Los mapuches que ocuparon un campo privado en El Foyel, a 70 kilómetros de Bariloche, revelaron que cuentan con el acompañamiento del Estado a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que incluso les habría provisto alimentos y sistemas de comunicación.
Blanca Rosa Gallardo Calfú, líder de la agrupación que tomó las tierras que desde hace 40 años son propiedad de un particular, admitió que “tras haber intentado la recuperación del territorio con abogados, volvimos al terreno con el acompañamiento del INAI”.
La mujer, que está prófuga debido a que el juez Ricardo Calcagno la consideró en rebeldía y emitió orden de captura en su contra, hizo referencia a un proceso judicial que tuvo lugar en la década del 90, en el que la Justicia avaló a los dueños actuales como propietarios de las tierras.
“Durante 40 años llevamos la lucha con abogados y como pudimos. Nunca tuvimos una respuesta como ahora, que nos está apoyando el INAI en nuestra recuperación. Uno cuando es chico no tiene posibilidad de pelearla, pero hoy gracias a Dios estoy pisando mi suelo. Estoy emocionada y voy a dormir con mis ancestros”, reveló la mujer.
La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, fue crítica con el organismo nacional que conduce la ex senadora Magdalena Odarda, al considerar que tiene un rol “muy activo” en las recientes ocupaciones.
Integrantes de la familia Soriani, que permanece cautiva dentro de su propiedad, hablaron con Infobae y contaron que “en las últimas horas no hubo cambios" y que "los usurpadores nos mantienen aislados, prisioneros en nuestro lugar”.
Además, dijeron que están “haciendo malabares para poder ingresar provisiones, como podemos, a escondidas de los mapuches”.
A pesar de que la agrupación trata de mostrarse “pacífica”, los videos que circulan demuestran lo contrario. Intimidaciones, amenazas con palos y piedras y agravios verbales son algunos de los artilugios que utilizan para confrontar con los dueños del lugar, quienes no pueden entrar ni salir. Los usurpadores son entre 40 y 50 y se dividieron en dos grupos, para bloquear los dos accesos que tiene el campo.
En tanto, este viernes se realizó una audiencia virtual en la que el magistrado que entiende en la causa rechazó el pedido de desalojo que solicitó la familia a través de su abogado patrocinante. Su argumento es que para tomar esa determinación debe escuchar la defensa de los acusados, quienes no se presentaron en la audiencia, motivo por el que emitió su captura.
La Policía de Río Negro se mantiene en el lugar, con personal uniformado de un destacamento cercano al campo, y de la fuerza de choque denominada Coer. Su objetivo es evitar que ingresen más personas al asentamiento ilegal e incluso que los allegados y amigos de la familia se acerquen al foco de conflicto.
Además, tiene como misión detener a Gallardo Calfú y a Juan Carlos Oyarzo, las únicas dos personas que la fuerza policial pudo identificar debido a que los mapuches también les prohíben el ingreso a los uniformados.
En ese sentido, la familia Soriani contó a Infobae: “Estamos esperando que la justicia actúe, mientras tanto seguimos encerrados. Contamos con acompañamiento de mucha gente, pero los mapuches siguen adentro de nuestra propiedad”.
La indignación de un allegado de la familia
“El tema es complicado. Una comunidad mapuche se apoderó de los caminos y de la tierra de ingreso de la familia Soriani, que está totalmente sitiada. Están armados con piedras y palos”, relató un allegado a los damnificados, poco después de conocer la situación.
A través de un audio, el hombre expresó: “No es la forma. Si dicen ser los dueños de estas tierras, el camino es la Justicia. Es una locura. Hay cuatro personas que tienen que estar secuestradas en su propiedad, no es la decisión de una ley o un fiscal, es la decisión de cinco o diez personas a los que se les ocurre hacer esta locura. ¿En qué país vivimos? Estamos todos locos”.
En otro audio, el mismo allegado cuestionó al fiscal por su actitud de “liviandad” ante el caso ya que quienes están en el campo “están desprotegidos”. “Si les llega a pasar algo, alguien va a tener que hacerse cargo”, difundió a través de mensajes de WhatsApp.
El hombre criticó al fiscal Arrien por impedir a la gente cercana a los dueños del territorio ingresar al lugar, cuando “a los mapuches los deja actuar con total libertad en una propiedad que les es ajena”.
Los amigos de la familia se reunieron este sábado en el ingreso al campo para reclamar celeridad en la resolución judicial y el desalojo de las tierras que pertenecen a la familia desde hace 40 años.
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