El gobierno nacional quiere acelerar los procesos de privatizaciones. Desde que lanzó la Ley Bases y en los subsiguientes 18 meses de gestión de La Libertad Avanza el Ejecutivo puso en marcha la maquinaria privatizadora. El Gobierno declaró sujeta a privatización, total y parcial, a una docena de empresas en donde el Estado es el principal o el único accionista y, además, diferentes servicios públicos.
El proceso privatizador abarca actualmente a Intercargo, Corredores Viales, AySA, Enarsa, Belgrano Cargas y las represas del Comahue, con la intención de licitar estas empresas antes de que finalice 2025. A este grupo se suman otras compañías incluidas en la Ley Bases, como Nucleoeléctrica, Yacimientos Carboníferos Río Turbio y Trenes Argentinos.
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas, bajo la dirección de Diego Chaher, lidera el proceso. Chaher confirmó que “todas están en un grado de avance”, aunque anticipó que el llamado a licitación se realizará recién hacia fin de año.
Ese proceso privatizador que ya comenzó hace unos meses con las publicaciones en el Boletín Oficial de las autorizaciones está teniendo su contrapartida en el Congreso de la Nación y a casi dos años de inicio de la gestión finalmente se conformó la Comisión Bicameral de Seguimientos de las Privatizaciones.
El pasado 1 de octubre se publicó el Decreto 83/25 del Senado que lleva la firma de Victoria Villarruel en donde se nombra a los dos senadores de Unión por la Patria que faltaban definir para completar los 6 senadores de los 12 miembros de la Comisión. Así fue que se designó a Mariano Recalde y a Juliana Di Tullio ambos de Unión por la Patria que se suman a Carlos Espínola (Unidad Federal), Eduardo Vischi (UCR), Bruno Olivera Lucero (LLA) y Juan Carlos Romero (Cambio Federal).
La lista se completa con 6 diputados: Victoria Borrego (CC), Florencia Carginano (UP), Pablo Cervi (Liga del Interior), Facundo Llano (LLA), Ana María Ianni (UP) y Diego Santilli.
En lo que se refiere a las comisiones bicamerales tienen como tradición que se turna la presidencia entre Diputados y Senado. En esta ocasión la debería ocupar un senador y, en general, por las características propias de la función que cumple, debería quedar en cabeza de la oposición.
La conformación de la bicameral lleva tanto atraso que en junio pasado el senador Romero le reclamó al Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que “por demora del Congreso no hemos podido constituir la Comisión. Diputados envió a los integrantes; el Senado tiene los suyos, y ya van casi dos años de mora y me comentan que el bloque oficialista está pidiendo no constituirla por esa sensación de temor que a veces tiene el Poder Ejecutivo a que el Congreso funcione plenamente”.
Pero ahora que se conformó enfrenta un problema. De los 6 diputados, 3 terminan su mandato el próximo 9 de diciembre. Lo mismo sucede con 2 de los 6 senadores; por lo que deberán ser reemplazados por nuevos legisladores y, además, como cambiará la conformación de la cámara también la representatividad de los bloques en las comisiones. Esto es que deberán empezar todo de nuevo.
“Nos llevó dos años armar esta comisión, en el camino ellos -por el gobierno- avanzaron. No podemos tardar lo mismo después de diciembre porque van a privatizar todo y va a ser imposible de controlar”, explicó una fuente del bloque K.
El rol de la comisión es el de pedir información, formular las observaciones, propuestas y recomendaciones que estime pertinente y emitir dictamen en los asuntos a su cargo. Asimismo, el Tribunal de Cuentas y la Sindicatura General de Empresas Públicas actuarán en colaboración permanente con esta Comisión.
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