas presas por la situación que vivían de tener que estar esposadas antes, durante y después del parto como una medida de seguridad innecesaria ya que por su estado no se corría ningún riesgo de fuga ni de otro tipo. A la causa judicial se sumó como “amigo del tribunal” la Procuración Penitenciaria de la Nación -el organismo que vela por los derechos humanos de las personas detenidas- a través de su delegación en Córdoba, a cargo de Rossana Gauna.

La causa tuvo su trámite. Primero fue rechazado el reclamo, el expediente llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba que ordenó escuchar el testimonio de las mujeres. Así fueron convocadas 10 mujeres que habían parido mientras estaban detenidas. Y en esas audiencias contaron sus padecimientos.

Una de las detenidas -sus identidades serán mantenidas en reserva- contó que en la sala de preparto estaba con muchos dolores y esposada. “Pedía ayuda a la oficial para ir al baño, en una parte no me cuido más el Servicio Penitenciario, después me cuidaba la policía del Córdoba y eso fue feo porque ya con el personal penitenciario uno ya lo conocía, la policía de Córdoba me trataba mal, usaron unas esposas que eran más pequeñas que las del servicio, me la tenía que poner en la pierna y no podía porque la pierna era más chica y tenía la pierna morada, no quería estar esposada de las manos y yo decía ‘no voy a salir corriendo no me voy a escapar. El personal me dijo ´yo te entiendo pero si te saco las esposas y viene mi jefe y te ven sin la medidas de seguridad a mí me echan´”, recordó.

Cuando la iban a trasladar a la sala de parto costó sacarle las esposas. Luego nació su hija. “Yo venía exhausta, y otra vez esposada, en una mano tenía la hidratación y en la otra mano la esposa, no podía hacer nada, la oficial me dijo te tengo que esposar de las manos”, contó. Hasta que pidió que la vuelvan a esposar en las piernas para poder tener su hija: “Yo quería tenerla, cambiarla, tenerla a upa, no me importaba que me doliera la pierna”.

Otra mujer contó que no tuvo ninguna clase de explicación cuando le hicieron un legrado. Recordó que se estaba duchando cuando comenzó con sangrados y a los gritos pidió ayuda. La trasladaron en ambulancia a la maternidad. “No me habían dicho que me iba a hacer un legrado, no sabía lo que estaba pasando, en ningún momento me dijeron que había perdido a mi bebe. A mi hermana le dijeron que estábamos bien los dos”, contó. Estaba embarazada de cuatro semanas.

Ante las preguntas que le hicieron en la audiencia contestó que nunca le dijeron que podía estar acompañada, que no le volvieron a hacer ecografías ni la vio una ginecóloga en la cárcel y que cuando fue a la sala de post parto estuvo esposada a la cama. “Yo sola me di cuenta que iba a un legrado por la cantidad de sangre que tenía”, recordó.

Otra interna relató que no sabía que estaba embarazada cuando en la cocina de la cárcel empezó con dolores. Le pidió a una penitenciaria que la llevaran a ver a un médico. “Ya te vamos a llevar”, le respondieron. Insistió para que la lleven pero no tuvo respuesta. Fue al baño, se tiró al piso y empezó a llorar. Sus compañeras empezaron a gritar.

La atendieron con suero e ibuprofeno pero al día siguiente continuó con los dolores. La volvieron a atender en el servicio médico de la cárcel y le dijeron que tenía piedras por lo que debía tomar mucha agua. 15 días después le hicieron una ecografía y se determinó que estaba embarazada. Un día se despertó toda mojada y la médica le dijo que debía ser pis, que no se preocupe. Pero luego comenzó con sangrados. La llevaron a la maternidad y allí le dijeron que había perdido todo el líquido amniótico: “Lloré, yo no quería que me lo sacara”. Contó que hacía mucho tiempo venía buscando un hijo con su pareja.

