Se abre una negociación clave entre Gobierno y la CGT para evitar una guerra por la reforma laboral

El Gobierno y la CGT se encaminan a una inminente negociación para intentar el máximo consenso posible de la reforma laboral que elaboró el Consejo de Mayo y que hasta ahora tiene un fuerte rechazo del sindicalismo.

Las tratativas se harán contrarreloj ya que el 15 de diciembre se conocerá la versión oficial del proyecto para que sea presentado en el Congreso y pueda ser debatido durante el período de sesiones extraordinarias.

Hasta ahora, según admitieron altas fuentes oficiales a Infobae, la expectativa es que las negociaciones sean piloteadas por el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional en la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem.

Hace 10 días, en la conferencia industrial de la UIA, Santilli se cruzó con los cotitulares de la CGT Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Jorge Sola (Seguros) y fue insistente en dos puntos: que el Gobierno los iba a convocar para hablar sobre la reforma laboral y que no creyeran en los trascendidos sobre el tema porque hay voluntad de llegar a un acuerdo con el sindicalismo.

En la CGT están esperando que los convoquen para reunirse. El jueves pasado, tras un encuentro con los diputados de extracción sindical, Sola hizo una advertencia al Gobierno en caso de que no abra el diálogo: “Si no nos llaman, chocarán con la pared de siempre”.

Los sindicalistas quieren llegar preparados a la reunión con el Gobierno y, con la asistencia del equipo de abogados de la CGT y algunos diputados, se está realizando un punteo del último borrador de la reforma laboral para elaborar una contrapropuesta que sirva de base para negociar.

Cuando se produzca la reunión oficial, la CGT trataría de voltear algunos de los artículos que más le preocupan, como la reglamentación del derecho de huelga en los servicios esenciales, la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, la prioridad de los convenios por empresa, la restricción de las cuotas solidarias, la regulación de las asambleas en las empresas y otros que pondrían en jaque al poder sindical.

En el Gobierno están convencidos de que el sindicalismo rechaza con más énfasis esos puntos, vinculados con el derecho colectivo, que otros cambios incluidos en el proyecto y que son del derecho individual, como el banco de horas y el fraccionamiento de vacaciones, por ejemplo: “La jornada de trabajo, los días de franco y el descanso anual suelen ser negociados por los trabajadores en las empresas”, afirmó un funcionario libertario.

Ahora se abrirá una posibilidad de que los sindicalistas hagan sus observaciones para impedir que se declare una guerra total por la reforma laboral. Y en la Casa Rosada reconocieron que hay artículos que pueden ser atenuados en aras de la “paz social” y que en eso está de acuerdo hasta un duro como el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, a quien le atribuyen la insistencia en propuestas del DNU 70.

Aun así, en la administración de Javier Milei advierten que están empoderados por el triunfo electoral y que, pese al diálogo con la CGT, no aceptarán una versión pasteurizada de la reforma laboral. “Tenemos el mandato de la gente para llevar adelante las reformas que el país necesita”, advirtió a Infobae un referente del oficialismo.

Lo que obsesiona a la CGT -y que espera que Milei acepte moderar- es la limitación de las cuotas solidarias, que son los aportes compulsivos pactados en los convenios colectivos de trabajo que se les descuentan a todos los trabajadores de una actividad, afiliados o no, y que se destinan al financiamiento del sindicato.

Es una pieza clave de “la caja” sindical porque así se financia el 100% de las organizaciones y si se cae la recaudación en este rubro habría una crisis sin precedentes: apenas Milei comenzó su gobierno, se incluyó la limitación de las cuotas solidarias en el DNU 70 y por eso un líder gremial poderoso como Armando Cavalieri (Comercio) protestó ante la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, porque de esa forma su sindicato, de 1.200.000 trabajadores, iba a ir a la quiebra.

En el Gobierno aseguran que Sturzenegger no quiere sacar ese punto de la reforma laboral (ya los calificó públicamente de “peaje sindical”), pero que otros funcionarios proponen suavizarlo: que la CGT acepte que haya topes para las cuotas solidarias (no más de un 2% del sueldo) y que se establezca una contraprestación explícita a los trabajadores a cambio del descuento en sus salarios que va directo a las arcas sindicales.

La importancia que le da el Gobierno a las últimas negociaciones con la CGT radica en el hecho de que, además de Santilli, de las charlas con los dirigentes sindicales participarán los dos Menem (Martín y “Lule”), que responden de manera directa a Karina Milei, con cada vez más poder en la estructura gubernamental.

¿Qué puede pasar en la inminente negociación entre el Gobierno y la CGT? La Casa Rosada quiere llegar a esa instancia con el apoyo a las reformas de Milei y al Presupuesto 2026 por parte de los 20 gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo en Tucumán, algo que será una herramienta de presión para aflojar la dureza sindical.

Sin embargo, al menos tres gobernadores de provincias clave ya les anticiparon a los dirigentes cegetistas que no aceptarán “cualquier tipo” de cambios en la legislación laboral y se mostraron dispuestos a llevar la postura sindical a la mesa de negociaciones con Santilli.

De todas formas, como anticipó Infobae, la reforma laboral no es el único frente de conflicto de la CGT con Milei: el secretario de Políticas Educativas cegetista, Sergio Romero (UDA), rechazó la Ley de Libertad Educativa porque “serrucha el sistema de educación” y llevará sus quejas al Consejo de Mayo por esta “reforma inconsulta”.

Por ahora, mientras la expectativa está puesta en la reunión Gobierno-CGT, en los despachos oficiales se tomó una drástica medida para tratar de frenar las filtraciones a los medios periodísticos del proyecto de reforma laboral: el Consejo de Mayo redujo de 15 a 3 sus miembros como una forma de extremar los controles sobre el último borrador, que se mantiene guardado bajo siete llaves.

Los funcionarios libertarios sospechan que hay sectores interesados en que trascendiera la reforma laboral de una manera distorsionada, como sucedió, detallan, cuando se publicó que el proyecto incluía un tope de 10 sueldos para las indemnizaciones por despido sin causa, algo que estaba en un borrador viejo, ya que esa idea se había descartado.

Para la CGT se vienen días decisivos: intentará frenar la versión más dura de la reforma laboral, pero será difícil que termine firmando los cambios propuestos por Milei aunque sean más benévolos para el poder sindical. Todo lo que pase en esta instancia final será tamizado por el filtro del ala dura del gremialismo, que presiona para vetar el proyecto oficial y romper sí o sí con el Gobierno.