El ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques anunció este domingo que la cartera que dirige iniciará el trámite para la cobertura de 200 vacantes de jueces, 72 fiscales y 65 defensores oficiales en la Justicia Federal. Lo hizo a través de un comunicado oficial que compartió a través de sus redes sociales y las del ministerio a su cargo.
El funcionario indicó que se activa con los requisitos establecidos en el decreto 588/2003 “con el objetivo de habilitarlas para continuar con el procedimiento de selección y envío del pliego que disponga el Presidente de la Nación”.
Mahiques asumió esta semana en la cartera de Justicia. Tras la jura, el funcionario había adelantado que la cobertura de cargos para mejorar el funcionamiento y la celeridad en las causas que se tramitan en la Justicia federal aparecía entre sus primeros objetivos.
El Ministerio de Justicia inició un proceso para cubrir más de 200 vacantes federales. La falta de nombramientos impacta en la eficiencia y la celeridad de los tribunales. La medida implica verificar antecedentes penales y patrimoniales de los candidatos, siguiendo los pasos previstos en la normativa vigente.
El comunicado oficial y los pasos anunciados
“El Ministerio de Justicia de la Nación informa que ha decidido iniciar la verificación y actualización de todos los requisitos establecidos en el Decreto 588/2003 para las 200 vacantes de jueces, 72 de defensores y 65 de fiscales existentes en el Poder Ejecutivo, con el objetivo de habilitarlas para continuar con el procedimiento de selección y el envío del pliego que disponga el Presidente de la Nación”, señala el comunicado difundido este domingo.
“En este marco, se solicitará al Registro Nacional de Reincidencia la actualización de antecedentes penales de los ternados”, detalló la comunicación oficial. La verificación de estos antecedentes es un paso previo y obligatorio antes de cualquier avance en los nombramientos.
El Ministerio agrega: “Se verificará que la situación patrimonial y el cumplimiento de las obligaciones impositivas y previsionales de las personas eventualmente propuestas se encuentren debidamente informados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero”.
Estas verificaciones forman parte de una secuencia de controles destinados a asegurar que quienes lleguen a la terna final hayan superado la revisión de antecedentes penales y patrimoniales.
El Decreto 588/2003 establece un mecanismo de transparencia y control ciudadano en el nombramiento de los magistrados federales y de los integrantes del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. La normativa garantiza que la sociedad tenga la oportunidad de revisar los antecedentes y patrimonio de los candidatos propuestos antes de la selección presidencial.
El procedimiento exige que cada aspirante forme parte de una terna elevada por el Consejo de la Magistratura, asegurando la revisión y el examen de cada postulación por distintos organismos y habilitando la posibilidad de objeciones fundadas por parte de cualquier persona de la sociedad civil.
La falta de magistrados afecta directamente la operatividad y la celeridad de la Justicia Federal. El rezago en la cobertura de estos puestos ha incrementado las demoras en los procesos y la presión sobre los funcionarios judiciales que se mantienen en funciones. El procedimiento anunciado apunta a revertir este panorama, priorizando el control de integridad y la posibilidad de intervención ciudadana en todas las etapas del proceso de selección.
Según informó Infobae, la cantidad de vacantes en los juzgados llega al 40% y en las fiscalías nacionales y federales se extiende al 47%, ya que de los 367 cargos totales que hay, 174 están sin un titular. Hay 80 vacantes concursadas y 53 pliegos elevados en 20 concursos. Se trata de una deuda pendiente de la actual administración, que es la primera desde el regreso de la democracia que no logró aprobar ningún pliego en el Senado.
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