La Subsecretaría de Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano dispuso un aumento significativo en la alícuota que los clubes de fútbol profesional deben aportar a la seguridad social, tras detectar un déficit de casi 20 mil millones de pesos en el régimen especial vigente.
La medida, firmada por la subsecretaria Alexandra Biasutti y publicada este lunes en el Boletín Oficial, eleva la alícuota del 7,5% al 13,06% y suma un recargo transitorio del 5,56% durante un año, alcanzando un total del 18,62% sobre el monto bruto recaudado por los clubes.
La decisión afecta a todos los clubes que participan en torneos organizados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Liga Profesional de Fútbol (LPF), tanto en la Primera División masculina y femenina como en las categorías de ascenso. También alcanza al personal dependiente de la AFA y a los cuerpos médicos, técnicos y auxiliares de los planteles profesionales.
La medida impacta directamente en la economía de los clubes de fútbol profesional y en el financiamiento de los principales regímenes de la seguridad social, incluyendo el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), el Régimen Nacional de Asignaciones Familiares y el Fondo Nacional de Empleo.
“En 2024, los clubes de fútbol argentinos generaron 324 millones de dólares en ventas de jugadores. Sin embargo, a pesar de estos ingresos, el sector mantiene un régimen especial de aportes a la seguridad social que termina financiado por los jubilados”, escribió Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, en su cuenta oficial de X (Twitter) para justificar la medida.
El inicio de este desbalance en los aportes a la seguridad social se remite a la crisis de 2001, cuando la AFA obtuvo del gobierno de Eduardo Duhalde un régimen especial que reemplazó el sistema general de aportes por un cargo sobre la venta de entradas, transferencias de jugadores y derechos de televisación. Así, los clubes dejaron de pagar sus aportes al sistema jubilatorio como cualquier otro empleador y pasaron a contribuir solo con un porcentaje de esos conceptos.
El diseño original de este régimen, establecido por el Decreto 1212/03, exigía neutralidad en la recaudación. Sin embargo, la alícuota inicial, fijada en 2%, resultó insuficiente para cubrir las obligaciones previsionales. A lo largo de los años, el porcentaje se incrementó sucesivamente: 6,5% en 2005 (Resolución 81/05 de la Secretaría de Seguridad Social), 6,75% en 2019 (Decreto 231/19) y 7,5% en 2023 (Decreto 510/23).
A pesar de estos ajustes, el sistema nunca alcanzó el equilibrio financiero. El déficit generado por la diferencia entre lo recaudado y lo que correspondería aportar fue absorbido por el sistema jubilatorio, es decir, por los jubilados, según explicó Sturzenegger.
En los meses recientes, el desbalance se agravó. Entre noviembre de 2023 y abril de 2024, el déficit del sistema alcanzó 7.000 millones de pesos. Dos factores explican este aumento. Por un lado, los clubes ampliaron el alcance de la exención a actividades ajenas al fútbol, como la educación. Por otro lado, los clubes migraron de la venta de entradas a un sistema de “abonos”, excluidos del régimen especial, lo que redujo aún más la base imponible.
El resultado fue una caída abrupta en la proporción de obligaciones efectivamente aportadas: en el primer año de la presidencia de Javier Milei, el sistema cubría el 57% de lo recaudado; seis meses después, ese porcentaje descendió al 33%.
Según el informe técnico de la Dirección Nacional de Coordinación de los Regímenes de la Seguridad Social, basado en datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), durante el ciclo anual noviembre 2023-octubre 2024 las obligaciones devengadas a la seguridad social ascendieron a 46.792 millones de pesos, pero los pagos ingresados solo cubrieron el 57% de ese monto. El faltante, de 19.930 millones de pesos, representa el 43% de las obligaciones.
Para corregir esta inequidad, el Decreto 939/24 habilitó una comisión integrada por el gobierno y los clubes para diseñar un nuevo sistema sin déficit. Si no se lograba un acuerdo, se restablecería el régimen general.
“Al vencer el plazo de seis meses, la propuesta presentada por la Asociación del Fútbol Argentino y los clubes resultó claramente deficitaria, por lo que el gobierno exigió garantías para cubrir cualquier faltante. La AFA, presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, se negó a asumir riesgos y prefirió mantener el esquema vigente", afirmó Sturzenegger.
Así, a fines de abril, el Decreto 939/24 revirtió las obligaciones del fútbol a las reglas generales aplicables a todos los contribuyentes.
La reacción no se hizo esperar. A pocos días de la vuelta al sistema general, la AFA obtuvo una medida cautelar del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Enrique Alonso Regueira, que restableció el privilegio.
El argumento judicial se centró en el impacto económico para los clubes. El juez consideró “una barbaridad” que Vélez y River debieran multiplicar sus aportes por 26 y 22, respectivamente.
“Sin embargo, omitió precisar que Vélez contribuía 12.000 dólares por 714 empleados y River unos 27.000 dólares por 1.530 empleados, a pesar de declarar ganancias de 28 millones de dólares y 65 millones de dólares en sus balances de 2024″, detalló Sturzenegger.
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