El Gobierno no pedirá prorrogar las emergencias para desregular normas y apuesta al nuevo Congreso

El 31 de diciembre se cae la última de las emergencias. Los libertarios confían en sus 91 diputados y los aliados para bloquear los rechazos a los decretos en caso de tener que usarlos

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Federico Sturzenegger
Federico Sturzenegger

"Parecía que estaba teniendo sexo, gemía", aseguró el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sobre una reunión que mantuvo con el presidente Javier Milei antes del balotaje presidencial de noviembre de 2023 cuando le explicaba el paquete desregulador que había preparado para una posible presidencia de Patricia Bullrich y que ahora le ofrecía al libertario.

Uno de los pilares de la administración libertaria fue la eliminación de normas y artículos que entienden que son perjudicales para la economía. La totalidad de estas medidas se tomaron al amparo del Decreto 70/2023, que establecía emergencias que habilitaban al Ejecutivo a tomar medidas vía decreto y que caducan el 31 de diciembre.

En ese esquema, el ministro Sturzenegger hizo colocar en su despacho un cartel con un contador de días que tiene como fecha de finalización el próximo 31 de diciembre.

El Decreto 70/2023 que dio inicio al gobierno de Javier Milei estableció como fecha final de la emergencia pública el 31 de diciembre de 2025. Una vez que llegue ese día, ya sin facultades delegadas, al Ejecutivo solo le quedan desde este próximo lunes un total de 29 días hábiles para que Sturzenegger aplique su motosierra en los diferentes sectores. Una vez concluido ese plazo deberá ir al Congreso de la Nación cada vez que quiera eliminar una norma. Y es la apuesta del mundo libertario.

El oficialismo aspira a tener
El oficialismo aspira a tener los votos para modificar normas (Gustavo Gavotti)

En el proyecto de Presupuesto 2026 el oficialismo no pide la aprobación de la emergencia pública, así como tampoco solicita facultades delegadas. En este esquema, la administración libertaria deberá encarar los cambios normativos con el acompañamiento de los diputados y los senadores.

Esa es la apuesta del Gobierno, por lo menos para el próximo año. Pero de todas formas no planean abandonar la principal herramienta de generación de políticas públicas que esgrimió durante los primeros dos años de mandato.

“Tenemos los decretos si hacen falta”, explicó un funcionario nacional. Con el traspaso de los tres diputados de La Liga del Interior -los radicales con peluca- el bloque de LLA quedará conformado con 91 diputados más los socios que mostró hasta ahora -el PRO y la UCR- número más que suficiente para bloquear en la Cámara de Diputados cualquier insistencia frente a un rechazo de un decreto de parte de la oposición.

“Con este número no hace falta entrar en la disputa de las emergencias. Lo que no podamos conseguir con el apoyo del PRO, la UCR y los gobernadores lo podemos hacer vía decreto y defenderlo en el recinto”, explicó un diputado de LLA que no necesitó de las clases “particulares” sobre el funcionamiento del parlamento que le brindaron a sus colegas.

Desde diciembre de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2025, el ministerio que comanda Sturzenegger modificó o eliminó un total de 1.384 normas, aunque 78 de ellas fueron restituidas por el Congreso. En lo que se refiere al articulado de diferentes normas, la cartera modificó o eliminó 10.038 artículos durante el mismo período. De este total, 426 fueron restituidos por el Congreso de la Nación.

Desde el entorno del ministro señalaron que no habrá un pedido de continuidad de la emergencia. Tampoco figura en el texto del proyecto oficial de presupuesto. De todas formas, fuentes de la Casa Rosada señalaron que una eventual prórroga o pedido “podría evaluarse según la evolución de la situación económica y social”. En el caso de que la administración de Milei decida volver a pedirle al Congreso la declaración de una emergencia, requeriría una nueva norma o declaración específica.

El mundo libertario se siente confiado en que contará con el apoyo legislativo por lo menos durante los primeros meses del 2026, en donde planea aprobar el nuevo paquete de reformas -laboral, penal, impositiva y la educativa que se conoció en las últimas jornadas.

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