La conmemoración del Día Mundial contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Niños y Mujeres convocó este lunes a referentes judiciales, legislativos y de ONG en el Senado de la Nación. El juez federal Ariel Lijo fue uno de los expositores del encuentro, que tuvo como eje reflexionar sobre la evolución de la legislación, los desafíos y los logros de la Argentina en la lucha contra la trata de personas. Ante un auditorio integrado por especialistas en la materia, Lijo destacó la importancia de que el Congreso le dedique “tiempo, recursos y energía” a “un tema tan trascendente”.
Durante el panel, Lijo revisó los cambios registrados desde la sanción en 2008 de la primera gran normativa contra la trata en el país, subrayando que el principal obstáculo en los inicios fue de índole cultural y legal. Describió cómo, en ese momento, la sociedad, el sistema judicial y hasta las propias víctimas desconocían qué era la trata o no se reconocían como afectadas por este delito. “El desafío inicial era cultural porque tenía en tres planos, falta de percepción. En la sociedad, que no entendía qué era la regulación de trata, si prostitución hubo toda la vida. En las víctimas, que nunca se percibieron como tales”, expresó el magistrado.
Asimismo, el juez subrayó que la transformación conceptual fue fundamental para alcanzar la lectura actual de estos crímenes: “Ese desafío cultural ya fue zanjado y ese es el primer gran éxito que permitió que las cosas evolucionen”, afirmó Lijo ante los presentes. A partir de ese avance, según su diagnóstico, la justicia nacional pudo catalogar la trata de personas como un delito de tipo organizado, vinculado centralmente a la vulneración de la dignidad y los derechos humanos, dejando atrás la visión restringida a la explotación sexual o laboral.
En su exposición, Lijo insistió en que el verdadero impacto sobre las redes dedicadas a la explotación y trata está en atacar su poder económico: “El crimen organizado básicamente se combate con el flujo de fondos”, sostuvo el juez federal. Planteó que el siguiente paso en el enfoque penal argentino debe consistir en profundizar la persecución de los bienes y recursos financieros obtenidos a través de estos delitos, tema sobre el que remarcó: “Más allá de los recursos, es la respuesta siguiente que debería dar el sistema penal en el combate real de estas organizaciones”.
El magistrado expuso que el país atraviesa una etapa de transición, marcada por el pasaje de una lógica centrada en rescatar víctimas individuales a otra focalizada en desarticular estructuras criminales complejas. Ejemplificó este proceso con referencias puntuales a avances legislativos y judiciales, repasando la importancia de la coordinación interinstitucional y la articulación con organizaciones de la sociedad civil, comunidades indígenas y sindicatos. En ese sentido, mencionó como antecedente destacado la firma de un documento internacional junto al Papa Francisco en la Academia Pontificia, así como el aporte de ONG como La Alameda y referentes de comunidades Qom, que participaron en los primeros intentos de reutilización de bienes incautados a redes delictivas.
Entre otras situaciones, Lijo recordó que, en distintas investigaciones, “las víctimas estaban muy enojadas con los tribunales, muy especialmente enojadas”, revelando un desafío vinculado a la percepción y tratamiento judicial de los afectados. También rescató el papel de la coordinación y el intercambio internacional de información, con menciones a casos investigados en la frontera argentina con Perú y Brasil, donde actividades mineras y petroleras son escenario de nuevas formas de explotación.
Al abordar los logros concretos, el juez enfatizó que Argentina cuenta actualmente con “más de cincuenta condenas por año”, cifra que, según su testimonio, ubica al país como “uno de los países líderes en el mundo” en materia de sentencias contra la trata de personas. Lijo resaltó que el país fue reconocido en distintas oportunidades por Naciones Unidas debido a la consolidación de políticas de reparación para las víctimas y la creación de un fondo para su indemnización integral. “Avanzamos mucho, en el tema de víctimas, en la reparación integral. Eso es una iniciativa judicial, en reparación integral, en la creación de un fondo”, explicó.
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