Esta tarde, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo M. Hornos como presidente, y Mariano Hernán Borinsky y Javier Carbajo como vocales, luego de la audiencia celebrada en dicha instancia, resolvió, por unanimidad, confirmar el sobreseimiento de Moira Ivana Millán en una causa que se originó en septiembre de 2017 cuando la activista ocupó un Juzgado Federal de Esquel.
La imán-lonko de la comunidad mapuche Pilláñ Mahuiza lo hizo junto a miembros de la Lof Vuelta del Río de Chubut el 20 de aquel mes con el objetivo de lograr la renuncia del magistrado Guido Otranto, disconformes con su actuación durante el caso Santiago Maldonado.
La fundadora del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir había sido sobreseída en octubre de 2018 en una causa iniciada de oficio por la fiscal subrogante de Esquel, Silvina Ávila, quien imputó a Millán, de 48 años y residente en Corcovado, Chubut, por coacción agravada por su irrupción junto a más de una decena de indígenas en el tribunal para recriminarle al juez por un allanamiento a esa comunidad.
Durante las cuatro horas en que la planta baja del juzgado permaneció tomada sin que se registraran incidentes el tribunal debió interrumpir su normal funcionamiento. Millán, que actuaba como una suerte de vocera de la comunidad, había advertido a los medios que no desocuparían el tribunal hasta tanto Otranto no renunciara a su cargo.
La medida de Millán tuvo como propósito efectuar un reclamo concreto con relación a irregularidades suscitadas en los allanamientos realizados en territorio mapuche de la provincia de Chubut, en el marco de la investigación del joven que fue encontrado sin vida el 17 de octubre de 2017.
Los jueces Hornos, Borinsky y Carbajo, además de ratificar el sobreseimiento, descartaron que los hechos encuadren en otras figuras delictivas.
Durante la toma, la policía ingresó y rodeó el edificio y la tensión finalmente cedió una vez que el magistrado bajó de su despacho para escuchar durante 40 minutos las recriminaciones de los mapuches indignados. Otranto dijo que había ordenado el allanamiento a la lof ante indicios de que el joven tatuador podría estar allí, mientras que los miembros de la comunidad Vuelta del Río le reprochaban “el violento allanamiento y el maltrato” por parte de las fuerzas de seguridad.
En el allanamiento, que se desplegó en forma simultánea al megaoperativo de búsqueda de Maldonado en la lof de Cushamen, se secuestraron armas pero no se encontraron rastros de que allí hubiera estado el joven platense. La denuncia carecía de asidero.
En primera instancia, el juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, entendió que se trató “de un reclamo pacífico” y que Millán no ofició como cabecilla de la movilización sino que también “hicieron uso protagónico de la palabra” las demás personas que la acompañaban.
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