El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ratificó la decisión de expropiar YPF durante una entrevista en Odisea Argentina, el programa conducido por Carlos Pagni en LN+.
“No me arrepiento de la expropiación de YPF, estuvo bien hecho. Fue una decisión muy valiente”, declaró el titular del Movimiento Derecho al Futuro.
A lo largo de la conversación, Kicillof defendió enfáticamente la decisión de recuperar el control mayoritario de YPF durante el gobierno de Cristina Kirchner. Argumentó que la medida respondió a una situación crítica para la Argentina, marcada por la caída de la producción de petróleo y gas y el consiguiente déficit energético. “Había que recuperar YPF porque con Repsol, cayó 50 % la producción, más o menos 40 % de gas”, explicó, haciendo foco en la merma de reservas y en la obligación de importar combustibles a precios mucho más altos para cubrir las necesidades del país.

En ese sentido, el mandatario detalló los motivos que llevaron a la expropiación, asegurando que la gestión de Repsol priorizaba otras inversiones en el exterior y que la falta de apuesta por el desarrollo local profundizó los problemas estructurales del sector. “Se negaban a invertir en exploración, en producción, decidieron que las inversiones con la plata de YPF las iban a hacer en Guyana, en el Mari del Norte, no la iban a hacer en el petróleo argentino. Y en Vaca Muerta tampoco”, puntualizó Kicillof.
Y contextualizó con un dato histórico: “Cuando se hace una autopista, (Osvaldo) Cacciatore -el militar argentino que gobernó de facto la ciudad de Buenos Aires entre 1976 y 1982- cuando hizo las autopistas, expropió los, los edificios que había en el camino de la autopista, cuando se hace una ruta, se usa esa misma ley. Se dice: ´esto es de interés público, sujeto de expropiación y se recupera para el Estado´. Y después se paga una indemnización, según el Tribunal de Tasaciones que dice cuánto vale. Eso se hizo y no quedó un solo conflicto judicial con nadie".

El camino a la expropiación
Respecto al procedimiento, resaltó que la expropiación del 51 % de las acciones se llevó a cabo según la ley de expropiación, avalada por 208 diputados, la gran mayoría abogados. “Se decidió expropiar usando la ley, pero además por la potestad constitucional que tiene un Estado de recuperar activos estratégicos para el interés nacional. No quedó un solo conflicto judicial con nadie”, enfatizó.
Para fundamentar su postura, el gobernador recordó que se siguieron mecanismos habituales, como el pago de una indemnización de acuerdo al Tribunal de Tasaciones, procedimiento usado para cualquier obra pública relevante.

Al abordar la controversia internacional surgida años después, vinculada con fondos buitres que litigan contra la Argentina en tribunales del exterior, Kicillof sostuvo que “aparece un fondo buitre que compra un presunto juicio a la quiebra” y" va a buscar un tribunal que le dé la razón". ¿Por qué comprar un juicio de 15 (mil) millones de dólares que después vale 16 mil (millones)? Porque era imposible ganarlo. Es absurdo el argumento”. afirmó el titular provincial.
Y agregó que el pleito tiene fundamentos “jurídicamente flojos” como así también cuestionó la jurisdicción utilizada, resaltando que incluso el gobierno de Estados Unidos participó en contra de esos argumentos.
Consultado por Pagni sobre si haría algún tipo de autocrítica personal sobre su papel en la operación, Kicillof fue categórico: “De eso no. Y voy a explicar por qué. La ley de expropiación está por encima de cualquier estatuto privado" sosteniendo que fue una medida amparada por la Constitución y por la mayoría legislativa. “Nunca se podría haber pagado la cifra del estatuto porque es ilegal para el derecho argentino”, señaló.

El exministro de Economía también rechazó la posibilidad de revisar la decisión tomada frente a YPF: “Nunca se podría haber pagado la cifra del estatuto porque es ilegal para el derecho argentino”. Y aclaró que la lógica empleada es la misma que aplica cuando el Estado expropia para obras de infraestructura: “No hay ninguna posibilidad de que el estatuto de una empresa privada esté por encima de la Constitución o de la ley”, remarcó.
Según Pagni, toda la discusión que hubo en el Congreso estaban de acuerdo en que la ley de expropiación era superior al convenio o al reglamento de la empresa. “Pero eso es derecho de primer año. La pirámide de Kelsen, que está primero la Constitución, después las leyes, después los estatutos privados”, enfatizó el gobernador.
El juicio
Por último, el gobernador se refirió al litigio internacional que enfrenta actualmente la Argentina en Nueva York, con el fondo Burford por USD 15 mil millones. Consultado sobre el fallo de la jueza Loretta Preska, que ordena al país pagar más de USD 16.000 millones o entregar parte de las acciones expropiadas, Kicillof cuestionó la validez del proceso judicial.
Argumentó que el tribunal estadounidense carece de jurisdicción, ya que la ley aplicable es la argentina, y recordó que se trata del mismo juzgado que falló a favor de los fondos buitre. “Es el mismo tribunal que le dio la razón a los buitres con cualquier cosa absolutamente ridícula”.
Argentina apeló ese fallo de primera instancia. Pero en paralelo se siguieron cursando medidas extra que pidió el bufete británico Burford Capital, principal beneficiario de la demanda. En uno de esos pedidos, Preska le ordenó a la República Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF como parte de pago por la expropiación de la petrolera.

La noticia fue una verdadera bomba: el país va a apelar y eso “congelará” el traspaso accionario por un año y medio. Pero se trata de una noticia negativa. Tanto que las acciones de la petrolera se derrumbaron más 5%, mientras que las de Burford se dispararon más de 20 por ciento.
Un resumen muy rápido de una extensa demanda podría ser el siguiente: el kirchnerismo le pagó rápido a Repsol, la empresa que controlaba la operación, y dejó de lado a otros accionistas minoritarios.
Los accionistas que se quedaron con las manos vacías iniciaron una demanda por ese “destrato” (no es esa la figura jurídica, claro) y luego le vendieron los derechos de litigio a una empresa que se dedica a comprar ese tipo de demandas y sostenerlas por años, haciéndose cargo de los gastos e incluso vendiendo parte de las futuras ganancias.
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