La familia de Julio De Vido denunció las condiciones de detención en Ezeiza tras la condena por la tragedia de Once

La familia de Julio De Vido, preso en el Hospital Penitenciario Central del Complejo de Ezeiza tras ser condenado por la tragedia de Once, denunció que el exministro sufre “pésimas” y “gravísimas” condiciones de detención, por lo que expresaron preocupación por el estado de su salud. En ese sentido, responsabilizaron a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y advirtieron que presentarán un hábeas corpus si no se resuelve su situación.

Alessandra Minnicelli, esposa de De Vido, relató a Infobae que este viernes por la tarde acudió al penal de Ezeiza para realizar una visita y notó que el ex funcionario estaba “deshidratado”. “La situación es cruenta y fea. Bullrich es la responsable del Servicio Penitenciario y evidentemente su crueldad llega. Alguien ordenó que esto suceda”, agregó.

Minnicelli denunció que desde que De Vido llegó a Ezeiza no tuvo acceso a sus pertenencias: “Estaba con una camiseta térmica y hacía 30 grados. Todavía no le habían entregado su bolso, que estaba en revisión”. También describió las malas condiciones de la alimentación que le proveen, que —señaló— no responde a una dieta adecuada para diabéticos insulinodependientes. “En el desayuno le habían dado cinco panes. La harina metaboliza en azúcar, es veneno para él”, detalló.

Según relató, durante la mañana del viernes De Vido solicitó agua caliente para prepararse un mate cocido y tampoco se la dieron. “Pidió bañarse y no lo dejaron. No puede comunicarse porque hay un solo teléfono con tarjeta al que puede acceder una sola vez hasta las 20 y nadie le explica cómo funciona. No accede a su medicación”, sumó.

Tras visitar a su esposo, Minnicelli hizo una presentación ante el juez y envió un oficio al Hospital Penitenciario Central con la denuncia sobre las condiciones en las que se encuentra. En caso de no haber respuesta, advirtió a este medio que presentarán un hábeas corpus. “Julio cumple 76 años el 26 de diciembre; es decir, que el 27 es el primer día de sus 77. Quiero saber quién o quiénes y por qué lo están tratando así”, reclamó.

De Vido fue condenado a cuatro años de prisión por administración fraudulenta, al probarse que no controló debidamente el uso de los fondos públicos asignados a Trenes de Buenos Aires (TBA). También recibió la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En cambio, los jueces lo absolvieron por el delito de estrago culposo.

La tragedia de Once dejó 52 muertos y más de 700 heridos el 22 de febrero de 2012. El martes, la Corte Suprema rechazó las apelaciones sobre la condena del ex ministro. De Vido pedía su absolución por considerar que la causa prescribió, mientras que el Ministerio Público Fiscal pretendía aumentar la pena.

No es la primera vez que el dirigente peronista está detenido. En octubre de 2017, tras perder sus fueros como diputado nacional, fue apresado por primera vez en el marco del caso Río Turbio. Estuvo preso en Marcos Paz mientras avanzaban otras investigaciones de corrupción en su contra. Salió del penal dos años después y continuó bajo prisión domiciliaria los seis meses siguientes, según dispuso el Tribunal Oral Federal N°1. En marzo de 2020 recuperó la libertad y, desde entonces, no había vuelto a estar tras las rejas.

Este año, el ex ministro también fue declarado culpable en primera instancia por irregularidades en la adquisición de 11 buques de gas natural licuado (GNL) entre 2008 y 2009, y recibió otra condena a cuatro años de prisión. En 2022 ya había sido condenado, también a cuatro años, por la compra de “trenes chatarra” a España y Portugal durante el gobierno de Néstor Kirchner.

La agenda judicial de De Vido continúa con otros procesos en curso: la causa Cuadernos, que comenzó la semana pasada, y el caso Skanska, en el que el fiscal general Abel Córdoba pidió cinco años de prisión para el ex ministro.

De Vido buscó evitar su detención por dos vías. Primero, su abogado pidió suspender la orden de detención que se concretó este jueves. La defensa había presentado horas antes un recurso de reposición in extremis ante la Corte Suprema para que el máximo tribunal volviera a revisar el fallo que dejó firme la condena, pero no prosperó.

“La defensa persigue una suspensión de facto de la ejecución de una sentencia firme, carente de receptación normativa que así lo autorice”, sintetizaron los magistrados al rechazar el planteo, en una resolución de siete páginas a la que accedió este medio.

La segunda estrategia de la defensa fue pedir que De Vido acceda a la prisión domiciliaria. El ex ministro tiene 76 años y padece afecciones de salud que, hasta ahora, no fueron certificadas por los magistrados. En las próximas horas, el defensor Maximiliano Rusconi presentará estudios clínicos y documentación para sostener que De Vido no está en condiciones de cumplir su condena en prisión.

Durante la noche del sábado, diferentes referentes peronistas compartieron un comunicado de apoyo a Julio De Vido y se sumaron al pedido por atención médica y revisión para acceder a la prisión domiciliaria.

El primero en compartir el comunicado fue el gobernador Axel Kicillof. En el texto se expresó: “nuestra solidaridad con el compañero Julio De Vido frente a lo que consideramos una condena injusta. Nos preocupa especialmente que la privación de su libertad pueda vulnerar las garantías vinculadas a su derecho a la salud”.

Ante dicha situación “solicitamos que de manera inmediata reciba la atención médica necesaria para el tratamiento de su enfermedad crónica y que se evalúe con urgencia la posibilidad de otorgarle la detención domiciliaria. Estos derechos están consagrados en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos”.

En ese marco, se planteó que “resulta grave para la vida institucional que el aparato judicial sea utilizado para perseguir dirigentes, limitar proyectos políticos o intentar criminalizar al peronismo. En consecuencia, consideramos imprescindible revisar las actuaciones que llevaron a la situación actual de Julio De Vido, garantizar sus derechos y adoptar con urgencia todas las medidas necesarias para resguardar su salud e integridad".

Además de Kicillof, el comunicado también fue firmado por: Cristina Álvarez Rodríguez (jefa de Asesores del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires), Andrés Larroque (ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires), Walter Correa (ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires), Julio Pereyra (diputado nacional), Mariano Cascallares (intendente de Almirante Brown), Andrés Watson (intendente de Florencio Varela), Pablo Descalzo (intendente de Ituzaingó), Lucas Ghi (intendente de Morón), Julio Alak (intendente de La Plata), Juan José Mussi (intendente de Berazategui), Gustavo Cocconi (intendente de Tapalqué), Mario Secco (intendente de Ensenada), Fernando Espinoza (intendente de La Matanza), Mayra Mendoza (intendente de Quilmes), Juan Luis Mancini (intendente de Suipacha), Fabián Cagliardi (intendente de Berisso), Daniel Stadnik (intendente de Carlos Casares), María Celia Gianini (intendente de Carlos Tejedor), Rodrigo Aristimuño (intendente de Coronel Rosales), Mauro Poletti (intendente de Ramallo), Mauro García (intendente de General Rodríguez), Alberto Gelené (intendente de Las Flores, ya con mandato cumplido), Damián Selci (intendente de Hurlingham), Ricardo Alessandro (intendente de San Andrés de Giles), Juan Ignacio Ustarroz (intendente de Mercedes), Facundo Diz (intendente de Navarro), Jorge Paredi (intendente de Mar Chiquita), Amadeo Juan giordano (intendente de Colón), y Maximiliano Wesner (intendente de Olavarría).