Durante años, la Argentina debatió su inserción internacional en términos polarizados: apertura o proteccionismo, globalización o repliegue, mercado o Estado. Todo en clave de pensamiento único. El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur representa una alternativa: abandonar la lógica binaria y construir una política de Estado cimentada en reglas, previsibilidad y cooperación estratégica.
La reciente votación en la Cámara de Diputados, que reunió apoyos de diversos espacios políticos, marcó un punto de inflexión. No fue simplemente un trámite parlamentario, sino una señal institucional relevante. En un país atravesado por la grieta, lograr consensos sobre una decisión estratégica envía un mensaje nítido hacia el interior y el exterior: la Argentina puede construir compromisos por encima de sus disputas coyunturales.
Esa señal, hoy, vale más que cualquier beneficio arancelario.
El acuerdo con la Unión Europea va más allá de lo comercial: es un entendimiento político entre dos regiones con una misma matriz democrática. En un contexto internacional de tensiones geopolíticas, guerras comerciales y repliegues nacionalistas, elegir el multilateralismo y las reglas comunes constituye una definición de identidad.
Diversas voces interpretaron la última decisión judicial en Europa como un escollo. Pero más bien se trata de una instancia que puede extender los plazos y, al mismo tiempo, fortalecer la solidez jurídica del acuerdo. Si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se expide favorablemente, la votación en el Parlamento Europeo dispondrá de una base institucional más robusta. Más claridad normativa implica mayor previsibilidad. Y la previsibilidad es un activo central para el desarrollo.
Mirando hacia atrás, el Mercosur surgió con una impronta política antes que comercial. Raúl Alfonsín y José Sarney imaginaron el bloque como una garantía democrática para América del Sur. La Unión Europea nació de la misma fuente, tras las tragedias del siglo XX. Este acuerdo retoma esa tradición: consolidar cooperación para evitar retrocesos y proyectar estabilidad.
Desde la perspectiva económica, las cifras lo confirman: involucra a 700 millones de personas y cerca del 20% del PBI mundial. Para la Argentina, implica acceso preferencial a uno de los mercados más sofisticados, reducción de aranceles para la mayoría de los productos exportables y un marco normativo que habilita la planificación de inversiones a largo plazo.
Aún más relevante es el cambio de lógica. Integrarse es competir, innovar, elevar estándares y la calidad institucional. Comprender que el desarrollo no depende únicamente del tipo de cambio o de los precios internacionales, sino de la capacidad de generar confianza.
El impacto será federal. La Provincia de Buenos Aires, con peso en carnes, lácteos y cereales, tendrá un rol clave. También las economías regionales pueden registrar transformaciones que potencien su perfil exportador.
En el sector pesquero se advierte un ejemplo concreto: mientras el acuerdo contempla arancel cero para langostinos, calamares y merluza, la Argentina mantiene un régimen de retenciones que perjudica su competitividad ante socios regionales. La integración externa exige coherencia interna. No resulta viable promover apertura y competitividad hacia afuera manteniendo distorsiones en el ámbito doméstico.
El desafío no se limita a aprobar un tratado. Implica asumir que la competitividad sistémica —instituciones sólidas, infraestructura moderna, educación de calidad, innovación y estabilidad normativa— será indispensable para aprovechar la oportunidad.
La votación en Diputados probó que es posible construir acuerdos amplios cuando el interés estratégico prime sobre la coyuntura. Ese consenso deberá consolidarse en el Senado en los próximos días y proyectarse hacia futuro.
La integración no debilita la soberanía. La fortalece cuando se apoya en reglas, instituciones y visión de largo plazo. El acuerdo Unión Europea–Mercosur constituye una oportunidad concreta para demostrar que el país está dispuesto a recorrer ese camino.
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