La Justicia paraguaya rechazó el sobreseimiento de Edgardo Kueider en la causa por contrabando

La defensa de Edgardo Kueider y su exsecretaria Iara Guinsel intentó que se anule la acusación formulada en su contra por el Ministerio Público Fiscal del Paraguay. En relación con esto, solicitó que se dicte el sobreseimiento definitivo de ambos. Además, requirió que el video de las filmaciones del 4 de diciembre de 2024 sea excluido como prueba. Esos registros muestran todo el operativo en el que se detuvo su camioneta cuando intentaba ingresar al Paraguay desde Brasil y se le secuestró el dinero.

El juez del Tribunal de Apelaciones en Delitos Económicos, Humberto Otazú, rechazó ambos planteos. La decisión del magistrado fue confirmada hace unos días por la Sala Primera del Tribunal de Apelación en lo Penal del fuero especializado en delitos económicos y crimen organizado, según pudo corroborar Infobae.

Carlos Arévalos y Marcelo Bogado son los defensores de Kueider y Guinsel. El argumento que esgrimieron fue que la acusación que había elaborado el fiscal Ysrael Villalba no cumplía con los presupuestos que establece el Código Procesal Penal del vecino país.

En síntesis, una acusación debe contener un relato de los hechos, una fundamentación y sus elementos de convicción y la expresión precisa de los preceptos jurídicos aplicables. Es decir: qué pasó, por qué y de qué los acusan a Kueider y Guinsel. Si no se hace, es causal de sobreseimiento.

Según la defensa, estos aspectos no estaban especificados. La respuesta de Otazú fue que sí se cumplimentaron esos requisitos. Además, apuntó que no se pueden anular las acusaciones, que son requerimientos fiscales, sino solo las resoluciones.

Arévalos y Bogado apelaron esta decisión de Otazú ante la Cámara de Alzada. En fallo dividido, el Tribunal le dio la derecha al magistrado de primera instancia.

Gustavo Amarilla Guernica, con la adhesión de su par Silvana Luraghi ratificaron la decisión de Otazú. Argumentaron que al verificar la Acusación Fiscal presentada, se observó que existen “dos apartados distintos uno de otro en lo que respecta a «relato de hecho», «conducta atribuida a los acusados» y finalmente «fundamentación de la acusación»”.

“Puede observarse que en esos tres apartados el Ministerio Público procede a dar cumplimiento a los requisitos formales” del Código Procesal. Esto abarca tanto el relato de hechos y conducta típica atribuida a los procesados como la fundamentación de la acusación, sostuvieron.

En su voto, Amarilla Guernica resaltó que el fiscal Villalba describió de manera correcta “la supuesta acción desplegada” por los acusados. Luego, consignó que será materia “de valoración probatoria” comprobar la existencia del hecho punible. A párrafo seguido, destacó que el juicio oral es el momento en que se deberá “comprobar la participación de ambos” en el delito de contrabando.

Hubo una disidencia en el Tribunal. Correspondió a la jueza Claudia Criscioni. La magistrada entendió que debía anularse la acusación y la elevación a juicio. Y también tendría que convocarse a una nueva audiencia para resolver esta cuestión. Criscioni razonó que la Fiscalía “debe especificar por qué consideran que los billetes son mercadería” y, por lo tanto, el delito imputado es contrabando.

Kueider y Guinsel están acusados en el Paraguay de contrabando en grado de tentativa. Esto es porque no alcanzaron a ingresar el dinero al país. Fueron detenidos en la cabecera del Puente de la Amistad que une las ciudades de Foz do Iguazú (Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay).

El expediente fue elevado a juicio. De su resolución depende su extradición a la Argentina. La Fiscalía del vecino país puso como requisito para su remisión que culmine el proceso por contrabando.

En el juicio de extradición, la defensa de Kueider y Guinsel también intentó poner trabas apelando a aspectos formales. Pero la Justicia de Paraguay de inmediato echó por tierra esas pretensiones.

El exsenador nacional por Entre Ríos enfrenta en la Argentina dos causas por enriquecimiento ilícito y otros delitos.

Uno está radicado en Concordia. Allí se encuentra bajo la lupa su patrimonio desde que comenzó en la actividad pública. Por eso las pesquisas comienzan en 1999, cuando fue electo concejal de la ciudad.

El otro expediente se tramita en el Juzgado Federal de San Isidro. Lo lleva adelante la jueza Sandra Arroyo Salgado. La investigación comienza recién en 2017, cuando ya era secretario General de la Gobernación, durante el mandato de Gustavo Bordet.

Comenzó por un incidente derivado de la causa Securitas. Aquí se investigan coimas pagadas por firma multinacional a empresas y organismos estatales para quedarse con el servicio de seguridad privada. Luego, se sumó una denuncia hecha en función de una investigación realizada por la revista El Disenso.