El miércoles 12, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un proyecto de ley para declarar la utilidad pública y la expropiación del predio donde ocurrió la tragedia de Cromañón en la que murieron 194 jóvenes la noche del 30 de diciembre de 2004. Con 207 votos afirmativos, 0 abstenciones y 0 rechazos, la norma propone que el boliche ubicado en el barrio de Balvanera se convierta en un espacio dedicado a la memoria, una medida solicitada también por los familiares de las víctimas y los sobrevivientes.
Nilda Gómez, madre de Mariano Alexis Benítez, quien murió durante el incendio que se desató en pleno recital de la banda de rock Callejeros, habló con Infobae sobre sus sensaciones tras la aprobación del proyecto, su deseo de que avance de la misma forma en la Cámara de Senadores y los próximos pasos en caso de concretarse la expropiación. Nilda además es abogada y presidenta de la ONG Familias por la Vida, la entidad que fundó para pedir Justicia y también para concientizar a las generaciones venideras con una serie de talleres y actividades en el ámbito educativo.

“Considero que es un paso enorme que se ha dado, porque la expropiación también es Justicia; fundamentalmente porque fue por unanimidad”, sentencia. Y agrega con emoción: “Es como si los diputados hubieran entendido qué pasó hace 17 años y cuál es la responsabilidad de la Ciudad de Buenos Aires y del Estado, sin olvidar también a los privados. Por eso nos hace sentir mejor que hoy todos los legisladores, de todo el arco político, se pusieron de acuerdo para sancionar la necesidad en favor del pedido que estábamos haciendo los familiares”.
Explica, además, que el reclamo por los derechos humanos de los jóvenes de Cromañón implicó un debate social arduo, que puso en manifiesto la existencia de prejuicios que resultaron dolorosos para cada madre que perdió a su hijo aquella noche del 30 de diciembre. “El hecho de que estuvieran divirtiéndose hizo que algunos le quiten importancia a su muerte, y tuvimos que luchar contra toda la estigmatización y culpabilidad que recayó sobre las víctimas, y por eso salimos a reclamar por los derechos de chicos que fueron asesinados y masacrados”, expresa.

Recuerda que la ONG presentó un proyecto de ley similar en 2019, poco después de que Rafael Levy, dueño de “Nueva Zarelux S.A.” -quien fue condenado a cuatro años y medio de prisión por el caso- recibiera las llaves del lugar tras quedar en libertad y realizara algunas reformas en el interior. “En ese momento decidimos colocar delante de la puerta del boliche las 194 velitas, para que se entendiera qué es lo que estábamos reclamando, y que lo exigíamos no porque quisiéramos quedarnos con una propiedad ajena, sino para que se construyera un espacio de memoria en ese lugar, donde las nuevas generaciones de músicos también pudieran encontrar y entender la importancia de conocer todos los riesgos que ellos mismos pueden correr a la hora de organizar un show”, detalla.
“La plata no es más importante que la vida, y un ascenso meteórico para ser estrellas de rock no tiene por qué llevarse la vida de nadie”, agrega, teniendo presente los mensajes que desea transmitirle a la sociedad. En cuanto al destino que anhela para el lugar, revela: “En su momento habíamos firmado un convenio con el Instituto Nacional de la Música (INAMU) para que pudiéramos trabajar en colaboración una vez que se diera la expropiación, y que los músicos que ya no dan conciertos, por vejez o imposibilidad, pudieran transmitir contenido histórico allí”.
“Nos gustaría darles la oportunidad también a aquellos que se equivocaron y pusieron la culpa en los chicos, de una autocrítica, y poder pensar en espectáculos de masiva concurrencia de una manera diferente, donde se cuide a la gente y no solamente los bolsillos de quienes los organizan”, sostiene. En sintonía con su pensamiento, en los fundamentos del proyecto se detalla que una de las finalidades de la expropiación será “conservar el predio como refugio de la memoria de lo ocurrido, un espacio social donde circule la memoria colectiva y ayude a que las víctimas no se aíslen en un reclamo individual”.
Nilda trata de mantenerse positiva sobre los próximo pasos en el Congreso Nacional, pero un antecedente sobre la ley de alcohol cero, la preocupa: “Nosotros habíamos logrado una media sanción por unanimidad también por la ley de alcohol cero, pero luego perdió estado parlamentario, y eso es algo que también tiene que ver con las muertes evitables, con el cambio cultural, que los chicos tienen que entender que si va a tomar tiene que haber un conductor designado, de no estar al volante habiendo bebido alcohol”. Decidida a luchar por los valores y las causas que defiende, se aferra a los talleres que brinda en distintas escuelas para que cada chico vuelva a sus casa seguro, previsto de herramientas para ejercer sus derechos protegiendo su vida y las de quienes los rodean.
“El compromiso que veo en las comunidades educativas es impresionante; el respeto con el que los chicos ayudan a colgar la bandera de Cromañón, a doblarla, a guardarla, cómo escuchan a los sobrevivientes y a los padres, todo eso nos da fuerza para seguir”, confiesa. Desde que perdió a Mariano, asegura que concentró sus fuerzas en vivir un día a la vez, y siente una profunda impotencia: “Fue una muerte evitable, absurda, inaudita, temprana, que no tiene explicación; por codicia de otros, por corrupción”.

Define la tragedia como “una trampa mortal” y enumera con dolor todos los factores que considera determinantes en la muerte de su hijo: “Todas esas personas en una cantidad de metros que no estaba acorde a la normativa, con escaleras en el centro del boliche, con salidas de emergencias no autorizadas, los aireadores y los rociadores tapados, sin agua, todos los matafuegos vencidos; sumado a todo lo que ya sabemos, de todas las irregularidades posibles con las que ese boliche estaba funcionando, que finalmente se convirtió en una cámara de gas”, rememora con tristeza.
Sobre el final destaca que la media sanción es “un acto de Justicia”, y celebra también que el lugar se declare patrimonio de importancia histórica en la Ciudad de Buenos Aires. “Es importante para que las próximas generaciones entiendan lo que pasó, que la diversión es un derecho inherente al ser humano, y si se vulnera y encima ocasiona la muerte, debe haber respuesta de los responsables”, reflexiona.
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