La Justicia federal citó a declaración indagatoria a Sebastián Emanuel Martínez, oficial auxiliar de la Agrupación Guardacostas (AGGU) de la Prefectura Naval Argentina (PNA), acusado de disparar un proyectil contra Jonathan Navarro durante los enfrentamientos en la manifestación del pasado 12 de marzo frente al Congreso. A raíz del impacto de un proyectil lanzado a corta distancia con un rifle táctico Byrna TCR, Navarro perdió por completo la visión de su ojo izquierdo.
La citación fue dispuesta por la jueza federal María Servini, a cargo del Juzgado Federal N.º 1, tras una reconstrucción audiovisual del hecho impulsada por la organización Mapa de la Policía, en colaboración con la querella y distintos colectivos de derechos humanos. El oficial no podrá salir del país mientras avance la causa judicial.
La reconstrucción clave para identificar al efectivo combinó imágenes de cámaras de monitoreo urbano, registros en alta definición captados por reporteros gráficos y videos aportados por ciudadanos. En ese cruce de registros se logró distinguir a un miembro de Prefectura portando un rifle Byrna de color naranja, con una marca blanca en la parte trasera del casco, protecciones de antebrazo colgando de los lados de la cintura y un guante negro en una mano.
La figura coincidía con uno de los retratos elaborados por el equipo forense que participó en la investigación. Con esos elementos, la querella solicitó a Prefectura los legajos e imágenes de los efectivos que portaban ese tipo de armamento durante el operativo. Al cotejarlos, el juzgado reconoció la correspondencia con Martínez.
El impacto que dejó ciego a Navarro, un hincha de Chacarita, de 33 años y empleado municipal de San Martín, se produjo en la esquina de Rivadavia y Rodríguez Peña, apenas tres minutos después de que, sobre el otro lado de la Plaza Congreso, el fotógrafo Pablo Grillo fuera gravemente herido por un agente de Gendarmería Nacional. Según la querella, la secuencia entre ambos hechos resulta central para profundizar la hipótesis de una acción represiva coordinada entre distintas fuerzas bajo un mismo comando operativo.
“Este avance marca un punto de quiebre en la causa: se pasó de la identificación del rostro del agresor a la individualización de su identidad”, expresó en diálogo con FM La Tribu, el abogado de Navarro, Pablo Zapulla, del Estudio CKZ. “La diferencia de apenas tres minutos entre el disparo que hirió brutalmente a Pablo Grillo y el que dejó ciego de un ojo a Navarro, ejecutados por fuerzas distintas, pero en el mismo operativo, evidencia que no se trató de episodios aislados sino de una acción simultánea y coordinada que respondió a una definición política”, añadió.
El proyectil que impactó a Navarro fue disparado desde una distancia de menos de cuatro metros, apuntando directamente a la cara. El uso del rifle táctico Byrna TCR está regulado por un manual que prohíbe disparar hacia zonas sensibles del cuerpo. Sin embargo, el análisis del material audiovisual revela que se incumplieron esas directrices.
Jonathan Navarro había llegado al Congreso junto con un amigo, luego de viajar en tren y subte desde San Martín. El mismo día de la represión, su padre se mostró angustiado por no poder cubrir el costo de un medicamento de $80.000, lo que motivó la decisión de participar de la protesta. El disparo lo recibió mientras se encontraba del lado de Rivadavia, en las inmediaciones del Instituto Patria, donde fue atendido por una posta sanitaria. Horas después concurrió a un hospital, donde se le informó que la herida era irreversible.
“Lo único que pido es que esa basura pague por lo que me hizo”, dijo Navarro en declaraciones a elDiarioAR tras conocer la identidad del prefecto. “Ya no tengo la misma vida de antes, ya no soy el mismo. Veo los videos y pienso que me pudo haber matado. ¿Por qué no me tiró al cuerpo? Tenía todo el cuerpo para dispararme y me apuntó a la cara”, agregó.
El rol del propio Navarro fue decisivo en la investigación. A diferencia del caso de Pablo Grillo, que permanecía en terapia intensiva durante los primeros tramos de la causa, Navarro pudo aportar un relato preciso que permitió ubicarlo en tiempo y espacio dentro de la secuencia represiva. “Pudimos construir algo junto a Jonathan, que lo saca de la figura de víctima pasiva y lo pone en un lugar más activo”, explicó al mismo medio, Matías Castro, integrante de Mapa de la Policía.
El avance en esta investigación se da luego de la imputación del gendarme Héctor Guerrero, también convocado a indagatoria por la jueza Servini para el próximo 7 de septiembre, en el marco de la misma causa. Ambos hechos ocurridos durante la represión del 12 de marzo forman parte de un expediente que ya documentó más de cien detenciones sin causa y al menos cincuenta heridos.
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