El diputado del PRO Cristian Ritondo presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de resolución que le pide al Poder Ejecutivo un informe exhaustivo sobre el Monotributo, en un momento en que el padrón del régimen simplificado acumula más de cuatro años de expansión sostenida sin que eso se haya traducido en una reducción de la informalidad laboral.
El padrón del régimen simplificado para pequeños contribuyentes rozó los 4,74 millones de inscriptos en septiembre de 2025, según registros oficiales. Entre 2012 y 2024, el número de trabajadores adheridos al sistema creció un 56%, mientras que el empleo asalariado formal apenas avanzó un 3% en el mismo período, de acuerdo con datos de la Secretaría de Trabajo.
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El proyecto de Ritondo, impulsado también por las inquietudes de la Asociación MARA (Monotributistas Asociados República Argentina) que se reunieron con el presidente del bloque amarillo en la previa a las vacaciones de invierno, busca que el Ministerio de Economía entregue datos desagregados por categoría —de la A a la K—, por tipo de actividad, por provincia y por modalidad de inscripción. El legislador pide información que abarque desde 2023 hasta la fecha de respuesta, con el argumento de que esos datos son indispensables para diseñar futuras reformas fiscales.
El pedido llega en un contexto en el que la expansión del padrón convive con una paradoja: la informalidad laboral no cede. Según la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la tasa de empleo informal se mantiene en torno al 43% de la población ocupada, con cerca de 9 millones de trabajadores sin aportes jubilatorios. En los últimos 13 años, esa proporción apenas bajó 1,5 puntos porcentuales, al pasar del 41,8% al 40,3%, a pesar del fuerte crecimiento del padrón monotributista.
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La explicación que dieron desde la Casa Rosada de ese fenómeno apunta en dos direcciones. Por un lado, una parte de los nuevos monotributistas son en realidad trabajadores en relación de dependencia no registrados que aportan al sistema como independientes. Un estudio del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) estimó que el 14% de los empleados no registrados factura como monotributista para una empresa. Por otro lado, el trabajo independiente informal creció en paralelo al formal, neutralizando los avances en la registración.

El proyecto de Ritondo pide precisamente datos que permitan dimensionar ese fenómeno. Entre los puntos del informe solicitado figura la distinción entre Monotributo “Puro” —quienes pagan los tres componentes del régimen: impuesto integrado, aporte jubilatorio y obra social— y Monotributo “No Puro”, que incluye a jubilados, trabajadores en relación de dependencia, profesionales con cajas provinciales y menores de 18 años, todos con exenciones parciales o totales.
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El legislador también pide datos sobre el Monotributo Social, una modalidad subsidiada destinada a efectores sociales que quedó en el centro de la polémica en diciembre de 2024, cuando una depuración del padrón provocó la baja de cerca de 400.000 inscriptos en un solo mes. Un estudio de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia había detectado que menos del 10% de los titulares del Monotributo Social emitía facturas, y que no se realizaban bajas por incompatibilidades desde marzo de 2021.
El informe solicitado deberá incluir además indicadores de morosidad y cobrabilidad entre 2023 y 2026, y la cantidad de contribuyentes que durante ese período abandonaron el régimen simplificado para pasar al régimen general de autónomos, ya sea por exclusión de oficio o de forma voluntaria. La categoría K —la más alta del sistema— permite facturar hasta $108.357.084 anuales con los valores vigentes desde abril de 2026, y su superación implica la salida automática del régimen.
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Desde el despacho del presidente del bloque amarillo explicaron que el pedido tiene que ver con la intención de “contar con información precisa y actualizada sobre la situación de los monotributistas en Argentina desde 2023 hasta hoy” y que, con esos datos, “tener un diagnóstico real que permita diseñar mejores políticas de alivio fiscal, inclusión y formalización, adaptadas a las necesidades concretas de los monotributistas”.
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