La disputa por la administración y el dominio de los recursos hidroeléctricos en la provincia sumó un capítulo clave en las últimas horas tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de admitir el reclamo formulado por el gobierno de Chubut contra el Estado nacional en torno a la represa Futaleufú.
En un fallo considerado de alto impacto institucional, el máximo tribunal corrió vista al Poder Ejecutivo nacional para que responda a la demanda en un plazo de 60 días y reconoció la competencia originaria de la Corte en el caso. La medida refuerza el histórico reclamo chubutense en defensa de su autonomía y del control de los recursos estratégicos de su territorio.
El eje de la controversia gira en torno a dos normas centrales del marco regulatorio eléctrico argentino: la ley 15.336 y la ley 24.065. Según argumenta la administración provincial, estas disposiciones vulneran de manera “manifiestamente ilegal y arbitraria” el derecho constitucional de las provincias a disponer de los recursos naturales localizados en su jurisdicción, entre ellos los cursos de agua y las fuentes de energía hidroeléctrica. La presentación fue impulsada por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres junto al fiscal de Estado, Andrés Giacomone, y solicita que se declare la inconstitucionalidad de las leyes nacionales en disputa, sobre la base de que afectan la facultad provincial para decidir sobre la gestión y el futuro de la central.
La relevancia institucional del caso aumenta de cara al vencimiento, en junio de 2025, de la concesión original de la represa, que fue otorgada en 1995 a la empresa Aluar, principal productora de aluminio del país. Este activo energético resulta estratégico no solo para el desarrollo regional, sino también para la transición hacia fuentes de generación más limpias. Para Chubut, la definición sobre la titularidad y el manejo de Futaleufú es un punto central en la política de recursos y en su capacidad de decidir sobre la licitación, prórroga o establecimiento de nuevos marcos regulatorios para su explotación.
La central hidroeléctrica Futaleufú se ubica en el noroeste chubutense y comenzó a operar en 1978, con la finalidad original de abastecer a la planta industrial de Aluar en Puerto Madryn. Con el paso de las décadas, se consolidó como uno de los principales reservorios de energía eléctrica de la Patagonia, desempeñando un papel vital en la seguridad energética y en el abastecimiento tanto local como nacional. La infraestructura y la administración de la represa constituyen además un elemento simbólico en la discusión sobre el federalismo energético, ya que varias provincias patagónicas reclaman mayor participación en la toma de decisiones sobre sus recursos.
La reacción del gobernador Torres ante la decisión de la Corte fue inmediata. El mandatario señaló tras la admisión de la demanda: “Es un respaldo contundente a un reclamo histórico de nuestra provincia”.
“La defensa de la autonomía y la soberanía sobre los recursos es innegociable”, subrayó. Sectores políticos y productivos de Chubut interpretaron el avance de la causa como una validación de la postura provincial con respecto a la necesidad de hacer valer el federalismo en materia energética y de recursos naturales.
El fallo de la Corte Suprema tuvo a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti como firmantes y dispone que el Estado nacional deberá formalizar respuesta en un plazo máximo de dos meses. El reconocimiento de la competencia originaria por parte del tribunal clarifica el canal institucional de resolución del conflicto, y brinda un encuadre para próximos debates de alcance federal entre provincias y nación.
A nivel político, la admisión del reclamo se interpreta como una señal de atención sobre la tensa relación entre la gestión central y los distritos patagónicos en materia de administración de recursos estratégicos. El desenlace del litigio no solo determinará el destino inmediato de Futaleufú y la futura concesión de la central, sino que podría sentar un precedente relevante para otros reclamos provinciales relativos a la gestión de represas, cuencas y proyectos energéticos de gran escala.
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