Piera Fernández: “Es inexplicable el veto de Milei, la ley tenía un impacto fiscal de apenas 0,1% del PBI”

En medio de una nueva etapa de tensión entre el Gobierno nacional y el sistema universitario, Piera Fernández, expresidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), cuestionó con dureza la decisión del presidente Javier Milei de vetar la ley que buscaba garantizar el financiamiento de las universidades públicas. En una entrevista con Infobae en vivo, Fernández sostuvo que el rechazo presidencial a la norma no tiene justificación económica y advirtió sobre el deterioro que atraviesa el sistema educativo.

“Es inexplicable por qué Milei vetó ley”, afirmó Fernández, quien recordó que el proyecto había sido elaborado “en consenso con todas las universidades”. Según explicó, el texto contemplaba medidas urgentes vinculadas a salarios docentes, becas estudiantiles y la reactivación de más de 100 obras paralizadas, entre otros puntos.

El costo fiscal, remarcó, era “de apenas el 0,1% del PBI”, una cifra que, dijo, contrasta con otras decisiones del Ejecutivo. “Es insignificante si lo comparamos con el impacto de la baja a los bienes personales, que es el 0,4%”, precisó.

Fernández señaló que no existió un canal de diálogo con la administración nacional. “La realidad es que no hubo un acuerdo o negociación. Desde el Gobierno muestran poca predisposición al diálogo”, indicó. También recordó la jornada del 23 de abril, cuando tuvo lugar una masiva movilización en defensa de las universidades. “Ese día salvamos a la universidad pública por cómo venía la educación. Había un contador de cuánto tiempo más se iba a poder pagar la luz”, mencionó.

Uno de los principales reclamos, reiteró, gira en torno a los salarios de los docentes. En ese punto, detalló que un profesor que recién comienza cobra 200 mil pesos, mientras que un residente del Hospital de Clínicas —que también depende de la Universidad de Buenos Aires— recibe 800 mil pesos al iniciar su carrera.

“Hoy un docente que solo se dedica a dar clases en la universidad cobra 1.200.000 pesos, que es el que más cobra”, explicó. “Estamos en la peor situación salarial desde el año 2002 en términos de nivel adquisitivo”.

El impacto de la situación presupuestaria también alcanza a los estudiantes, especialmente a quienes reciben becas. Según Fernández, muchas de esas ayudas no alcanzan ni siquiera para cubrir los gastos de transporte, lo que genera una barrera adicional para acceder a la educación superior. “Tenemos una situación de urgencia, que lleva un desgaste de un año y medio”, subrayó.

Otra de las consecuencias es la migración de docentes hacia universidades privadas, donde se les exige exclusividad laboral. Eso implica, en la práctica, la renuncia a cargos en el sistema público. “Hoy tienen que elegir entre llegar a fin de mes o seguir en la UBA”, sostuvo Fernández. Y agregó: “Se llevan a los mejores profesores”.

En ese marco, criticó el enfoque oficial respecto a la educación pública. “Creo que el Gobierno no piensa a la universidad pública como la columna vertebral de la nación. Se han encargado de justificar este ajuste desprestigiando de manera permanente”, denunció.

También cuestionó lo que describió como una serie de “mentiras discursivas” por parte de funcionarios nacionales. “Lo único que hemos escuchado han sido mentiras que deslegitiman esta lucha”, afirmó.

La falta de presupuesto actualizado, según dijo, es otro de los factores que profundizan la crisis. “Hace dos años que no tenemos presupuesto, que es una locura. Si tuviéramos presupuesto, no necesitaríamos financiamiento”, insistió.

En comparación con otras universidades de la región, como la Universidad de São Paulo o la Universidad Nacional Autónoma de México, Fernández remarcó que el sistema argentino cuenta con menor inversión, aunque destacó el “recurso humano” como el principal motor de la excelencia académica local.

De cara al futuro, adelantó que se prepara una nueva movilización para el día en que el Congreso trate el veto presidencial. “La marcha se prevé para ese día. Se está pensando en unificar la demanda con el Hospital Garrahan”, comentó. “Hablamos de dos instituciones públicas que son reconocidas por su prestigio, y ahí está lo que quiere romper el Gobierno: que algo público nos dé orgullo”.

“Ellos quieren que si podés pagar la educación tengas una buena y si no, lo lamento. Es un mensaje perverso, romper la mayor herramienta de movilidad ascendente, es decirle a los niños de hoy que su futuro va a estar condenado al lugar donde nacieron, que no van a salir de ahí”, declaró.

Fernández cerró con una advertencia sobre el escenario que se avecina: “Te quieren obligar a bajar los brazos o resignarte. Por eso la marcha es una de las instancias más decisivas para dejarle en claro nuestro mensaje al Gobierno. Si no, te llevan a que la situación sea insostenible”.

Las declaraciones de la exdirigente estudiantil se dan en un contexto de creciente malestar en el ámbito universitario, en el que distintas voces alertan sobre el deterioro del sistema y la necesidad de un debate profundo sobre su financiamiento.