Desde la CGT advirtieron que aún no fueron consultados por la reforma laboral y afirmaron que “lo primero es la tributaria”

La reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei se perfila como uno de los debates más sensibles en la próxima agenda política argentina. En este sentido, Jorge Sola, uno de los nuevos cotitulares de la Confederación General del Trabajo (CGT), aseguró que la central obrera no fue consultada aún, y dijo que antes de cambios en las leyes laborales se debe apuntar a una reforma tributaria.

Sola resaltó que la clave para fomentar la inversión productiva y el empleo es una reforma tributaria que alivie la presión fiscal sobre las pymes. Y detalló que una pequeña empresa debe afrontar impuestos nacionales, provinciales y municipales que pueden representar entre el 30 y el 40% de sus ventas.

“El costo de los trabajadores es el costo salarial, básicamente es eso nada más. Creo que en este caso el gobierno está invirtiendo el orden de prioridades para generar inversión productiva. La resolución no es la reforma laboral, es primero la reforma tributaria”, afirmó el sindicalista durante una entrevista en Radio Rivadavia.

Además, advirtió que hasta el momento solo existen “trascendidos” sobre el contenido del proyecto del Gobierno nacional, sin que se haya presentado un proyecto formal ni se haya convocado a empleadores y trabajadores a una mesa de discusión.

En este punto, explicó que la central sindical se mantiene en estado de alerta ante la posibilidad de que la reforma avance sin la participación de quienes, según sus palabras, “tendrían las consecuencias de una ley, negativas o positivas”. Para el dirigente, ni los empleadores —representantes de la inversión productiva— ni los trabajadores fueron consultados de manera efectiva, lo que impide un tratamiento serio del tema.

“Es un problema creer que una ley generalizada atraviesa a todas las actividades”, puntualizó. También sostuvo que cada sector requiere soluciones específicas, ya que las condiciones laborales en servicios, bancos y seguros difieren sustancialmente de las de la minería o la energía. “Si queremos atravesar la actividad de servicios con la misma mirada que la minería, nos estamos equivocando”, advirtió. Como ejemplo, mencionó que en el sector de servicios la jornada laboral es de siete horas, mientras que en la minería los trabajadores cumplen turnos de quince días consecutivos.

El dirigente subrayó que los convenios colectivos ya incorporaron cambios significativos, como el trabajo a distancia y la inteligencia artificial en el sector de seguros, y que la modernización se viene dando de manera sectorial. Además, insistió en que el Estado debe estar presente en la mesa de discusión, actuando “de manera inteligente y eficaz, pero sin caer en la burocracia”.

Respecto a los plazos para el tratamiento parlamentario de la reforma, Sola indicó que, según los trascendidos, el Gobierno podría presentar el proyecto en febrero, durante las sesiones extraordinarias del Congreso, una vez aprobado el presupuesto en diciembre. No obstante, advirtió que la discusión no debe limitarse al ámbito político, ya que la experiencia demuestra que la participación de los sectores afectados en las comisiones parlamentarias suele ser meramente formal y no incide en la redacción final de la ley.

Sola también abordó la cuestión de la negociación sectorial en los convenios colectivos, señalando que la modernización se produjo de manera específica en actividades como el transporte y los puertos, adaptándose a los cambios tecnológicos y productivos. Y rechazó la idea de que la legislación laboral esté congelada en el pasado y recordó que los convenios han sido modificados en función de las transformaciones del mercado, como la virtual desaparición del dinero físico en el sector financiero.

En cuanto a la creación de empleo, el dirigente reconoció que la Argentina atraviesa una situación crítica, con 15 años de estancamiento en el empleo privado y una pérdida de 250 mil puestos de trabajo en los últimos dos años, lo que equivale al cierre de 18 mil pequeñas y medianas empresas.

El temor a los juicios laborales fue otro de los temas abordados durante la entrevista. Sola sostuvo que si el empleador cumple con sus obligaciones, no debería existir conflicto judicial, y que el trabajo no registrado constituye un delito según la ley.

No obstante, reconoció que los procesos judiciales pueden extenderse durante cinco o seis años, afectando tanto a las empresas como a los trabajadores, especialmente en el caso de las PyME que pueden desaparecer antes de que se resuelva el litigio.

Consultado sobre la posibilidad de eliminar los aportes obligatorios a los sindicatos, Sola respondió que existen declaraciones oficiales que apuntan a debilitar la representación de los trabajadores mediante la reducción de los recursos sindicales. Advirtió también que cualquier intento de avanzar en ese sentido sería inconstitucional, ya que el Pacto de San José de Costa Rica protege la acción gremial. “Nada que vaya en contra del fortalecimiento de las estructuras gremiales es constitucional”, enfatizó.

En relación con la afiliación sindical, el cotitular de la CGT aclaró que se trata de un derecho constitucional y que la cuota solo es obligatoria para los afiliados.

Finalmente, al ser consultado sobre la fortaleza de la CGT para negociar con el Gobierno, Sola aseguró que la central llega “fortalecida en la unidad”.