La Ciudad de Buenos Aires consolidó en 2025 una política alimentaria sin intermediarios y basada en la trazabilidad total: un sistema que, por primera vez, permitió fiscalizar más de 500 comedores y detectar irregularidades en 40 de ellos, que fueron cerrados de inmediato.
Las inspecciones revelaron que la mayoría de esos espacios inexistentes estaban vinculados a la organización La Dignidad, enrolada en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP); y que más de 5.000 raciones diarias se enviaban a lugares que no funcionaban, lo que significaba un desvío de 20 millones de pesos por día, según los datos oficiales del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de CABA a cargo de Gabriel Mraida.
La fiscalización integral —apoyada en tecnología, controles diarios y una app de registro nominal de beneficiarios— confirmó la existencia de comedores que no entregaban comida, no permitían el ingreso de inspectores o directamente no existían en la dirección declarada.
Los documentos de la auditoría y fotos a las que accedió Infobae detallan casos como “Los Amigos” en White 21, “Pekes” en Bonorino 1851 o “Bajo Flores” en Av. Varela, donde los vecinos confirmaron que jamás funcionó un comedor comunitario.
Para el gobierno porteño, en cabeza de Jorge Macri, “este modelo, que combina control, digitalización y condicionalidades claras, permitió por primera vez una fiscalización completa de más de 500 comedores de la Ciudad, con controles diarios tanto a los espacios como a las empresas proveedoras. La implementación de una nueva App para registrar beneficiarios, identificar necesidades específicas y reportar irregularidades en tiempo real marcó un cambio profundo: cada ración queda trazada, cada persona queda identificada y cada peso puede seguirse en todo el proceso”, explicó.
“Nadie sin su plato de comida”
Consultado por este medio, Jorge Macri, opinó que “que el objetivo central es garantizar asistencia real sin permitir el retorno de mecanismos de intermediación política”. En sus palabras esto es:
- “Mejoramos el sistema porque nadie que lo necesite se va a quedar sin su plato de comida”.
- “Trabajamos para que nadie viva en la calle y para que todos estén atendidos, acompañamos a cada uno que lo necesite”.
- “Ningún movimiento social volverá a usar esa necesidad para hacer sus negocios”.
-La gran mayoría de los comedores, más de cien, siguen adelante junto a las familias y los apoyamos porque su trabajo es muy valioso”.
Según la evaluación oficial, esos más de 100 comedores comunitarios siguen asistiendo a sus comunidades con normalidad, incorporando el sistema digital de registro diario que será obligatorio desde enero de 2026.
La Ciudad asiste todos los días a más de 250.000 personas, entre comedores comunitarios, centros de primera infancia, centros de jubilados, paradores para personas en situación de calle y el programa Ciudadanía Porteña.
De ese total, 130.000 reciben su comida a través de comedores, y 100.000 son beneficiarios de la transferencia directa Ciudadanía Porteña.
Desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat se explicó que, en el sistema de ayuda a los sectores más vulnerables de la sociedad, pasó a ser mucho más eficiente porque se modernizó la operatoria. Esto es: una modernización que combina inscripción 100% digital, billetera virtual Buepp, ampliación de rubros de compra, una app para nominalizar beneficiarios y un tablero de gestión para monitorear raciones en tiempo real.
Según el informe, el programa Buepp ya superó las 5.000 descargas, BOTI recibió más de 20.000 consultas desde julio y la red de comercios habilitados ya supera los 2.100 puntos de venta.
En diálogo con Infobae, el ministro Mraida, remarcó la dimensión social del cambio. “En años de fragilidad social y económica no solo sostuvimos, sino que ampliamos la cobertura alimentaria manteniendo la calidad nutricional. Todos los días acceden más de 250.000 personas”.
Además, subrayó la importancia de un modelo que ponga a la persona en el centro. “Los problemas que atraviesan los vecinos y vecinas de la Ciudad son multidimensionales: nadie en situación vulnerable tiene solo un déficit alimentario. Conocer a las personas y conectarlas con lo que necesitan es acompañarlas en serio”.
El funcionario de Jorge Macri también reforzó el mensaje de la desintermediación: “En la Ciudad, la comida dejó de ser un factor de negociación política. Hay un control estricto y riguroso, apoyado en tecnología. Ningún plato de comida puede terminar en un destinatario que no corresponde, y mucho menos en la política. Una Ciudad más justa es la que sabe exactamente a quién está ayudando”.
Cómo operaban los “comedores fantasmas”
El operativo de validación de comedores comunitarios y populares incluyó inspecciones reiteradas, entrevistas con vecinos y seguimiento presencial durante varios días. Los equipos constataron diferentes situaciones:
-Espacios totalmente inexistentes, como “Pekes”, “Bajo Flores” o “La 29”;
-Domicilios donde nadie conocía actividad vinculada a un comedor.
-Espacios que impedían el ingreso del personal de la Ciudad.
-Comedores declarados que no registraban retiro de viandas en ningún momento de la semana.
El cierre de estos espacios, que alcanzó a 40 “comedores fantasmas” estaban distribuidos principalmente en los barrios porteños de Flores, Soldati, Mataderos y Lugano, muchos de ellos ligados a estructuras barriales identificadas con el movimiento La Dignidad.
La suspensión inmediata de 5.000 raciones no justificadas permitió redireccionar recursos hacia los beneficiarios reales.
Según explicaron desde la calle Bolívar, la digitalización del sistema generó:
-Trazabilidad completa de cada ración.
-Registro nominal de cada beneficiario.
-Eliminación de la intermediación política.
-Planificación más precisa de compras y distribución.
-Fiscalización diaria tanto de comedores como de proveedores.
Al ser consultado para esta nota, el ministro del área explicó que “el 2026 es tener un sistema cien por cien digital, justo y verificable”. Esto se logrará, según su visión: “Con el uso obligatorio de la app de registro diario desde enero de 2026.” Este hecho apunta a un modelo donde “cada plato esté auditado, cada beneficiario identificado y cada peso público rastreado”.
Desde el Ministerio resume el objetivo de estas medidas como “una política alimentaria justa, directa y seria, que cuide los recursos de todos y acompañe de verdad a cada familia”.
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