“Estaba casi de cuatro meses, me decían que estaba todo bien. Antes del legrado estuve esposada casi tres horas, no podía despedir el bebe. Me pusieron una bata, estaba desnuda, me dolía mucho, estaba la custodia, nunca me dejó sola, quedé tirada como una perro, no me prestaban atención. Estuve como dos horas, no daba más de los dolores, me decía que siga así, que en algún momento lo iba a expulsar”, recordó.

Hubo también casos de violencia psicológica. Una mujer relató que después de parir la medica le pone a su bebé en brazos pero después de un tiempo de darle besos y abrazarlo, la custodia del servicio penitenciario le dijo a la médica que se lo saque porque no podía tener contacto con su hijo porque tenía antecedentes en causas penales con menores.

“Una celadora dijo ´como iba a parir un chico si mató uno´”, contó otra mujer que en su relato también señaló que nunca le dijeron a su familia que podía ir a visitarla al hospital después del parto ni que la podían acompañar en ese momento. También relató que el día previo al parto estuvo todo el tiempo con medidas de sujeción y que después de la cesárea la volvieron a esposar y que por eso motivo no le permitieron caminar.

La resolución

En la causa judicial el Servicio Penitenciario de Córdoba informó que el uso de las esposas depende de “las condiciones de seguridad del lugar como de las características criminológicas de cada interna” y que se lo hace para evitar una posible fuga. Como gesto, explicaron que se ata un solo pie “para permitirle así la asistencia del recién nacido”. También señala el informe que si los médicos piden que la mujer no está esposada no lo hacen.

“El de las mujeres detenidas resulta un colectivo especialmente vulnerable, escucharlas posibilita entender las situaciones vividas por ellas, para así hacer que se respeten sus derechos”, dijo el juez Moyano Centeno en su fallo.

El magistrado señaló que “el uso de dispositivos de seguridad en general, para todas las personas privadas de su libertad, debe ser la excepción y nunca la regla, pueden ser utilizadas como última ratio, más no como medida general y en el caso de las mujeres en estado de gravidez, su uso debe estar prohibido”. Explicó que hay una serie de normas internacionales sobre derechos humanos como las Reglas de Bangkok de Naciones Unidas que establecen que no se usará ningún medio de coerción para mujeres antes, durante y después del parto.

“Permitir que una persona realice el parto esposada es una forma de violencia institucional, en tanto que durante el periodo posterior al alumbramiento (post parto) se considera importante además garantizar la movilidad de la mujer, tanto para el amamantamiento como para el cuidado del recién nacido, así como también para su propia evolución física y recuperación, permitiendo a modo de ejemplo que deambule por la sala cuidando su intimidad y su integridad”, dijo el juez.

El magistrado ordenó la prohibición del uso de esposas. Pero también dispuso que cuando se constata que una detenida está embarazada se le debe informar de su derecho a estar acompañada por alguien de su confianza en el parto. También que se evite la presencia de personal penitenciario durante y después del parto para que se respete el derecho a la intimidad y a la dignidad. El juez dijo que eso no se puede violar “por el mero temor a una posible fuga”. “Si existe tal peligro la autoridad carcelaria deberá buscar otros medios razonables”, agregó.

Moyano Centeno advirtió que los protocolos en la materia son deficientes y parcialmente ejecutados y que no se ajustan a las normativas internacionales vigentes. Eso es porque “los encargados de su aplicación carecen de conocimiento y preparación adecuada al respecto”, además de que existen limitaciones económicas y estructurales. Por eso también ordenó “en forma inmediata cursos y capacitaciones en la temática a través de personal idóneo y capacitado en la materia a fin de brindar la instrucción necesaria”.

Por último, el juez ordenó que el personal penitenciario respete a las mujeres presas: “Conforme los dichos de las internas en las audiencias resulta adecuado recomendar a quienes se encuentren a cargo del cuidado y custodia de las mismas que no prime un sentimiento de revancha o retributivo hacia estas sin importar el motivo por el cual están purgando condena”. Y por los relatos de las mujeres, el magistrado le pidió al Servicio Penitenciario que inicie actuaciones administrativas.

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