El Juzgado de 1° Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires restablecer el servicio de traslado para los cartoneros que viajan desde el conurbano bonaerense a la capital, en respuesta a la demanda presentada por la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR). La administración que encabeza Jorge Macri anticipó que acatará la medida judicial, aunque anunció que presentará una apelación para intentar revertir el fallo.
La resolución judicial consideró que la suspensión del servicio afectó derechos constitucionales vinculados al trabajo y la protección social. Según la jueza interviniente, la decisión del Gobierno porteño se comunicó mediante un correo electrónico sin respaldo de un acto administrativo válido, por lo que consideró arbitraria la interrupción del traslado de los recicladores urbanos. “La Justicia falló a favor de los cartoneros y ordenó a Jorge Macri restituir el servicio de transporte”, sostuvo la Unión de Trabajadores Excluidos (MTE), entidad que respaldó la protesta de los afectados.
“La jueza destaca que el gobierno guardó silencio ante el pedido de informes del juzgado, y que la medida afectaba directamente el derecho a trabajar de los recuperadores urbanos; esto es, dos derechos sociales cuya protección constitucional es evidente’”, destacó el MTE.
Hasta 1° de agosto, la Ciudad financiaba el traslado de 3.100 recuperadores urbanos desde el conurbano, una cobertura que alcanzaba a cuatro de las doce cooperativas adjudicatarias del sistema de reciclado, asociadas al dirigente Juan Grabois.
La administración de Jorge Macri resolvió limitar el financiamiento del transporte, bajo el argumento de “dotar de más equidad” al sistema, ya que otros trabajadores urbanos que viajan desde la provincia no reciben ese beneficio. Los fondos, según el Gobierno porteño, serán destinados a “más obras de infraestructura en los Centros Verde -para mejorar los procesos de acopio y clasificación de materiales reciclables-, en un aumento de la capacidad productiva del sistema y en el refuerzo de rutas y circuitos de recolección en zonas de la Ciudad con mayor volumen de reciclables”.
“El Gobierno de la Ciudad apelará la medida cautelar del Juzgado, pero acatará la decisión y repondrá el servicio de traslado de los cartoneros del conurbano hasta que la Justicia resuelva la cuestión de fondo”, indicó la administración capitalina en un comunicado. También reafirmó que el traslado de recuperadores urbanos no constituye una obligación formal del Estado según el Concurso Público N.º 1/2021.
Además, desde el Gobierno porteño recordaron que “el servicio de traslado de recuperadores urbanos no está contemplado como una obligación a cubrir por parte del Estado en los términos del llamado Concurso Público N.º 1/2021, que regula el funcionamiento del sistema. El Gobierno porteño ya le puso fin a la intermediación de organizaciones y bancarizó el pago de todos los recuperadores urbanos de manera directa. También incorporó un sistema de control biométrico de asistencia, reforzó las rutas de recolección más críticas y ordenó el circuito logístico para la recolección del material reciclable”.
Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, reiteró su oposición a la medida: “La justicia quiere obligarnos a financiar nuevamente el traslado de los cartoneros de Grabois desde el conurbano. Vamos a apelar esta decisión insólita que atenta contra los intereses de los porteños”, afirmó.
La restricción del transporte motivó protestas y un acampe de recicladores frente al Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. Tras la orden judicial, la Ciudad deberá restituir el servicio hasta que se defina el debate de fondo sobre el esquema de funcionamiento del sistema de reciclado y su financiamiento.
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