Protesta por los despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica: ATE tomó el edificio

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) tomó este martes la sede central de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en rechazo a la desvinculación de casi 100 empleados del organismo. Efectivos de Gendarmería Nacional custodiaron el edificio ubicado en el barrio porteño de Núñez, donde se registraron breves incidentes entre manifestantes y fuerzas de seguridad. La protesta se extendió además a otras sedes del organismo en distintos puntos del país.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, difundió la medida de fuerza a través de sus redes sociales y anunció una permanencia pacífica en el lugar hasta obtener respuestas de las autoridades. Según el gremio, el presidente de la CNEA, Martín Porro, no se presentó ante los trabajadores: “Está atrincherado por decisión propia”, aclaró el sindicato.

Horas antes de la ocupación, el vocero presidencial Adrián Ravier había confirmado en su primera conferencia de prensa de la mañana que la estructura de la CNEA se redujo un 57,83%, al pasar de 645 a 272 cargos. Horas después de ese dato que ratificó la política de ajuste del gobierno nacional en las reparticiones públicas, se produjo la protesta de parte de trabajadores de la CNEA quienes dijeron haber sido notificados de la caída de sus contratos.

ATE calificó los despidos como una “canallada” del Gobierno y advirtió que las desvinculaciones afectan a “profesionales, investigadores, técnicos y personal especializado con más de 10 años de antigüedad que sostienen áreas críticas del desarrollo nuclear argentino”, según el comunicado del gremio. El sindicato sostuvo que se trata de un intento deliberado de desmantelar el organismo para facilitar su privatización posterior.

En esa línea, Aguiar invocó el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza la estabilidad laboral en el Estado, y advirtió que quienes impulsen las cesantías “van a terminar todos presos” si actúan al margen de esa norma. La organización sindical también señaló que Argentina es uno de los tres países del hemisferio sur con generación de electricidad de origen nuclear, y que el proceso en curso amenaza ese desarrollo soberano.

Por su parte, la diputada nacional Julia Strada, de Unión por la Patria, amplió el diagnóstico al denunciar los nuevos despidos en la CNEA y enmarcarlos en un deterioro financiero más amplio. Según datos del Grupo EPC citados por la legisladora, el presupuesto del organismo registra en mayo de 2026 una caída real del 32,9% respecto de 2023. La inversión en bienes de capital se desplomó un 53,4% en el mismo período, mientras que los salarios reales acumulan una pérdida del 32,1% desde noviembre de 2023.

Strada también consignó que el empleo en la CNEA —sin contabilizar los recientes despidos— ya se había reducido en 494 puestos, lo que equivale a una baja del 12,1%, y que la masa salarial cayó un 42,5% frente a los niveles de 2023. Las cifras, según la diputada, configuran “un proceso de desfinanciamiento que compromete las capacidades científicas, tecnológicas y estratégicas” del sector.

Desde el Gobierno, Ravier encuadró las bajas en la CNEA dentro de un programa más amplio de reducción del empleo público. El vocero indicó que en los últimos dos meses el ritmo de egresos de la Administración Pública Nacional retomó un promedio cercano a las 3.000 bajas mensuales, producto de revisiones de estructuras y dotaciones. A ese proceso se suman retiros voluntarios en organismos como Belgrano Cargas, Casa de la Moneda, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), Radio y Televisión Argentina (RTA), la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), el Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI).

Ravier precisó que 3.983 personas se acogieron a esos planes de retiro voluntario. Agregó que las autoridades superiores del Estado se redujeron un 36% respecto de la gestión anterior, con una disminución del 50% en ministerios, 39% en secretarías, 32% en subsecretarías y 45% en cargos de asesores.