El Gobierno recuperó otro edificio de la Universidad Madres de Plaza de Mayo que estaba vacío desde hace una década

El Gobierno de La Libertad Avanza recuperó un segundo edificio que había sido cedido al entonces Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de PLaza de Mayo” y que nunca fue ocupado. Por disposición de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) el organismo tomó el control del inmueble ubicado en Avenida Rivadavia 4615, en el barrio porteño de Caballito. La propiedad estaba abandonada y llevaba al menos diez años sin uso.

Mediante la Resolución 70/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial, la AABE dispuso la “desafectación del inmueble ubicado en Avenida Rivadavia 4615/17/19″, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desde marzo de 2023 estaba bajo la órbita de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo.

La propiedad, de 283,70 metros cuadrados distribuidos en tres plantas —una de ellas con un local comercial a la calle, actualmente tapiado—, se encontraba “sin uso y libre de ocupantes desde hace 10 años aproximadamente”, según el Informe de Ocupación y Uso de Bienes del Estado al que accedió Infobae y que fue elaborado por la Dirección de Despliegue Territorial y fechado el 21 de marzo de 2025.

Antes de su cesión a la universidad, el edificio había estado bajo la administración de la Armada Argentina, donde funcionó durante años el servicio de odontología de la obra social naval.

De acuerdo con la resolución oficial, la propia Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo notificó a la AABE, mediante una nota fechada el 5 de noviembre de 2025, que no requería el inmueble para su desenvolvimiento institucional.

“No se requiere su utilización para el desenvolvimiento de las actividades institucionales”, indicó la universidad en su comunicación formal. “En consecuencia, el inmueble queda a disposición de esa Agencia, a los fines de que se le asigne el destino que estime corresponder”.

Con esa declaración, la AABE quedó habilitada para reasignar el uso del edificio a otros fines estatales, en el marco del proceso de racionalización y optimización del patrimonio inmobiliario público.

En los considerandos, la resolución cita un dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación del 21 de octubre de 2024 (IF-2024-114981593-APN-PTN), que confirma la competencia de la AABE para disponer la desafectación de inmuebles del dominio público estatal.

El documento aclara que la medida se dicta “en uso de las atribuciones emergentes” de los Decretos 1382/12, 1416/13 y 2670/15, y en cumplimiento de la instrucción impartida por el Poder Ejecutivo Nacional en el artículo 4° del Decreto 950/24, que impulsa la reasignación de bienes públicos ociosos hacia nuevas políticas activas.

“El Poder Ejecutivo Nacional ha decidido hacer prevalecer la racionalización del espacio físico del patrimonio inmobiliario estatal, con vista a su mejor aprovechamiento y utilización”, señala el texto.

Asimismo, el artículo 2° de la resolución establece que la universidad deberá mantener en custodia el inmueble hasta su reasignación definitiva, garantizando su resguardo, integridad y disponibilidad, libres de deudas, según lo estipulado en el Decreto 1382/12.

La medida se conoció pocos días después de que el Gobierno nacional asignara otro edificio estatal a la misma universidad. En ese caso, se trató del primer piso del inmueble ubicado en Tinogasta 5268, en el barrio porteño de Villa Devoto, que cuenta con 761 metros cuadrados, casi el triple de superficie que el de Caballito que nunca fue ocupado por la entidad a pesar de haber sido designado a la Universidad por disposición del entonces gobierno de Alberto Fernández.

Ese espacio, anteriormente afectado a la Secretaría de Educación, se encontraba libre y en proceso de desocupación. Según informó la universidad en un comunicado en que se aclara que el inmueble “será destinado al almacenamiento de mobiliario y otras actividades administrativas”.

El Gobierno de Javier Milei ya había recuperado otro edificio cedido a la Universidad Madres de Plaza de Mayo, que estaba bajo la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación.

En el corazón del barrio porteño de Once, un inmueble ubicado en “la recova” —Avenida Rivadavia 2749/89, con entrada también por Avenida Pueyrredón 19—, se convirtió en el centro de una polémica que expuso dos décadas de manejos políticos y administrativos irregulares de bienes del Estado.

Allí debían funcionar las instalaciones del entonces Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo, fundado por Hebe de Bonafini. Según un acuerdo de cesión precaria y gratuita firmado el 19 de enero de 2018 por la AABE, el instituto debía ocupar los pisos 2 y 3, con una superficie total de unos 2.500 metros cuadrados.

Sin embargo, nunca hubo aulas ni estudiantes: en su lugar se instaló una barra de bebidas alcohólicas y un boliche clandestino.

La historia, revelada por este medio, se remonta a 2005, durante la presidencia de Néstor Kirchner, y atravesó los gobiernos de Cristina Fernández, Mauricio Macri, Alberto Fernández y, más recientemente, el de Javier Milei, quien finalmente presentó la denuncia que derivó en el desalojo judicial del edificio ordenado por la jueza federal María Servini el 12 de febrero pasado a pedido del Ministerio de Justicia.

En la controversia aparecen mencionados piqueteros y exfuncionarios kirchneristas como Luis D’Elía y Edgardo Depetri, además de organizaciones sociales que ocuparon el edificio: la Asociación Civil Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur, la Organización de los Haitianos Viviendo en Argentina (OHVA), la Asociación Civil de Derechos Humanos Mujeres Unidas, Migrantes y Refugiadas en Argentina (AMUMRA), una academia de danza peruana, y una familia de apellido Vázquez que vivía allí desde hace 20 años, incluso con un gallinero y cinco gallinas.

“En un edificio destinado a ser una universidad, en lugar de estudiantes y aulas, encontramos una bailanta con luces, parlantes, alcohol y comida. Para quienes se divertían a costa del dinero de los argentinos, la fiesta terminó. Ahora enfrentarán todo el peso de la ley”, declaró en su momento el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Como en el caso del inmueble de Caballito, la AABE asumió su administración y definirá su nuevo destino.

Fuentes oficiales remarcan que todas estas decisiones forman parte de un plan más amplio de la Casa Rosada con el fin de “reorganizar, recuperar y aprovechar inmuebles estatales que se encuentran ociosos o irregularmente ocupados desde hace años”.

El objetivo, sostienen en la AABE, es “garantizar que los bienes públicos sean puestos al servicio de políticas activas y del interés general”, evitando que edificios de alto valor patrimonial permanezcan sin uso o con destinos ajenos a su función pública.

Con esta resolución, el inmueble de Rivadavia 4615 —al igual que el de Once— vuelve formalmente al patrimonio operativo del Estado nacional, y podrá ser destinado a nuevas dependencias administrativas, programas sociales o proyectos públicos, en el marco de la reestructuración del uso del suelo estatal.